Viernes al mediodía, un soleado día de verano en Ginebra, la Sala XX del Palacio de las Naciones — lugar de reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) — acogía un punto de agenda que bien pudo pasar desapercibido: el Ítem 4, Diálogo Interactivo sobre Venezuela.

La sala estaba a medio llenar, pero lo que allí se dijo resonará más allá de esos muros.

Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, abrió el diálogo con claridad, sin rodeos ni matices:

Me preocupa que la situación de derechos humanos en Venezuela durante este periodo empeoró.”

La frase, breve y elocuente, marcó el tono del encuentro: no se trataba de una actualización técnica, sino de una señal de alarma ante un deterioro que, lejos de revertirse, se profundiza.

Durante sus siete minutos de intervención, Türk presentó el informe que abarca de mayo 2024 a mayo 2025. Mencionó los casos de Rocío San Miguel, Javier Tarazona, Carlos Julio Rojas y Eduardo Torres como ejemplos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, casos de tortura y tratos inhumanos —algunos contra 15 menores de edad— y denunció un patrón de violaciones persistentes. Sin embargo, decidió centrarse en hechos recientes: la detención de al menos 70 personas tras las elecciones parlamentarias de mayo, entre ellas opositores, activistas y 17 extranjeros acusados de pertenecer a grupos terroristas.

El Alto Comisionado advirtió que la ley venezolana contra el terrorismo no cumple con estándares internacionales y expresó preocupación por las condiciones de detención: falta de agua, comida, acceso a abogados y atención médica, e incluso la falta de asistencia consular para los extranjeros.

Además, criticó la Ley de ONGs recientemente aprobada, por limitar el derecho de asociación, y señaló la escasa representación de mujeres en política, el aumento de feminicidios y ataques contra la comunidad LGBTI. La crisis económica no quedó fuera: hiperinflación, deterioro de servicios básicos, imposibilidad de cubrir necesidades básicas y obstáculos para acceder a la educación. Una situación humanitaria que, según el informe, sigue deteriorándose.

Türk también expresó su inquietud por las deportaciones de venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, reclamó la falta de información para las familias y pidió el regreso del equipo de la ONU a Caracas. Terminó su intervención y, con él, se apagó el micrófono.

Fue entonces el turno de Venezuela.

Alexander Yánez, representante del gobierno venezolano, tomó la palabra rodeado de cinco familiares de deportados. En cinco minutos, acusó al Alto Comisionado de violar los principios de imparcialidad de la ONU y de utilizar su mandato para impulsar un cambio político. Señaló la omisión frente a los hechos de violencia que atribuyó a “grupos fascistas de la oposición” tras las elecciones presidenciales de julio 2024, y denunció que la ONU tardó 56 días en pronunciarse sobre las deportaciones de al menos 256 venezolanos, mientras otros temas reciben respuesta en menos de una semana.

También denunció xenofobia, discursos de odio y violaciones de derechos de los deportados a El Salvador, incluyendo la ausencia de asistencia consular. Acusó a la ONU de aplicar “dobles estándares” y criticó los 9 millones de dólares invertidos en el mandato del Alto Comisionado, frente a conflictos —dijo— que no reciben igual atención. Cerró citando a Bolívar:

El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos y se respeta el carácter sagrado de la humanidad.”

Luego inició el diálogo con los estados. La tensión escaló cuando el delegado de Venezuela pidió un “punto de orden” al oír al representante argentino mencionar la tortura sufrida por personas refugiadas en la embajada Argentina en Caracas luego de que “Edmundo González Urrutia fuera electo como presidente”. El tono de la discusión cambia. La tensión se percibe en el aire. Desde mi asiento al fondo de la sala, observo cómo los delegados se miran entre sí con incomodidad, pero la sesión debe seguir. El representante de Argentina concluye su intervención, y uno a uno continúan los otros 40 Estados.

Costa Rica no participó.

La mayoría de Estados respaldaron el informe de Türk. Colombia, España, Perú y República Checa reclamaron por sus ciudadanos detenidos sin acceso a abogados. Algunos países preguntaron cómo apoyar mejor al Alto Comisionado. Un logro evidente de la sociedad civil venezolana: su mensaje logró llegar a Ginebra.

Pero también hubo respaldo al gobierno de Nicolás Maduro. Veinte países defendieron a Venezuela, criticaron las sanciones unilaterales y acusaron a la ONU de parcialidad. La diplomacia venezolana volvió a mostrar su capacidad para tejer alianzas y defender su posición.

Después fue el turno de las ONGs. Diez intervenciones, de minuto y medio cada una, dos que destacaron.

Pedro Alejandro Urruchurtu Noselli, asilado en la embajada argentina en Caracas, dijo:

Hoy estoy aquí a pesar del Estado, no gracias a él. Si fuera por él, estaría desaparecido o muerto.”

También habló Mirelys Cacique López, madre de un deportado a El Salvador y que acompañó a la representación de Venezuela: "Migrar no es un delito". Y lamentó que no se exija la liberación inmediata de todos los deportados.

El diálogo mostró dos realidades de un mismo país, un sistema que no garantiza derechos humanos.

Una plataforma internacional que visibiliza, pero no soluciona. La sesión terminó como tantas otras: micrófonos apagados y saludos formales. Pero el informe queda, incómodo, como un espejo que refleja la persistencia de la crisis y la incapacidad del sistema internacional para enfrentarla de forma eficaz.

A pesar de todo, el CDH sigue siendo una plataforma valiosa para visibilizar violaciones de derechos humanos, pero son la voluntad y la pericia diplomática de sus miembros las que realmente pueden abrir camino hacia soluciones. Una tarea compleja en un sistema con recursos limitados y carente del respaldo político necesario para cumplir plenamente su mandato.

Vea en este enlace la versión preliminar del reporte

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