Sí, hubo la época del estado absolutista. Luis XIV en Francia lo sintetizó con su conocida afirmación: “El Estado soy Yo”. Pero quedó atrás y no debe volver.

Mucho ha costado evolucionar desde esa época del Estado de las personas al Estado de las normas, al Estado de derecho, en el cual los funcionarios no son el Estado, ni ninguno de sus poderes, ni ninguna de sus funciones.

Cada funcionario está limitado a solo poder ejercer las competencias que de previo y específicamente le han sido asignadas al puesto que desempeña, sea este de elección popular o de nombramiento en la burocracia. Es más, solo las puede ejercer para estrictamente dar cumplimiento a los objetivos del cargo que desempeñe.

Por eso me causan especial preocupación las afirmaciones del señor presidente Rodrigo Chaves cuando el recién pasado miércoles después de referirse al veto al proyecto de ley que adelanta la edad para pensionarse a los agentes del OIJ afirmó: “… ¿están comprando una policía política ahí en el congreso, eso es lo que están comprando 1000 oficiales del OIJ porque andan armas? Diay, el gobierno tiene 17000 que andan armas. No, no, no estoy amenazando, estoy diciendo que habría que darles la misma pensión a ellos, aunque los números son interesantes, 17 a 1 también”.  El vídeo es muy expresivo.

Al igual que el presidente yo considero inconveniente volver a generar sistemas de pensiones de privilegio para grupos especiales. Si los oficiales del OIJ y los de la policía merecen mejores condiciones démoselas con salarios, con más preparación, con mejores instrumentos, con buenos uniformes cuando así corresponde, con asignarles misiones menos peligrosas al llegar a ciertas edades, como lo hicimos con la policía durante mi gobierno. Pero considero inconveniente volver como en las décadas de 1970 y 1980 a crear regímenes especiales y condiciones de privilegio para ciertas pensiones.

Por cierto, se inició la eliminación de esos privilegios de manera efectiva en los noventa en el gobierno del presidente Calderón Fournier. En esa década se eliminó decenas de sistemas de pensión que se cerraron, se eliminó entre ellos las pensiones para los diputados, se construyó un régimen de capitalización para los maestros, se puso límites a las pensiones futuras. Y después se continuó efectivamente poniendo límites a las pensiones de los sistemas especiales, y decretando impuestos a las pensiones en curso a partir de ciertos montos. Lo que se ha hecho efectivamente lo puede encontrar el lector interesado en mi artículo Las reformas a las pensiones “de lujo”. Un proceso de tres décadas.

Por cierto, que a pesar de mucho cacarear en contra de las pensiones de privilegio en esta administración no se ha hecho nada concreto pues se ha empeñado en proyectos inviables por su inconstitucionalidad. Ello a pesar de haber proyectos lógicos, efectivos y respetuosos de la Constitución como el que presentó la entonces Superintendente de Pensiones Rocío Aguilar. Ese proyecto establece que la contribución del Estado a los sistemas especiales que quedan, del magisterio y del Poder Judicial, tengan una disminución gradual para que converjan y lleguen a ser iguales a la que hace el estado a IVM. Otro proyecto efectivo para disminuir el costo de las pensiones a cargo del Estado que no ha sido aprobado es el que haría que el impuesto sobre las pensiones inicie para montos iguales al máximo de la pensión de IVM, y no a los niveles mayores a los que hoy se aplica.

Pero la referencia a las armas y al número de funcionarios armados en los distintos poderes de la República no tiene nada que ver con esto.

Ni los diputados —que de todos modos no tienen autoridad sobre los 1000 funcionarios del OIJ— ni el Poder Judicial puede disponer de esos oficiales para nada distinto a lo que expresamente autorizan la constitución y las leyes. Ni el presidente puede disponer de las diversas policías que operan en el Poder Ejecutivo para atacar a otros funcionarios. Solo pueden esos oficiales y los de los otros poderes actuar para los fines de seguridad nacional y ciudadana, de atención penitenciaria, de migración, de hacienda y de cuido al ambiente que específicamente establece para cada cuerpo policial la legislación nacional y los convenios internacionales.

¿Para qué hacer referencia a funcionarios armados y a su número en los distintos poderes de la República? Nunca se podría pretender que cuerpos policiales del estado se enfrenten entre si como si fueran los ejércitos en cruel guerra en Sudán.

Preservemos nuestra paz

Gracias a sabios antepasados, a quienes hoy con facilidad se vilipendia, no tenemos ejército. No propiciemos que las policías se consideren ejércitos. No lo queremos. Queremos paz y seguridad ciudadana

Bastante tienen que hacer nuestras autoridades para apagar la inmensa ola de violencia que nos carcome en estos últimos años para desviar su atención en otros menesteres. Y menos para hacer la menor insinuación de uso ilegal de los agentes armados y peor aún para hacerlo en la misma ocasión en que indebidamente el presidente hace una muy inadecuada referencia a la dolorosa Guerra Civil de 1948.

Como sabia y patrióticamente declaró el Benemérito de la Patria Alberto Echandi cuando le pedían que luchara por el reconocimiento de la elección de dos diputados de su fracción que le garantizaban la Presidencia de la República “La lucha por la Presidencia no vale el derramamiento de una gota de sangre de un costarricense”.

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