Si hay un tema que genera constantes reclamos por parte de las personas adultas mayores en Costa Rica, es el del transporte público. Y no es para menos: hablar de transporte para esta población es hablar de dignidad, derechos, acceso equitativo a la ciudad y justicia social. No se trata únicamente de un asunto financiero o de una concesión administrativa. Se trata, ante todo, de una cuestión de derechos humanos y de la forma en que, como sociedad, respondemos a los desafíos del envejecimiento demográfico.
En este contexto, el presidente de CANABUS, Bernal Rodríguez, ha puesto sobre la mesa una realidad ineludible: el modelo actual de subsidio cruzado ha llegado a su límite. Así lo plantea en su artículo publicado en La República bajo el título “Adulto mayor: del subsidio cruzado al directo”, donde argumenta la necesidad urgente de transitar hacia un modelo de subsidio directo asumido por el Estado.
¿Qué es el subsidio cruzado?
Durante años, las personas adultas mayores en Costa Rica han viajado gratuitamente o con tarifa reducida en los buses urbanos gracias a un mecanismo conocido como subsidio cruzado. En este modelo, los pasajeros que pagan tarifa completa financian indirectamente el beneficio para los adultos mayores mediante un sobrecargo distribuido en cada pasaje.
En su momento, este sistema se consideró una respuesta solidaria y práctica. Pero los tiempos han cambiado: la cantidad de pasajeros regulares ha disminuido significativamente a raíz del teletrabajo, las plataformas digitales de movilidad, la inseguridad en las paradas, y el crecimiento del transporte informal. Al mismo tiempo, la población mayor de 65 años crece a pasos acelerados, como bien lo muestran las proyecciones del INEC.
El resultado: una base contributiva más pequeña sosteniendo a una población creciente de beneficiarios. Y esto, por supuesto, ha generado tensiones económicas y sociales que hacen cada vez más difícil garantizar el derecho al transporte en condiciones dignas.
¿Por qué es un problema de derechos humanos?
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores —ratificada por Costa Rica mediante la Ley 9394— es clara: todas las personas mayores tienen derecho a la movilidad personal, en igualdad de condiciones con los demás. Ese derecho incluye el acceso a medios de transporte asequibles, accesibles, seguros y adaptados.
También la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (Ley 7935) establece que el Estado debe garantizar condiciones especiales para el uso del transporte público, mediante tarifas preferenciales o gratuidad.
Cuando este derecho depende de un sistema frágil, cruzado, no garantizado por el Estado y sujeto a presiones del mercado, se vuelve un derecho condicionado, incompleto, discrecional y, por tanto, en riesgo de ser violado.
¿Qué se propone?
CANABUS plantea avanzar hacia un modelo de subsidio directo, en el cual el Estado —no los usuarios del bus— asuma los costos del beneficio mediante presupuesto nacional. Esto se haría a través de medios tecnológicos que ya están disponibles, como la plataforma SINPE-TP o la Tarjeta de Adulto Mayor (TAM), lo cual permitiría controlar y auditar con precisión el uso del subsidio.
Esta propuesta no es nueva, pero hoy es urgente. No solo responde a un criterio de sostenibilidad financiera, sino a una obligación moral, jurídica y social del Estado costarricense. Un Estado que se ha comprometido en tratados internacionales, en leyes nacionales, en discursos y en políticas públicas a proteger y garantizar los derechos de sus personas mayores.
¿Qué implicaciones políticas tiene?
Migrar al subsidio directo implica decisiones de peso. No se trata solo de cambiar un sistema, sino de asignar recursos públicos a una población históricamente invisibilizada y que sigue creciendo.
Estas son algunas repercusiones clave:
- Presión fiscal: requerirá presupuesto específico, posiblemente redireccionado desde otras partidas, o mediante un fondo social permanente.
- Debate legislativo: si el cambio requiere ley o reforma reglamentaria, la Asamblea Legislativa y los órganos técnicos deberán entrar en discusión.
- Visibilidad electoral: en la antesala de las elecciones 2026, este podría ser un tema sensible que los partidos políticos capitalicen, positiva o negativamente.
- Universalismo vs focalización: surgirán voces que cuestionen si todas las personas adultas mayores deben recibir el beneficio por igual, o si debiera restringirse a quienes estén en condición de pobreza. Este debate no es menor, y exige precaución para evitar exclusiones arbitrarias.
¿Y qué pasa si no se hace nada?
No cambiar el modelo actual es, en la práctica, permitir que el derecho al transporte público de las personas adultas mayores continúe debilitándose. Ya hoy hay reportes de adultos mayores enfrentando dificultades, discriminación, malos tratos o confusión sobre cómo ejercer su derecho. En zonas rurales y periféricas, el problema es aún más grave.
El riesgo de exclusión social, aislamiento, deterioro de la salud y pérdida de autonomía es real. Un Estado que se desentiende del derecho a la movilidad, es un Estado que condena a muchos adultos mayores a una vejez encerrada.
Costa Rica debe decidir si va a tratar el tema del transporte para personas adultas mayores como una carga o como un deber ético del bienestar colectivo. Debe preguntarse si los derechos humanos en la vejez son negociables o si, por el contrario, son pilares inamovibles de una democracia que envejece.
Un subsidio directo, universal, con mecanismos de transparencia y sostenibilidad, es más que una solución técnica. Es una muestra de madurez como país. Porque envejecer con dignidad no es solo tener salud y pensión, también es poder moverse, participar, decidir, vivir la ciudad y seguir soñando.
El momento de actuar es ahora.
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