Proyecto señala que todo acto, proyecto, plan o iniciativa que se ejecute sin el consentimiento informado de las organizaciones y pescadores será nulo.

El diputado del partido Nueva República, Fabricio Alvarado Muñoz, presentó un proyecto de ley (expediente 25.143) que busca garantizar que las comunidades pesqueras del país sean consultadas de manera obligatoria y oportuna sobre cualquier política, proyecto o medida que pueda afectar sus actividades, territorios marino-costeros o modo de vida.

La iniciativa, titulada Ley para el Reconocimiento de los Derechos de los Pescadores, la Identidad Cultural y los Conocimientos Ancestrales de las Comunidades Pesqueras, busca "reconocer formalmente los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de estas comunidades, y establece como principio central el consentimiento previo, libre e informado antes de que se adopten decisiones que tengan impacto en ellas".

El proyecto dispone que las instituciones estatales deberán asegurar a los pescadores acceso pleno y oportuno a información adecuada, comprensible y culturalmente pertinente, incluyendo detalles sobre políticas públicas, investigaciones, regulaciones y concesiones.

Además, la propuesta reconoce los conocimientos y prácticas ancestrales de las comunidades pesqueras como patrimonio cultural inmaterial de la Nación, lo que implicaría una obligación del Estado de protegerlos, documentarlos y promoverlos. Entre los derechos que se garantizarían están el acceso a zonas de pesca responsables, la participación en la gestión de áreas marinas protegidas, el apoyo a la comercialización en condiciones de comercio justo, el acceso a financiamiento y la capacitación técnica.

El proyecto identifica las comunidades pesqueras reconocidas que gozarán de los derechos y del consentimiento previo e informado establecidos en la norma. Estas incluyen localidades de las provincias de:

  • Puntarenas: Cantón central, Esparza, Garabito, Parrita, Quepos, Osa, Puerto Jiménez y Golfito.
  • Guanacaste: La Cruz, Liberia, Carillo, Santa Cruz, Nicoya, Hojancha, Nandayure, Bagaces, Cañas y  Abangares.
  • Limón: Cantón central, Talamanca, Siquirres, Pococí y Matina.

Además, se establece que todo acto, proyecto, plan o iniciativa que se ejecute sin el consentimiento informado de las organizaciones y pescadores será nulo de pleno derecho.

La propuesta de Alvarado Muñoz también crea la Comisión Interinstitucional sobre los Derechos de los Pescadores y el Fortalecimiento del Sector Pesquero Nacional, con sede en INCOPESCA y presidida por un representante de esa institución. Estará integrada por delegados de ministerios, universidades públicas y de los distintos sectores pesqueros (artesanal, palangre, deportivo, semiindustrial, molusquero, acuícola).

Su función será velar por el cumplimiento de la ley, proponer planes, proyectos e iniciativas normativas que fortalezcan el sector, y fomentar la participación de las comunidades pesqueras en la toma de decisiones.

También deberá analizar convenios y tratados internacionales sobre pesca, garantizar el acceso a información clara y comprensible para las comunidades, y coordinar con actores nacionales e internacionales para promover la protección de los ecosistemas marinos y el reconocimiento de los conocimientos ancestrales.

La comisión podrá proponer servicios ecosistémicos en beneficio de las comunidades pesqueras y coordinar acciones con especialistas y técnicos para fortalecer la actividad pesquera. Su funcionamiento estará regulado por el reglamento de la ley, que definirá aspectos administrativos, procedimientos de designación, quórum y votaciones.

El proyecto también cuenta con el respaldo de los diputados David Segura Gamboa, Rosalía Brown Young, José Pablo Sibaja Jiménez y Yonder Salas Durán de Nueva República; y de Katherine Moreira Brown del Partido Liberación Nacional.