Cien años antes del nacimiento de Jesucristo, Cicerón dijo: “Somos siervos de la ley para poder ser libres.” El proceso legislativo del levantamiento del fuero de procedibilidad del presidente de Costa Rica Chaves Robles, se creó para blindar la función pública contra el acoso y abuso de detractores políticos, pero no es un escudo para retrasar la aplicación de la Ley, ni la rendición de cuentas, obligación especialmente exigible a los miembros de los Supremos Poderes.

El necesario equilibrio entre el Antejuicio y la igualdad ante la ley

En el año 1340, en Inglaterra, Thomas Haxey, legislador valiente, se atrevió a cuestionar los gastos del rey Eduardo III. La respuesta del monarca: acusarlo de traición, cuyo castigo era la pena de muerte, a partir de este evento, nace la noción de que los representantes del parlamento deben ser inmunes de represalias políticas para poder cumplir su labor sin miedo.

En ese mismo país, pero siglos después, en 1648, el Rey Carlos I gobernaba creyendo que el derecho divino lo eximía de todo control, su autoritarismo, persecución de opositores y creencia de que él era dueño de la ley, propició una guerra civil, en dónde se le llevó a Juicio y se le condenó a muerte. La frase El Rey está sujeto a la ley del país, pues la ley lo hizo Rey, fue la idea central del Fiscal John Cooke durante el Juicio. El Rey no murió por política partidaria, sino por un brutal paradigma de las Repúblicas modernas de que nadie está por encima de la Ley.

Costa Rica previó estas situaciones en 1949. En caso de una denuncia por algún delito, se establece un antejuicio para los funcionarios de los Supremos Poderes el cual debe de ser valorado por dos terceras partes de la Asamblea Legislativa y en caso de admitirse, el proceso de Juzgar está a cargo del Poder Judicial. Es un sistema diseñado para que los diputados no permitan denuncias sin sustento, basadas en intereses politiqueros o mediáticos, pero si no es el caso, enfrentará la justicia como todo ciudadano. Este diseño tropicalizado protege la función sin proteger al delincuente.

Los diputados que no admitieron levantar el antejuicio, le fallaron a la democracia

La Asamblea Legislativa debió valorar la función asignada no como un órgano jurídico sino político, pero no politiquero. Debió valorar las diferentes circunstancias de la acusación, para establecer si eran imposibles, inventadas o falsas en cuyo caso parecería que son un intento de los denunciantes de bloquear, presionar o intimidar al funcionario, dentro de ese contexto el trabajo de la Comisión Especial Legislativa fue impecable.

El análisis no es tan complejo y es lo que en derecho se llama indicios, cada diputado debe valorar si el indicio es una invención o es imposible: ¿Bulgarelli y Chaves se conocen?, ¿Bulgarelli ingresó a Casa Presidencial?, ¿Bulgarelli conversó con el presidente meses antes de un contrato que aún no se había confeccionado?, ¿Bulgarelli efectivamente se adjudica el contrato y recibe dinero?, ¿Bulgarelli y el presidente hablan de Cariñitos y Chineos?, ¿Choreco es más cercano al presidente que a Bulgarelli?, ¿Choreco recibe dinero de Bulgarelli por medio del pago a una casa?

La valoración de los diputados no era decidir si las respuestas a esos hechos eran ciertas o falsas, eso le toca a los jueces. La valoración debe de ser si esos indicios son inventados, y sin ninguna evidencia. Pero si los diputados no pueden negar al menos la probabilidad de que algunos de esos hechos ocurrieran, no tienen otro camino que admitir el levantamiento del fuero y que sea mediante el análisis profundo de todas las pruebas, que los Jueces en juicio encuentren la verdad real de los hechos.

La misión de la Asamblea no era atrasar la justicia, mucho menos impedir el levantamiento del fuero basado en cálculos políticos, el voto no podía ser dado desde la perspectiva del interés de ningún partido ni mucho menos del interés particular de ningún diputado.

La ley es el escudo del ciudadano contra el Poder

Cuando el Poderoso enfoca su fuerza y recursos contra alguien que no tiene poder, la ley tratará a ambos por igual y hará justicia, eso garantiza el reclamo de sus derechos ante cualquiera, lo que es, ni más ni menos que libertad. La noción de que nadie está por encima de la Ley, garantiza la libertad e igualdad en un país.

En 1939, el expresidente Ricardo Jiménez Oreamuno dijo:

La libertad viene más de los de arriba que de los de abajo (…) cuando (el gobernante) es un ambicioso, un pobre diablo, patea las instituciones y se ríe de las libertades.”

El proceso del antejuicio, hizo retroceder una democracia madura como Costa Rica, a una Banana Republic incapaz de obligar a rendir cuentas al presidente. El mensaje al pueblo es trágico, venenoso; para la mitad de los ciudadanos, si el fuero se rechazó, era porque las denuncias eran falsas, fabricadas e irreales, promoviendo la narrativa que el OIJ, Fiscalía y Magistrados se prestaron a un juego oscuro. Para la otra mitad del pueblo, la estocada traidora dada a la libertad, la rendición de cuentas y la premisa de que nadie está por encima de la Ley está aún sangrando y duele, duele mucho.

La ley no debe ser nunca el instrumento del poderoso, sino la que le da poder al más sencillo y humilde ciudadano, que solo necesita tener a su lado la razón y la verdad. El Pueblo incauto o menguado celebra como una victoria su incapacidad de traer a cuentas al poderoso, entregando la única arma que tenía contra el autoritario, contra aquel que se crea Rey y traicionando en el mes de la patria a nuestro Estado de Derecho.

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