La Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa dictaminó este martes la segunda modificación a la ley de presupuesto nacional 2025, incluidos 7870 millones de colones para financiar las primeras etapas de la construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO).

Dicho centro penitenciario pretende levantarse en primera instancia tomando recursos remanentes de algunas instituciones y programas, sin embargo, organizaciones de sociedad civil y academia alertaron horas antes que algunos de los recortes pretendidos por el Ejecutivo afectarían la labor de atención del fenómeno migratorio en Costa Rica, debido a que se rebajarían 156.075.000 colones a los programas presupuestarios del Tribunal Administrativo Migratorio y al control de migración y extranjería. 

Ante ello, el diputado Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio planteó una moción para dejar sin efecto esos recortes, de modo que en lugar de los 7870 millones de colones originalmente previstos para la construcción de la megacárcel, se aprobarían 7714 millones.

La diputada Pilar Cisneros Gallo del oficialismo objetó la moción señalando que la exposición de motivos del proyecto dejaba claro que esos recortes a ambos programas presupuestarios eran remanentes que no se usarían, por lo que no habría afectación alguna con redirigir esos dineros a la construcción del CACCO. Asimismo dijo que si se demostraba que habría afectación con esos recursos, tal y como alertaron horas antes varias organizaciones, ella se comprometía a hacer las gestiones ante el Ministerio de Hacienda para reponer esos recursos.

Debido al compromiso verbal del oficialismo, Acuña retiró la moción, no sin antes pedir que el gobierno certifique que no habrá afectación en la atención de la migración en el país, pues caso contrario presentaría nuevamente la moción en la etapa de mociones vía artículo 137 del reglamento.

Los 7870 millones para financiar la construcción del CACCO provendrán de las siguientes instituciones:

  • Presidencia de la República: 55.36 millones de colones (provenientes de los programas de Administración Superior, Tribunal de Servicio Civil, Información y Comunicación, CONAPAM y CNE).
  • Ministerio de Gobernación y Policía: 253.75 millones de colones (provenientes de los programas del Tribunal Administrativo Migratorio, DINADECO, Oficina de Control de Propaganda, Migración y Extranjería, y la Imprenta Nacional).
  • Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto: 88.83 millones de colones (provenientes de los programas de actividad central y cuotas a organismos internacionales).
  • Ministerio de Seguridad Pública: 4122 millones de colones (provenientes de los programas de actividades comunes a los servicios de seguridad ciudadana, fronteriza, aérea e investigación y represión del narcotráfico).
  • Ministerio de Hacienda: 364.90 millones de colones (provenientes de remanentes presupuestarios de la partida de bienes intangibles).
  • Ministerio de Agricultura y Ganadería: 61.90 millones de colones (provenientes de remanentes en programas de alquiler de cómputo y otros servicios de gestión y apoyo).
  • Ministerio de Obras Públicas y Transportes: 1745 millones de colones (provenientes de bienes intangibles, atención de la infraestructura vial, servicios generales, equipo de transporte, puertos y regulación marítima, alquiler de cómputo, Consejo Nacional de Concesiones, equipo sanitario, de laboratorio e investigación, COSEVI, CONAVI, y CTAC).
  • Ministerio de Salud: 886.30 millones de colones (provenientes de los programas de gestión intrainstitucional y el INCIENSA).
  • Ministerio de Trabajo: 66.80 millones de colones (provenientes de gastos operativos sobrantes)
  • Ministerio de Comercio Exterior: 237.80 millones de colones (provenientes de recursos que no se podrán usar por retrasos en procesos de contratación administrativa par ala puesta en marcha de puestos fronterizos)
  • Ministerio de Ambiente y Energía: 235 millones de colones (provenientes de recursos que no se podrán usar por retrasos en procesos de contratación)

Por otro lado, la Comisión le negó al Ejecutivo su pretensión de usar fondos del IMAS para llenar un faltante de 24.010 millones de colones por mala presupuestación del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).

La moción fue aprobada con seis votos a favor y dos en contra (Pilar Cisneros y Alexander Barrantes, del oficialismo).

El diputado Jonathan Acuña Soto del Frente Amplio explicó que el Ejecutivo pretendía quitar 18.277 millones en subsidios a 118.000 personas en pobreza, 722 millones de colones a 346 beneficiarios de becas de post secundaria quienes no recibirían el beneficio en los meses de noviembre y diciembre, y 5010 millones de colones en transferencias al régimen de pensiones no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), lo que imposibilitaría darle el beneficio a 11.300 personas.

La propia presidenta ejecutiva del IMAS, Yorleny León Marchena, reconoció días atrás en audiencia la afectación que tendría ese traslado de recursos, y hasta el propio Ejecutivo lo reconoció en la exposición de motivos de la propuesta de modificación presupuestaria.

Con eso no se juega, no se pueden hacer modificaciones sin el debido cuidado. Con esta moción se echa para atrás esa modificación que pretendía el gobierno".

La diputada Paulina Ramírez Portuguez, liberacionista que preside la Comisión de Hacendarios, señaló que las responsabilidades no se delegan y que el Ministerio de Hacienda y el gobierno como tal tenían otras oportunidades para encontrar recursos de otras fuentes y solventar el error que cometieron al fijar el monto que debía trasladarse al Banhvi.

No podemos asumir nosotros la responsabilidad de condenar a nuestros adultos mayores a que sigan en pobreza y que sigan teniendo condiciones en las cuales no se les ofrece una opción o posibilidad para sostenerse. Estamos hablando que estaríamos dejando a un grupo muy alto, casi 11.300 beneficiarios del RNC de la Caja, sin tener opción de pensión, ya están presupuestadas y comprometidas [esas pensiones]".

Breves

— El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives "renunció" a su fuero de improcedibilidad penal (inmunidad) para afrontar el proceso penal que se le sigue junto al presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, por el caso BCIE. Según Rodríguez y su abogado, la renuncia al fuero es "política" pues alegan que al ser una protección constitucional no puede renunciarse, pero pide que la Asamblea Legislativa la levante para poder afrontar el proceso.

— La comisión que analiza el levantamiento de inmunidad de Chaves y Rodríguez acordó solicitar una prórroga hasta el 8 de setiembre para entregar su informe.

Proyectos dictaminados

— La Comisión de Gobierno y Administración dictaminó afirmativamente el expediente 24.544 "Adición de un artículo segundo y de los transitorios tercero y cuarto a la Ley 8950, Derechos prejubilatorios a los extrabajadores del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, de 12 de mayo de 2011" y el expediente 24.639 "Ley para sancionar las conductas violentas en carreteras". Por el contrario, rechazó el expediente 24.213 "Ley para desafectar un terreno propiedad del Ministerio de Justicia y Paz y autorizarlo para que este lo segregue y done a la Asociación de Desarrollo Integral de San Rafael Arriba de Desamparados" y el expediente 24.111 "Ley para fortalecer la autonomía de las personas funcionarias del sector público costarricense frente a los riesgos de la captura de la decisión pública". 

— La Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia dictaminó afirmativamente el expediente 24.554 "Ley que regula la publicidad dirigida a menores de edad" y el expediente 23.626 "Ley para garantizar el derecho al contacto con su círculo familiar y afectivo a las personas menores de edad, cuando este sea limitado por alguno de sus padres, como medida coactiva ante el incumplimiento de la obligación alimentaria".

— La Comisión Especial de Educación rechazó el expediente 24.396 "Ley para despolitizar los nombramientos de las Juntas del Ministerio de Educación Pública".

Leyes publicadas

En el Alcance N.º 108 a La Gaceta N.º 158 del 26 de agosto de 2025 se publicaron y entraron a regir las siguientes leyes:

— Ley 10.740 "Autorización al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para condonar la deuda principal e intereses de la Municipalidad de Paraíso y de la Municipalidad de Cartago por concepto de servicio de suministro de agua cruda en bloque exenta o en grandes volúmenes para la planta potabilizadora ubicada en Cartago administrada y operada por la Municipalidad Cartago" que se tramitó bajo el expediente 24.918.

— Ley 10.752 "Aprobación del contrato de préstamo Nº 9546-CR Tercer préstamo para políticas de desarrollo para la gestión fiscal y descarbonización suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF)" que se tramitó bajo el expediente 24.425.