Contraloría señaló que se puede comprometer la incorporación de personal idóneo en los centros penitenciarios del país.
La Contraloría General de la República (CGR) alertó sobre importantes deficiencias en los mecanismos de control del proceso de reclutamiento y selección de policías penitenciarios del Ministerio de Justicia y Paz, lo que podría comprometer la incorporación de personal idóneo y oportuno en los centros penitenciarios del país.
Según el informe DFOE-GOB-IAD-00005-2025, la cartera incumple parcialmente el marco normativo técnico aplicable, al carecer de un análisis integral de riesgos que sustente los controles del proceso de contratación. Esto limita la capacidad institucional para prevenir posibles amenazas a la imparcialidad, transparencia y eficiencia en el ingreso de nuevos agentes.
Entre los principales hallazgos, la CGR indicó que 419 agentes fueron nombrados entre 2023 y 2024 sin aplicar controles basados en un enfoque de riesgos.
Además, detectó tres ejercicios de valoración de riesgos desarticulados, la falta de documentación sobre competencias clave en 29 de 50 expedientes revisados, y un déficit del 11% en las plazas policiales autorizadas, lo que equivale a 528 vacantes.
El ente contralor advirtió que la ausencia de controles adecuados puede facilitar contrataciones sin los estándares de idoneidad requeridos, afectando la seguridad en los centros penitenciarios y el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Ante esto, ordenó al ministerio diseñar un procedimiento integral de gestión de riesgos, actualizar los manuales de puestos y capacitar al personal encargado del reclutamiento antes de junio de 2026.
El informe señala que la gestión de riesgos en el proceso de reclutamiento y selección del personal policial debe desarrollarse de manera integral, abarcando la identificación, evaluación, priorización y monitoreo continuo de todos los tipos de riesgos relevantes.
Estos no se limitan únicamente a los riesgos operativos o presupuestarios, sino que también deben incluir riesgos legales, de integridad o corrupción, de idoneidad o competencia, así como los relacionados con la infiltración del crimen organizado o el uso indebido de nuevas plataformas y tecnologías de reclutamiento por parte de organizaciones criminales.
Este enfoque integral debe permitir el diseño de controles que minimicen las amenazas en las actividades más vulnerables, promuevan la formulación de mejoras y faciliten el seguimiento de los riesgos que podrían conducir a la incorporación de personal policial que no cumpla con los requerimientos institucionales en cuanto a cantidad y calidad, en estricto apego a la normativa vigente, destacaron.
