Informe señala que el 90.3% desconoce la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo.
A pesar de que la evidencia científica registra un incremento importante en la cantidad e impacto de fenómenos naturales que afectan la calidad vida de las personas, la gran mayoría de ciudadanos considera que Costa Rica está poco o nada preparada para enfrentar una emergencia ante un desastre.
Además, pocas personas conocen acerca de una ley nacional dedicada a la prevención del riesgo; en su mayoría, afirman que en las comunidades donde residen no existen comités de emergencia, al tiempo que reportan poca participación en actividades como simulacros, reuniones o capacitaciones.
Los hallazgos constan en el informe Participación ciudadana en la gestión integral del riesgo de desastres en Costa Rica 2025, a cargo del programa Horizontes Ambientales del Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
De acuerdo con el estudio, el 71.4% de las personas estima que el país está “poco preparado” para enfrentar una emergencia producto de un desastre. Incluso, el 9.9% asegura que está “nada preparado”, mientras que un 18.7% sí considera que está “muy preparado”.
Del grupo que acusa poca preparación se mencionaron como principales razones:
- “Falta de preparación ante eventos naturales” (28.6%).
- “Las instituciones encargadas no trabajan bien” (10%).
- “Pocos recursos económicos para la gestión del riesgo” (9%).
Quienes opinan lo contrario estiman que “existe experiencia y/o preparación nacional para enfrentar emergencias ante eventos naturales” (27.8%).
El estudio de la UNA destaca dos de cada 10 personas “no saben definir o no tienen idea de qué es” el concepto de gestión integral del riesgo de desastres. Con una leve ventaja (20.9%) se ubicó la respuesta que lo asocia con “planificación y preparación”.

Exposición a desastres
Los terremotos son el tipo de evento natural al que están más expuestos los costarricenses en sus comunidades; así lo determina el 76.4% de la muestra.
Le siguen, en orden descendente, los huracanes (61.2%), los tornados (56.9%), los incendios forestales (44.7%), las inundaciones (39.5%), las cabezas de agua (36.7%), los deslizamientos (36.7%) y la actividad volcánica (27.5%). Solo un 7.6% mencionó el tsunami y un 7.2% la marejada.
En su mayoría (73.8%), aseguran disponer de un foco con batería, al tratar de desmenuzar los recursos con que cuentan en sus hogares en caso de emergencia. Poco más de la mitad de la población (54.4%) tiene un botiquín, mientras que un 43.4% posee dinero en efectivo y un 43.6% un kit de suministros.
Sin embargo, en este listado, tener un plan de emergencia solo fue mencionado por tres de cada 10 encuestados.

“Las respuestas denotan que las personas se encuentran más preparadas con artículos cotidianos, pero son pocas las que cuentan con mecanismos de planificación para los preparativos y respuesta a nivel del hogar”, señala el estudio.
Sobre quién debe asumir la responsabilidad de la gestión del riesgo, casi la totalidad (98.9%) otorga esa labor a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE). Con un porcentaje también alto (93.4%) se menciona a las organizaciones comunitarias, e incluso el 80.5% de las personas se reconocen a sí mismas como las principales responsables.
Un dato que arroja la encuesta es que el 90.3% desconoce la Ley Nacional de Emergencia y Prevención del Riesgo, número 8.488, la cual busca establecer acciones para reducir la pérdida de vidas y sus consecuencias sociales.
Participación ciudadana
La importancia que da la ciudadanía a la organización comunal para la prevención de desastres no se traduce en acciones concretas de participación, de acuerdo con el informe.
Muestra de ello es que poco más de la mitad (51.2%) asegura que en su vecindario no existen Comités Comunales de Emergencia (CCE). Un 27.1% respondió afirmativamente y el otro 21.8% dijo desconocerlo.
“Se denota la desvinculación de lo que promueve la política y lo que sucede en las comunidades costarricenses”, a pesar de que un 74.7% le dio el calificativo de “muy importante” a la participación ciudadana. Solo para un 4.8% es “poco o nada importante”, agrega el documento.
Una mayoría (47.3%) asegura que en sus comunidades no existe un plan de emergencia, seguido de un 40.3% que muestra desconocimiento al respecto. Sin embargo, ante la pregunta de qué podría mejorarse para prevenir una situación de emergencia, un 24.3% apuntó la creación de grupos comunitarios y un 19.5% afirmó avanzar en educación y conciencia.
Los contrastes que evidencia el estudio del Idespo quedan en evidencia al evaluar la participación en actividades preventivas. Por ejemplo, la mitad de la población no ha participado en simulacros, frente a un 26.1% que sí y a otro 23.6% que afirma no haber estado enterada de su no realización.

La encuesta indica que un 40.6% de quienes han participado en simulacros poseen entre 18 y 34 años y “esto puede asociarse con que en el 2019 se aprobó el Día Nacional del Simulacro, para crear conciencia sobre la necesidad de estar preparados frente a una posible emergencia”.
Todavía es más baja la participación si se trata de recibir capacitaciones sobre riesgos naturales (un 63.1% indicó no haber participado), mientras que 8 de cada 10 personas no es integrante de ningún comité comunal de emergencias.
¿Cómo califica la ciudadanía la labor de instituciones vinculadas con el riesgo de desastres?
Sobre el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) un 85.6% dijo que su información es “clara”, mientras que un 87.1% manifestó que es “accesible”.
En el caso de la Red Sismológica Nacional (RSN) las opiniones variaron entre un 78.1% de “clara” y 86% “accesible”. La nota más baja la tiene la CNE, que obtiene un 69.9% “clara” y 75.4% “accesible”.




