Se ha comprobado que entre 2017 y 2022 un pequeño grupo de altos funcionarios del Banco de Costa Rica, con apoyo complaciente de tres o cuatro peritos externos y unos cuantos funcionarios intermedios, formaron una verdadera “banda” para extraer de la custodia del Banco más de cien millones de dólares que le habían confiado sus ahorrantes, casi todos adultos mayores.
Una cobija extendida por actuales ocupantes de altos cargos en el Banco sigue encubriendo esos graves hechos, sin llamar a cuentas a los responsables. A varios de ellos, más bien, se les ha premiado dejando que engorden sus pensiones millonarias para salir con la bolsa llena, luego de haber vaciado los bolsillos de inversionistas de buena fe.
No solamente han perdido y siguen perdiendo los ahorrantes por la trabazón en los procedimientos de solución al descalabro que fomenta esa red de cuido, sino que también peligran decenas de millones de dólares que el propio Banco o su subsidiaria Bicsa prestaron alegremente para facilitar que se consumaran esos desmanes, compras apuradas y desordenadas, con altos sobreprecios de inmuebles que venían “envenenados” y que no solo no dan rendimientos como prometieron, sino que drenan permanentemente los recursos del Fondo y por consiguiente, de los ahorrantes. La red de cuido también se ha ocupado, con éxito, de que no avancen las soluciones y que se sigan perdiendo millones por mala administración, a pesar de múltiples denuncias comprobadas.
Después de larguísimos y profundos procesos, Sugeval y en Conassif, entidades reguladoras, ordenaron al Banco de Costa Rica, en el caso de la más descarada de las estafas, la de la compra de un conjunto de bodegas inservibles en Esparza (el así llamado Parque Empresarial del Pacífico, PEP), que devolvieran al Fondo de los ahorrantes más de setenta millones de dólares que se habían pagado por ese elefante blanco y que “se lo llevaran de vuelta”. El Banco hizo amago de cumplir con la orden de Sugeval que exige esa devolución y el lunes 1 de setiembre convocó a Asamblea General para presentar un “Plan de acción” que la red de cuido mantiene aún escondido. Sin embargo, no habían pasado ni 24 horas cuando el Banco (es decir, la red de cuido) informó, de manera contradictoria a la del día anterior, que había presentado acción judicial para anular la orden de Sugeval.
¡Qué descaro! ¡Qué engaño! Eso por supuesto enfurece a quienes ya no les alcanzan sus ahorros porque en el Banco de Costa Rica se los llevaron. ¡No es tolerable tanta jugarreta y tanto cinismo!
Gravísimos son los efectos de esas actuaciones irresponsables y engañosas. Que una entidad bancaria regulada lleve a los tribunales comunes, a los entes que la ley llama a regularlos es inaudito y de graves consecuencias. Y es prolongar el engaño a los inversionistas por muchos meses más.
Se requiere integridad, no opacidad ni mucho menos encubrimiento.
Señores del Banco de Costa Rica: se requiere integridad y respeto a las leyes y a los ahorrantes. Atiendan y ejecuten lo que las entidades públicas les han ordenado. ¡Con sus actuaciones, omisiones y encubrimientos debilitan todo el sistema financiero nacional!
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