Presidente del PCA es señalado por representar a empresa investigada presunto daño ambiental en Manuel Antonio.
El pasado 5 de septiembre, cuatro organizaciones fueron expulsadas del Parlamento Cívico Ambiental (PCA), espacio adscrito al Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa. Se trata del Colectivo Trueque, la Red de Jóvenes por el Agua, la Organización Regenerativa Matzú Insigne y la Confraternidad Guanacasteca.
La decisión se adoptó en una sesión extraordinaria que, según denunciaron las ONG, "no estaba en pleno al momento de las expulsiones". Tres de ellas —Trueque, Red de Jóvenes por el Agua y Matzú Insigne— calificaron la medida como "arbitraria e ilegal".
Ante lo sucedido, el Colectivo Trueque, la Red de Jóvenes por el Agua y la Organización Regenerativa Matzú Insigne calificaron su salida como "arbitraria e ilegal".
Las organizaciones sostuvieron que la sanción fue "consecuencia directa de haber ejercido el derecho constitucional de expresión y de fiscalización ciudadana". A inicios de mes habían cuestionado en el seno del PCA que el presidente del foro, Bernardo Aguilar González, ejerce como abogado de la empresa inmobiliaria Vista Paradise MA S.R.L., investigada por la Fiscalía Adjunta Agrario Ambiental por presunto daño en parte del corredor biológico de Aguirre, cerca del Parque Nacional Manuel Antonio.
Consideraron que esa situación configura un "grave conflicto de intereses". En respuesta, el Parlamento —integrado por 40 agrupaciones— respaldó a su presidente y señaló que se trataba de "un grupo minoritario" que intentó afectar el "trabajo colectivo, actuando por intereses particulares". Posteriormente, aprobó la expulsión.
La expulsión responde a una represalia política para intentar acallar voces críticas que cuestionan la legitimidad de que la presidencia del Parlamento Cívico Ambiental recaiga en alguien que defiende empresas investigadas por delitos ambientales y que persiguen judicialmente a ambientalistas".
Las ONG recordaron además que el 8 de septiembre el Tribunal Contencioso Administrativo confirmó la orden de paralizar obras vinculadas con la empresa en Aguirre, hecho que, según afirmaron, refuerza los argumentos que motivaron sus críticas.
Las agrupaciones señalaron que lo ocurrido refleja un patrón de hostigamiento contra quienes cuestionan intereses económicos y que esta práctica "desnaturaliza completamente la razón de ser del Parlamento Cívico Ambiental como espacio para defender el ambiente y fomentar la democracia".
Ante su salida, anunciaron que emprenderán acciones legales contra el PCA y el Departamento de Participación Ciudadana de la Asamblea Legislativa, al que acusaron de omitir su obligación de velar por procesos democráticos en un espacio creado por el Estado.
Entre los objetivos de esas medidas citaron la restitución de sus derechos de participación, el impedimento de represalias contra quienes fiscalicen al foro, el cumplimiento de sus fines originales, el fomento de la participación ciudadana y la protección de los ecosistemas.
La democracia ambiental no se construye con expulsiones ni con silencios impuestos. Se construye con debate plural, respeto al disenso y transparencia frente a los conflictos de interés. No puede aceptarse que un espacio creado por el Estado para fortalecer la democracia y la defensa de la naturaleza albergue acciones de censura a voces críticas".
