La supervivencia política de Netanyahu no tiene límites. Desde los ataques del 7 de octubre Netanyahu ha entendido en que la única forma de que su carrera política continúe prevaleciendo es a través del constante argumento de la amenaza exterior que sufre Israel en su lucha por su supervivencia. Ese cinismo carente de cualquier rasgo de humanidad no tiene límites, a Netanyahu no le tiembla el pulso para iniciar un nuevo conflicto regional sin importar las pérdidas de vidas humanas que esto signifique, al igual que tampoco lo tuvo George W. Bush en el año 2001 cuando decidió invadir de forma ilegal a Afganistán y posteriormente a Irak, causando cientos de miles de muertes inocentes, destrucción y una crisis social que aún perdura.
Tal como sucedió en aquella época, y tomando en consideración lo que se llamó la “doctrina Bush”, Israel ha utilizado la figura de la guerra preventiva contra Irán argumentando su derecho a la legítima defensa. Un argumento que contaba al inicio de la operación militar con el beneplácito de Europa inicialmente, y Estados Unidos después, luego de que Trump diera por rotas las negociaciones de un eventual acuerdo nuclear con Irán.
No es un secreto afirmar que los bombardeos indiscriminados a las centrales nucleares iraníes violan el derecho internacional. La ONU advirtió anteriormente a Israel que dichos bombardeos violarían la soberanía iraní, siendo por ende crímenes de guerra bajo el criterio del derecho internacional. Tampoco es un secreto desmentir que el derecho internacional ha sido utilizado por Occidente solo para condenar a aquellos agresores los cuales no entran en su alianza.
El abuso y la impunidad ante un sistema internacional roto el cual es incapaz de responder y detener el genocidio en Gaza o ataques unilaterales que violan la soberanía nacional de varios países árabes (Siria, Líbano o Yemen), ejemplifican de manera clara un orden internacional anárquico en el que el abuso impune de la fuerza prevalece.
La falsa utilización de la legítima defensa como coartada para intervenir selectivamente en determinados países, ha ejemplificado como en la actualidad se utilizan argumentos “preventivos”, “humanitarios” o de “emergencia” para ejecutar intervenciones militares que finalmente carecen de cualquier argumento legal amparado bajo el derecho internacional.
El artículo 51 de la carta de Naciones Unidas, el cual recoge y ampara el único argumento universalmente asumido para justificar una guerra, debe ser exclusivamente aprobado por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para contar con el respaldo legal del mismo. A pesar de que el concepto de la legítima defensa es bastante basto y se ha ido ampliando con los años, existen muchas interpretaciones manipulables que incluso sobrepasan el propio significado de la legítima defensa.
Kepa Bilbao Ariztimuño, autor de Repensar la guerra. Tradición moral, realismo bélico y pacifismo jurídico, con el paso del tiempo “la legítima defensa se ha ido ampliando con nuevas figuras, cuatro concretamente, problemáticas, peligrosas y fácilmente manipulables, que se salen propiamente de la legítima defensa”. Bilbao menciona que las guerras humanitarias o la llamada “responsabilidad de proteger”, “permiten a un país intervenir la soberanía de otro Estado cuando hay una vulneración grave de los derechos humanos, nunca en virtud de la democracia, el capitalismo, o cualquier otro tipo de razones que no sean estrictamente humanitarias; en las guerras preventivas (o llamadas también, anticipatorias, por Walzer) se asume como justo que ante la inminencia del ataque se active la defensa”.
El falso discurso de la guerra preventiva utilizado tanto por Trump como por Netanyahu para justificar sus acciones en Irán, su supuesto programa nuclear con fines militares, no constituye una causa legal o justa para iniciar una guerra. Esto se debe primeramente a que tanto Trump como Netanyahu han justificado sus acciones bajo el falso argumento de agotar la vía diplomática para justificar sus acciones militares. Pero cabe recordar que esa “guerra justa” o la llamada “guerra de los 12 días” se justifica sobre sospechas que nunca ha sido confirmadas incluso por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos o incluso la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., Tulsi Gabbard, que declaró ante el Congreso que continúa considerando que “Irán no está construyendo un arma nuclear y que el líder supremo [ayatolá Alí] Jamenei no ha autorizado el programa de armas nucleares que suspendió en 2003".
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