Desde la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional (Jupema) reiteramos nuestro firme compromiso con la justicia social y la defensa de los derechos adquiridos por el Magisterio Nacional.

Hoy, más de 30.000 personas pensionadas y jubiladas bajo el Régimen Transitorio de Reparto (RTR) enfrentan una realidad preocupante: desde el año 2020, sus pensiones permanecen congeladas, lo que ha significado una pérdida de hasta un 10 % en su poder adquisitivo.

Esta situación no es menor. Afecta directamente a miles de personas adultas mayores que dedicaron su vida al servicio público y a la educación. El congelamiento de sus pensiones contradice los principios de la seguridad social costarricense y desconoce compromisos internacionales asumidos por el país, como el Convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

El problema se agrava en el contexto actual: el costo de vida en Costa Rica continúa en aumento, afectando no solo a las personas pensionadas y jubiladas, sino también a la población trabajadora en general, incluidos miles de trabajadores de la educación. Según el Diario El País (5 de agosto de 2025), el país es uno de los más caros de América Latina y el tercero más costoso del continente, solo detrás de Estados Unidos y Canadá. El encarecimiento sostenido de bienes y servicios esenciales como alimentos, electricidad y transporte deteriora la capacidad de compra de los hogares, incluso cuando las cifras oficiales de inflación parecen moderadas. Esta realidad no es una estadística más: es el reflejo de la creciente dificultad para cubrir necesidades básicas como alimentación, salud y vivienda.

Frente a este escenario, Jupema ha impulsado medidas concretas. Una de ellas es la defensa activa del proyecto de ley 24.353, en conjunto con el Foro de Presidentes y Secretarios Generales del Magisterio Nacional. Esta iniciativa busca restablecer el principio de equidad y garantizar que las pensiones se actualicen de acuerdo con la realidad económica del país. Así como sus luchas por el pago del incremento por costo de vida a los trabajadores de la educación.

Además, se espera que el Ministerio de Hacienda incluya en el proyecto de presupuesto para el ejercicio económico 2026 las partidas necesarias para el ajuste por costo de vida. Si bien entendemos las restricciones impuestas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, preocupa que los criterios fiscales se antepongan a la realidad social de quienes sostuvieron y siguen sosteniendo las aulas del país. No hablamos únicamente de cálculos financieros, sino de la dignidad de miles de personas cuyos ingresos permanecen congelados mientras el costo de vida se incrementa y sus necesidades se multiplican.

La justicia es una máxima, no una atribución. El derecho humano a un salario y una pensión digna y revalorizada exige decisiones valientes y urgentes. Por ello, hacemos un llamado respetuoso pero firme al Ministerio de Hacienda para que garantice la inclusión de las partidas presupuestarias que permitan revertir, durante el 2026, el empobrecimiento progresivo de la población adulta mayor pensionada, así como de quienes hoy trabajan en el sector público y de servicios.

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