Recién, luego de tres años y tres meses, anuncia el ministro de Justicia y Paz, algunos detalles de un “nuevo” centro penal, con un sugestivo acrónimo, revelando un elevado nivel de “creatividad”, por el sentido peyorativo que lleva aparejado. Algunos críticos, dicen que se trata de una simple ampliación, pues, estará en el complejo “Reforma”, lo cual también ha generado la reacción de la comunidad de San Rafael, quedando claro eso sí, que no es ni la sombre del CECOT.
En todo caso, guste o no, en el Código Penal, y en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (art. 5 inciso 6), se plasma que el fin de la pena de prisión es la resocialización y reinserción a la sociedad. Del mismo modo, en el caso de los menores de edad, el tema está más claro, pues, el Informe sobre Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos de las Américas, citado por la jueza Espinach Rueda, señala que entre los principales objetivos del sistema de justicia penal juvenil están “… su formación integral y su reinserción social al permitirles cumplir un papel constructivo en la sociedad” (“La Justicia Restaurativa en el sistema penal juvenil costarricense”. Editorial Investigaciones Jurídicas, San José, 2022. Página 29).
En el mismo sentido, el exmagistrado Burgos Mata, menciona que “… los condenados son como “parias”, que no son vistos con buenos ojos en ningún estrado de nuestra sociedad, y aunque todos -como sucede igualmente con el problema de la basura- nos preocupamos por que exista una institución que solucione la problemática respectiva, lo cierto es que a la hora de coadyuvar en brindar alternativas a la privación de libertad, a nivel comunitario y personal, en la mayoría de los casos, esperamos que sea lo más lejos de nuestra casa y de nuestra vida, en donde quede el lugar que le brinde una solución a dicha problemática” (“El trabajo en beneficio de la comunidad como alternativa a la prisión”. Editorial Sapiencia, San José, 2005. Página 240).
De esta forma, recientemente se impuso una condena de siete años de prisión, al sicario adolescente que acabó con la vida del político Miguel Uribe Turbay, siendo que, sobra decir el impacto que sigue provocando en la sociedad colombiana dicho magnicidio. Asimismo, en los últimos años, en muchas partes del mundo, sobre todo en nuestra región, ha venido en aumento la violencia homicida, y con ello, la maximización de la utilización de menores de edad como asesinos a sueldo, acrecentándose con esto, las voces que piden un aumento de las penas, y cambios en los modelos de la justicia penal juvenil.
Un detalle que no se puede dejar de lado es que Costa Rica tiene de los rangos de penas más elevados, con 15 años de prisión para los mayores de 15 años, y un máximo de 10 años de prisión, para los menores de 15 y mayores de 12. Mientras que en Colombia la pena más alta a imponer es de ocho años, y en Argentina, los menores de 16 años no son imputables.
Por ejemplo, retomando el tema del aumento de los adolescentes en conflicto con la ley, en el caso de México, tenemos que “… 32 mil 852 adolescentes fueron imputados en carpetas de investigación por presuntos delitos durante 2023, 17.7 por ciento más en comparación con el año previo, reveló ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)”.
Y, en relación con nuestro país, “En cuanto a la participación penal juvenil, el Poder Judicial registró más de 26.000 casos nuevos, con un promedio de más de 2.200 casos por mes en 2023 (…) Según el informe, los delitos más frecuentes son homicidio, delitos relacionados con drogas y robo agravado”.
Por consiguiente, cabe resaltar los esfuerzos de aquellas personas que hacen las cosas diferentes, dando la milla extra y buscando soluciones integrales y adecuadas a la problemática de la delincuencia, y en especial la juvenil, por medio del deporte. Por eso, me llamó poderosamente la atención, lo que ha logrado Mauro Amato, exfutbolista profesional argentino, el cual, en lugar de estar entrenando a un club profesional en la liga de su país, dedica su tiempo a un grupo de 29 jóvenes de entre 16 a 20 años, quienes se encuentran recluidos en el Instituto de Menores Francisco Legarra, en La Plata, Provincia de Buenos Aires.
En una entrevista hecha por CNN, Amato señala que “El fútbol me permite vincularme de una forma más profunda con los jóvenes”. Además, agrega que “Cuando los chicos bajan a la cancha, hago lo que yo llamo un check-in emocional. Veo si hay tensiones y cómo llegan al taller. Me meto en la historia de cada uno, conozco sus emociones y, a partir de ese vínculo, puedo generar confianza y quizá aportar con algunos mensajes. ¡Fíjate hasta dónde me lleva el fútbol!”. Y todo esto ha impactado tremendamente a los jóvenes, al punto de que uno de ellos indicó: “Le cuento toda mi vida. Más que profe, es un amigo porque me da consejos y siempre me respeta a mí y a todos. Él nos transmite una buena energía. Quedamos todos contentos”.
Evidenciando el impacto y el poder del deporte cuando es bien canalizado, y el cómo puede mejorar la interacción de estas personas con el mundo, en este caso representado por un entrenador de fútbol que se dio a una serie de jóvenes que son rechazadas por la colectividad. Quizás, el accionar de Amato, vaya a entregarles a estos jóvenes los medios para reintegrarse próximamente a la sociedad, convirtiéndose en personas de provecho, y que, ojalá no reincidan en la comisión de delitos. Para finalizar, estoy convencido que la ampliación de la práctica deportiva dentro de los centros penitenciarios es una de las mejores herramientas para coadyuvar en ese proceso de reinserción, porque, es indudable que aún tiene razón el poeta romano Juvenal al indicar: “Mens sana in corpore sano" ("una mente sana en un cuerpo sano").
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