Más de 20 años de discusión sobre la posibilidad de establecer jornadas flexibles en el país, así como una cantidad y variedad de procedimientos legislativos superados y nos encontramos nuevamente ante el mismo final de la película, tal como lo diría el periodista español Juanma Rodríguez, al que leo con regularidad: al final el Titanic siempre se hunde.

Ahora bien, ¿qué es lo que afecta el trámite de la actual iniciativa en discusión además de lo evidente?, es decir, las más de 2500 mociones presentadas al texto. Examinemos algunos hechos y reflexiones de la crónica de una “vía cansada” anunciada:

Cuestión de tiempo (s)

Con el actual procedimiento de vía rápida (que más bien se ha vuelto una vía dolorosa para quienes promueven la iniciativa), se calcula que tardaría entre cinco y seis meses la discusión de las mociones pendientes y la posibilidad de la presentación de mociones de revisión al respecto.

Ya nos encontramos en el mes de setiembre, ya marca la presentación e inicio de trámite del presupuesto de la República para 2026, este es uno de los temas prioritarios para los 57 diputados y diputadas, y su discusión por Reglamento Legislativo, tendrá prioridad en el Plenario (una vez se supere el plazo de Comisión).

En noviembre la agenda volverá al Poder Ejecutivo, pero el Presupuesto 2026 tendrá un largo espacio en el Plenario con prioridad máxima, mientras que los meses de diciembre y enero no sólo tendrán que considerar el espacio de receso legislativo, sino la dinámica electoral y hasta la posibilidad de falta de quorum para realizar algunas sesiones tanto de Plenario como de las Comisiones.

Igualmente, el proyecto de ley de jornadas excepcionales competirá tanto con el presupuesto 2026 como con la agenda particular de cada diputado y diputada, ya que este es el penúltimo periodo de sesiones ordinarias (finalizando en poco más de dos meses), el siguiente momento en cual nuestros congresistas tendrán posibilidad de impulsar sus agendas será de febrero a abril de 2026.

En dicho periodo, también deberá hacerse la transición administrativa de las curules, las actuales diputaciones buscarán reubicarse en su ámbito laboral nuevo y quienes ejercerán los cargos en 2026 estarán familiarizándose con la dinámica, el inmueble y los espacios propios del parlamento, pero por otra parte, habrán agrupaciones políticas que “ya no se jugarán nada”, y a lo sumo —si no se resuelve en primera ronda—, quedarán dos contendientes por la Presidencia de la República, sí, siempre hay equipos que no se juegan nada en las últimas fechas del campeonato.

Sesiones a velocidad de carreta, elecciones y saturación parlamentaria.

Ya existen propuestas de los y las congresistas para “desentrabar” el Plenario, algunos han manifestado que la “batalla” por el proyecto de ley está “perdida” —para sus impulsores—, y esto nos quiere decir, que la idea es que la iniciativa avance relativamente, pero que también se dedique tiempo a la agenda que los diputados y diputadas impulsarán particularmente, y con especial ahínco los próximos dos meses.

Uno de los riesgos que debe calibrarse es que la alternativa llegue a viciar el trámite del proyecto y que así lo determine la Sala Constitucional, por lo cual las opciones se calculan con cautela, debe recordarse que el proyecto homónimo bajo el numeral 21.182 ya se archivó por este efecto, debe presupuestarse que el proyecto será consultado en dicha vía (con la proyección de entre uno y dos meses para que la Sala emita su criterio).

Por otra parte, la fracción de Liberación Nacional, por la cantidad de escaños que posee —aún con su división interna con respecto a este particular— es una parte fundamental de los acuerdos para el avance de la iniciativa 24.290 de jornadas 4/3, sin su apoyo, la celeridad que se quiera dar al proceso no será posible; ¿tendrá motivos para mantener su apoyo a un trámite expedito en el transcurso de los próximos seis meses?, ¿lo hará independientemente del resultado que obtenga en las elecciones de febrero próximo?.

De facto están disputándose ya “los juegos electorales”, lo que tiene incidencia directa en la agenda legislativa, ya que la gestión parlamentaria en este tramo también sale a relucir como tema de campaña, y esto añade mayor presión a que se tramiten los proyectos con mayor consenso.

Igualmente, es necesario indicar que existen en este momento unos 40 órganos legislativos, incluido el Plenario, y esto claramente dispersa el foco de atención de los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, lo que, sumado al predominio de las agendas legislativas individuales, genera una dispersión de la atención de los diputados y diputadas así como de la gestión parlamentaria.

En jerga de fútbol se dice que es fácil hablar —y escribir— con “el periódico del lunes”, pero es necesario comprender que los trámites expeditos son mecanismos que no puede dejarse para el último año de un periodo constitucional, las leyes conocidas como “Fortalecimiento de las finanzas públicas” y “Regulación de huelgas” son el mayor ejemplo de que proyectos de alta complejidad requieren que se concrete “la vía” en torno a los primeros dos años del cuatrienio, no después.

Como consideración para los ejercicios presupuestarios e instrumentos de planificación de las empresas que se podrían ver implicadas —aplicando un “ceteris paribus”— si se lograra la aprobación del proyecto en el plazo estimado, aún se requeriría la elaboración de un reglamento, que a este momento se emitiría seis meses después de sancionada la ley, por lo cual la ley no se aplicará antes de un año calendario (si se diera este improbable escenario de su aprobación como ley en lo que resta de legislatura).

Sí, el eterno retorno de Nietzsche le llegó una vez más al proyecto de jornadas flexibles, otra vez nadando en la orilla y a punto de ahogarse, o como me dijeron (tan atinadamente) hace unos días cuando compartí mi análisis sobre el devenir de la iniciativa: el proyecto está, otra vez, “en la cola de un venado”.

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