En la era digital, el grooming —acoso sexual en línea por parte de adultos hacia menores— se ha convertido en una amenaza creciente en Costa Rica. Este delito, que implica la manipulación emocional y psicológica de niñas, niños y personas adolescentes a través de internet, ha generado una gran preocupación en diversos sectores de la sociedad.
En la normativa costarricense, el grooming es delito desde el 2013 y es sancionado hasta con 5 años de cárcel. En el Código Penal se identifica como “seducción o encuentros con menores por medios electrónicos”. En el 2021 se firmó la Ley 10020, que estableció un marco regulatorio para prevenir, combatir y sancionar este delito, así como aumentar las penas.
Según datos del Ministerio Público, entre 2019 y 2022 se registraron 1.574 denuncias relacionadas con la seducción de menores por medios electrónicos, mientras que, solo entre enero del 2023 y setiembre del 2024, se tramitaron más de 500 expedientes. Estas cifras reflejan una tendencia al alza que no puede ser ignorada.
La II Encuesta Kids Online, realizada por la Fundación PANIAMOR y el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad de Costa Rica, reveló que el 12% de las personas adolescentes entrevistadas indicó haber recibido mensajes con contenido sexual, y un 3% señaló que estos mensajes provenían de adultos. Además, un 4,7% de ellas admitió haberse encontrado personalmente con personas que conocieron en línea, lo que equivaldría a aproximadamente 30.964 menores en todo el país.
Los más recientes casos divulgados por la prensa nacional en la que mujeres adolescentes fueron víctimas de este delito nos han puesto en una situación de alerta máxima, y aunque afortunadamente fueron encontradas sanas y salvas muy rápidamente, gracias a intervenciones ágiles y oportunas, ambas situaciones nos llaman la atención y nos obligan a duplicar los esfuerzos para prevenir estas situaciones que amenazan la vida de nuestras poblaciones más jóvenes.
Es necesario seguir desarrollando procesos de fortalecimiento de las capacidades de niñas, niños y adolescentes para reconocer y evitar situaciones de riesgo en entornos digitales. La educación digital debe ser una prioridad en los programas escolares, capacitando al personal docente para abordar estos temas con sensibilidad y eficacia. Las familias deben fomentar la comunicación abierta y establecer normas claras sobre el uso de internet.
Sin embargo, la responsabilidad no puede recaer solo en ellos. Es imperativo que todos los sectores de la sociedad —otras instituciones estatales, el sector privado y las organizaciones no gubernamentales— trabajen de manera conjunta para crear un entorno digital más seguro.
El sector privado, especialmente las plataformas digitales, tiene la responsabilidad de implementar mecanismos de protección y denuncia efectivos. Por su parte, el Estado debe garantizar recursos adecuados para la prevención, atención y sanción de estos delitos, así como promover campañas de concienciación a nivel nacional.
El grooming es una amenaza real y presente en nuestros contextos que afecta la integridad y el bienestar de las personas menores de edad. Es hora de asumir nuestra responsabilidad colectiva y tomar medidas concretas para protegerlos. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos garantizar un entorno digital seguro y saludable para las futuras generaciones.
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