25 personas deportadas por Estados Unidas permanecen en el Catem desde el pasado mes de febrero.
La Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) anunció este 7 de julio la aprobación de un procedimiento especial para la normalización migratoria temporal, por razones humanitarias, de 25 personas extranjeras deportadas desde Estados Unidos que permanecen actualmente alojadas en el Centro de Atención Temporal para Personas Migrantes (Catem), ubicado en el cantón de Corredores, en el sur del país.
Según la resolución D.JUR-0222-07-2025-JM, la medida permitirá que estas personas permanezcan legalmente en Costa Rica por un período inicial de seis meses, prorrogable por periodos iguales si la autoridad migratoria así lo define.
Durante este tiempo, podrán transitar libremente por el territorio nacional, trabajar por cuenta propia o en relación de dependencia, así como permanecer en el centro de atención o en otro recinto autorizado por Migración, siempre que se cumplan las condiciones estipuladas.
Estas 25 personas ingresaron al país en febrero como parte de un acuerdo diplomático entre Costa Rica y Estados Unidos. En un inicio se trasladaron al Catem 200 personas deportadas desde el país norteamericano.
De ese grupo, la mayoría ya ha abandonado Costa Rica mediante el programa de Retorno Voluntario Asistido (RVA) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), se acogió a la condición de refugio o salió del país bajo una modalidad especial previamente otorgada. Actualmente, quienes permanecen en el Catem, no han solicitado refugio ni la opción de retorno voluntario.
Las personas beneficiarias de esta nueva disposición deberán portar la resolución que acredita su estatus migratorio y presentarla ante las autoridades cuando se les requiera. Además, la autorización quedará cancelada automáticamente si la persona comete delitos en territorio costarricense, representa una amenaza para la seguridad pública o si egresa del país por cualquier motivo.
La resolución establece requisitos para garantizar la seguridad y la legalidad del proceso, como la revisión de antecedentes penales mediante sistemas nacionales e internacionales, la verificación biométrica y la integración de toda la documentación en expedientes individuales. Migración advirtió que, en caso de detectarse antecedentes penales o vínculos con redes de crimen organizado, se procederá a cancelar el permiso y a aplicar la legislación migratoria para su salida del país.
El documento, firmado por el Director General de Migración y Extranjería, Omer Badilla Toledo, subrayó que se trata de una medida excepcional y temporal, adoptada para responder a la realidad humanitaria de estas personas, que no pueden ser devueltas a sus países de origen ni han manifestado intención de salir del país por otras vías.
