Índice midió cuatro dimensiones claves sobre transparencia en obras públicas para 60 proyectos de 30 instituciones.

La iniciativa CoST Costa Rica presentó los resultados de su tercer Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI) en el país, una herramienta que evalúa cuatro grandes temas: el ambiente facilitador representado por el marco normativo y plataformas - digitales nacionales; las capacidades y procesos que facilitan la transparencia en las instituciones que hacen obra pública; la participación ciudadana inclusiva en la construcción de obra pública y la  divulgación de información en el ciclo del proyecto.

El ITI se realizó con una muestra de 30 entidades y 60 proyectos, que representan el 87% del presupuesto adjudicado en obra pública durante el período 2021-2024. Para escoger las instituciones, se incluyeron las entidades que realizaron obra pública entre enero de 2021 y junio de 2024, clasificadas por presupuesto, sector (como salud, educación, transporte, ambiente, entre otros) y tipo institucional. Adicionalmente, la selección de la muestra de proyectos se basó en los siguientes criterios:

  • Primer proyecto: el de mayor presupuesto adjudicado en firme durante el período 2021–2024, como indicador de impacto social y económico.
  • Segundo proyecto: seleccionado de forma aleatoria, también del mismo período, con el fin de observar diferentes niveles de avance y asegurar una representación equilibrada.

Dato D+: El arroja un resultado en una escala de medición que va de 0 a 100 puntos.

Según los resultados para esta ocasión Costa Rica alcanzó una calificación nacional de 67 puntos lo que representa un avance sustancial de 14 puntos, en comparación con la medición previa. La organización señaló que este resultado “refleja importantes mejoras en el entorno normativo y en la disponibilidad de información pública sobre los proyectos de infraestructura”.

La vocera de CoST Costa Rica, Marisol Castro González, explicó:

Los resultados del Índice de Transparencia en Infraestructura (ITI) son una herramienta clave para toda la sociedad costarricense, porque permiten identificar con evidencia dónde están los avances y las brechas en la forma en que se informa y se gestiona la inversión pública en obras”.

Castro añadió:

Cuando los datos sobre infraestructura están disponibles, son comprensibles y se divulgan oportunamente, la ciudadanía puede ejercer su derecho a informarse, participar y exigir cuentas. Esto se traduce en decisiones públicas más acertadas, en menor riesgo de corrupción y en mejores resultados para las comunidades”.

Entre los principales resultados del estudio para nuestro país están:

  • Ambiente facilitador: salto significativo de 30 a 70 puntos gracias a mejoras normativas (Ley 9986 y Ley 10554).
  • Divulgación de información: Costa Rica lidera internacionalmente (puntaje de 88,6 en Dimensión 4).
  • Capacidades internas y participación ciudadana: avances puntuales, pero con estancamiento o retrocesos en algunos indicadores.
  • Comparativo internacional: Costa Rica alcanza el puntaje más alto entre los países evaluados en transparencia de infraestructura.
  • Falta una política nacional estructurada para la publicación de datos de infraestructura (no existe un estándar obligatorio tipo IDS/OC4IDS).
  • Limitaciones en el uso efectivo de plataformas digitales: el Sistema de Información de Colocaciones Ofertas Públicas (Sicop) aún presenta retos de accesibilidad y actualización.
  • Baja integración entre capacidades internas, participación y resultados de divulgación: débil institucionalización de buenas prácticas.
  • Supervisión de contratos: falta trazabilidad en la ejecución y recepción de obras.
  • Capacidades y Procesos bajó de 55 a 50 puntos y la Participación Ciudadana descendió de 53 a 48 puntos. Estas dimensiones, basadas en información provista por las instituciones evaluadas, reflejan debilidades en la institucionalización de prácticas de transparencia, capacitación del personal, y mecanismos efectivos de participación.

A pesar de la mejora en los resultados, el informe advierte que el avance normativo no siempre se traduce en mejores prácticas, y los datos obtenidos en el informe sugieren que la transparencia aún no es asumida como un objetivo institucional integral.

El informe da una serie de recomendaciones, entre las que destacan que se debe integrar esfuerzos para fortalecer la relación entre capacidades internas, participación ciudadana y divulgación proactiva, asimismo, formalizar perfiles consolidando las figuras del informante ideal y el embajador ITI en las instituciones, además, mejorar las plataformas incorporando el estándar de datos en el Sicop o en una plataforma más amigable para la ciudadanía. Por otro lado, es necesario potenciar la sostenibilidad y para ello se pueden usar los resultados del ITI para impulsar planes de mejora institucional y capacitación continua.

El informe destaca que la institución que obtuvo la puntuación más alta fue la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) con una nota de 94,35, seguida de la Universidad Nacional (87,21), el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (85.96), la Universidad de Costa Rica (82,25) y la Universidad Estatal a Distancia (80,93).

Del otro lado del espectro, las instituciones que recibieron la peor puntuación fueron la Municipalidad de La Cruz (45,76), la Municipalidad de Sarapiquí (38,4), el Instituto Nacional de Seguros (37,86), la Municipalidad de Pérez Zeledón (36,7) y la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (29,68).