De cara a las elecciones de 2026, un foro en la UNA evidenció que la mayoría de partidos no aplica la normativa que exige políticas internas para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres.
A pocos días del arranque formal de la campaña electoral, la magistrada suplente del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), Wendy González, advirtió que la mayoría de los partidos políticos del país incumple lo establecido en la Ley 10.235, diseñada para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política.
La observación fue planteada durante el foro Violencia política contra las mujeres, organizado por la Política para la Igualdad y Equidad de Género (PIEG) y el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).
De acuerdo con González, solo 13 partidos con inscripción nacional cumplen con la normativa, mientras que 21 la incumplen. La situación es aún más crítica en el ámbito local: únicamente tres partidos cantonales aplican la ley, frente a 20 que la ignoran.
Dicha política interna debe establecer un órgano competente que realizará las investigaciones, con un procedimiento específico y sus sanciones”.
Obstáculos y vacíos en la aplicación
Aunque la legislación prevé sanciones, como la retención del 25% de la contribución estatal para capacitación cuando se detecta incumplimiento, la magistrada suplente reconoció que estas medidas no se han aplicado. Según explicó, los partidos evaden esa retención al reportar únicamente gastos de organización, dejando sin efecto la sanción prevista.
Lo que hacen los partidos es que nunca liquidan capacitación, entonces no se puede retener ese rubro”.
González también recalcó que no corresponde al TSE investigar los incumplimientos, sino a cada partido político implementar las políticas internas que prevé la ley.
Más allá de la política electoral
La vicerrectora de Extensión de la UNA, Yolanda Pérez, subrayó que la violencia contra las mujeres persiste en múltiples ámbitos, desde la escuela hasta la política. Señaló que se manifiesta en formas interseccionales que incluyen racismo, adultocentrismo, capacitismo o gordofobia.
Por su parte, la investigadora Ana Soto (PIEG) distinguió entre violencia contra las mujeres en la política y violencia política contra las mujeres, que se da en espacios más amplios como universidades, donde aún existe una marcada desproporción de género en puestos de dirección.
La investigadora Ericka García agregó que entre 2012 y 2025 se han publicado apenas 12 artículos científicos sobre violencia política en América Latina, con México y Argentina liderando la producción académica.
Un dato preocupante lo aportó el Informe sobre Discursos de Odio y Discriminación 2025 de Naciones Unidas: los ataques de género en plataformas digitales en Costa Rica crecieron de poco más de 100.000 en 2021 a 491.000 en 2025.
Para González, el desafío no se limita a la creación de normativas, sino a un cambio cultural que garantice plena igualdad y paridad de género como condición para fortalecer la democracia.
