Como muchos costarricenses, invertí mis ahorros, y para muchos, los ahorros de toda una vida, en una entidad que consideraba un pilar de confianza en nuestro sistema financiero: la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI). Lo hice pensando en la seguridad que un banco estatal me ofrecía, un respaldo que creía inquebrantable. Hoy, esa confianza yace hecha añicos, víctima de una gestión fuera de los lineamientos legales y reglamentarios que rigen los Fondos Inmobiliarios. 

La historia de la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) es un relato de al menos negligencia, que ha golpeado directamente nuestros bolsillos y nuestra tranquilidad. La compra por $70 millones, cuando las valoraciones posteriores realizadas por el mismo BCR SAFI, revelaron que su costo real era de apenas $28 millones (reporte valoración empresa LOGAN), es una afrenta a la diligencia que se le exige a quien administra el dinero ajeno.

Una justicia lenta pero firme, hasta ahora

Durante años, hemos visto cómo el PEP, en lugar de generar rendimientos, se convirtió en una carga que provocaba pérdidas operativas acumuladas de millones de dólares y obligaba a vender otros activos rentables para cubrir sus costos y préstamos adquiridos para su compra. El rendimiento del fondo se desplomó, y con él, nuestra seguridad financiera. La gran mayoría de los afectados son adultos mayores que dependen de estos ingresos, o fondos de pensiones que administran el futuro de miles de trabajadores.

Por eso, cuando la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), tras un largo proceso, emitió la resolución SGV-R-179-2024, sentimos un respiro. La orden era clara y contundente: BCR SAFI y, subsidiariamente, el Banco de Costa Rica (BCR) como su dueño, debían sacar el PEP del fondo, reintegrar los $70 millones de la compra y asumir los costos financieros asociados. La resolución se fundamenta en la responsabilidad solidaria que establece la Ley Reguladora del Mercado de Valores, que obliga a la SAFI a responder por los daños causados por sus funcionarios.

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) ratificó esta decisión el 23 de junio de 2025, declarando sin lugar los recursos de apelación y agotando la vía administrativa. Ambas entidades supervisoras, amparadas en la ley y en un dictamen vinculante de la Procuraduría General de la República, actuaron para proteger a los inversionistas y restaurar la integridad del mercado. Fue un momento de validación, una señal de que las instituciones de supervisión no están "pintadas en la pared".

La Arrogancia de un Banco Estatal

Nuestra esperanza, sin embargo, duró poco. La reacción de la Junta Directiva del BCR ha sido una bofetada a la legalidad y al sentido común. En lugar de acatar la resolución final y firme de sus supervisores, el Banco ha anunciado que llevará el caso a los Tribunales. Argumentan que no pueden trasladar "fondos públicos a un patrimonio privado", una falacia que ignora su deber de supervisión y su responsabilidad como dueño del 100% de la SAFI.

Es frustrante y alarmante ver cómo una entidad estatal, que debería ser ejemplo de cumplimiento, decide "patear la bola" e iniciar un largo y costoso proceso judicial. ¿Acaso el criterio vinculante de la Procuraduría General de la República, que confirma la responsabilidad subsidiaria de un banco público como controlador, no significa nada? ¿Las resoluciones bien fundamentadas de SUGEVAL y CONASSIF, basadas en potestades que la ley les confiere para proteger el sistema financiero, tampoco significan nada?

Esta decisión no solo prolonga nuestra agonía, sino que amenaza con hundir aún más al BCR en gastos innecesarios, pues el caso tiene pruebas irrefutables, de manera que desde mi perspectiva como inversionista, no existe un escenario plausible en el que un Tribunal de derecho, resuelva a favor del Banco. La ley es explícita, el dictamen de la Procuraduría es vinculante y las resoluciones de los entes supervisores son contundentes. Seguir esta vía judicial es, sencillamente, una estrategia dilatoria que, al final, le costará al BCR mucho más de lo que debe cubrir ahora. Se sumarán honorarios de abogados, costas procesales, intereses sobre el monto adeudado que se acumularán durante los años que dure el litigio, daños y perjuicios al fondo y a todos los inversionistas. Monto que será abismalmente mayor a lo ordenado hoy por la SUGEVAL y que podría poner en peligro la estabilidad del BCR. Además, años que muchos de los inversionistas no tenemos. Este es dinero público que se malgastará en defender lo indefendible, en lugar de usarlo para corregir el daño que sus propios empleados, causaron.

Un llamado a la razón y a la justicia

El camino que ha elegido el BCR no solo es legalmente cuestionable, sino moralmente reprochable. Sin embargo, aún está a tiempo de corregir el rumbo y empezar a "lavar su cara" no solo ante nosotros, sus inversionistas defraudados, sino ante todo el pueblo de Costa Rica, verdadero dueño del Banco. Para ello, sugiero humildemente lo siguiente:

  1. BCR Desista de la vía judicial. Acepte las resoluciones firmes de SUGEVAL y CONASSIF. Demuestre que un banco estatal respeta el marco institucional del país y acata las órdenes de sus supervisores, sentando un precedente de responsabilidad y no de evasión. Debe hacer conciencia que el daño va más allá del valor del inmueble; ha afectado planes de vida y la tranquilidad de miles de personas, en su mayoría adultos mayores.
  2. Establezca controles. Implemente una reestructuración profunda en la SAFI y en los mecanismos de control del conglomerado para garantizar que un esquema de esta naturaleza nunca más vuelva a ocurrir. La confianza solo se construye con hechos, no con palabras.
  3. A las autoridades judiciales, les pedimos que, de seguir adelante este proceso, fallen en estricto apego a la ley que protege a los inversionistas y a la estabilidad del sistema. Que su sentencia no se convierta en un escudo para la irresponsabilidad de un banco estatal, sino en un bastión de justicia que recuerde a todas las entidades financieras que su primer deber es la lealtad y la diligencia para con sus clientes.

Finalmente, a mis compañeros inversionistas: la SUGEVAL ha ordenado al BCR SAFI convocar a una Asamblea de Inversionistas. Es nuestro deber y nuestro derecho asistir a esta asamblea. Es el foro donde nuestra voz debe ser escuchada con más fuerza. Debemos estar presentes para conocer el plan de acción que presenten, para cuestionarlo, para exigir el cumplimiento de la resolución y para demostrar, con nuestra presencia masiva, que no estamos dispuestos a que se sigan burlando de nuestros derechos. La unión y la participación activa son nuestras mejores herramientas en esta lucha. No fallemos.

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