Estamos a 9 meses de las elecciones nacionales de 2026, en un contexto político nuevamente fraccionado y en donde la seguridad va a ser uno de los temas principales de debate.

El modelo de Bukele es apetecido por la derecha no por ser una respuesta o solución a la creciente criminalidad sino por tener réditos claros a nivel electoral. Según la última encuesta del CIEP, el 41.8% de la población considera que este es el principal problema del país. Es decir, una parte considerable del electorado podría decidir su voto en función de la postura que adopte cada candidatura sobre este tema

El modelo de mano dura no es nuevo, fue utilizado por Jair Bolsonaro (Brasil), Rodrigo Duterte (Filipinas), Francisco Franco (España) y hasta Daniel Ortega (Nicaragua). Estas ideas represivas consideran que la vía más eficiente para resolver la situación de criminalidad es la del sufrimiento y la vulneración sistemática de los derechos humanos.

Por un lado, se empieza por destruir las garantías procesales, con la intención de llevarnos de regreso a tiempos en los que el proceso tenía un carácter inquisitivo. En esos tiempos era posible condenar a una persona después de torturarla para recibir una confesión. Por otro lado, el populismo punitivo busca aumentar de forma desmedida las penas de prisión. Esto con el objetivo de que las personas “piensen dos veces” antes de cometer un delito.

Ya adentro de prisión y tal como lo ha hecho el gobierno del presidente Chaves, se busca limitar al máximo los derechos de la población carcelaria convirtiéndola en un chivo expiatorio y responsabilizándola por la creciente criminalidad que se vive fuera de los centros penitenciarios.

Con esta receta se pretende hacer creer al pueblo que se están tomando las medidas necesarias para disminuir la criminalidad, cuando en realidad esta sigue en aumento por no atender, desde la prevención, los factores que la catalizan, como la falta de oportunidades educativas y laborales o la creciente desigualdad. El punitivismo criollo populista ha venido aumentando penas y disminuyendo garantías procesales durante años con el fin de obtener réditos políticos mientras el caldo de cultivo para la criminalidad sigue intacto.

Bukele es visto como la solución al mantener a su país con las tasas de homicidio más bajas en décadas, considerando la particular historia sangrienta y bélica que ha marcado a El Salvador. Además, ha convertido las cárceles en un espectáculo propagandístico con características de “Reality Show”, con el fin de mostrarle al mundo cómo lucen las personas criminales, al puro estilo positivista de Cesare Lombroso.

En reclusión, el único derecho que se ve completamente limitado es el de la libertad de tránsito. Sin embargo, como consecuencia de la privación de libertad, otros derechos como el de vida familiar, intimidad, salud, o el de educación también pueden verse restringidos. A pesar de estas limitaciones, la vida dentro de los centros penales debe asemejarse lo más posible a la vida en libertad. Por medio de esta normalidad se logra prevenir la reincidencia y se fomenta la resocialización. La represión, en cambio, solo incrementa la violencia.

Podríamos creer que no todas las personas tienen la capacidad de resocializarse o que quienes cometen delitos como homicidios, violaciones, actos terroristas o contra el orden constitucional no deberían reinsertarse en la sociedad. Sin embargo, el Estado no debería abandonar la protección de los derechos humanos de estas personas.

El discurso es claro, con una mayor vulneración de derechos de las personas privadas de libertad vamos a lograr la protección de las personas que están en el exterior. ¿Qué pasa con la educación, el sistema de salud, las oportunidades de empleo y la movilidad social? Todo esto queda de lado cuando el enfoque macroeconómico es en lo financiero y no en lo social. La seguridad no se mejora vulnerando derechos, sino invirtiendo en justicia social.

¿Qué necesitamos? Una mayor inversión en la contratación de jueces y juezas, abrir la discusión para mejorar el proceso penal sin que esto signifique la vulneración de garantías procesales, la contratación de más personas en la judicatura, la fiscalía, la defensa pública y el OIJ, la construcción de centros penales para disminuir el hacinamiento carcelario, penas alternativas a la de prisión para delitos menores, aumentar el uso de tecnología tanto en la Fuerza Pública como en el OIJ, fortalecer la Justicia Restaurativa, mejorar la cooperación entre los poderes del Estado, entre otras medidas preventivas como acabar con el apagón educativo.

Al mismo tiempo que se reforma el aparato represivo, es necesario impulsar la justicia social para que las personas no se vean tentadas por el crimen organizado y cuenten con oportunidades para estudiar, practicar deporte, acceder a la salud y disfrutar de la cultura y el arte.

Es evidente cómo un gobierno como el de Rodrigo Chaves podría sentirse tentado por un “espejismo” que, aunque parece eficaz a simple vista, no considera las complejidades de la criminalidad. La mano dura se enfoca únicamente en lo punitivo, sin atender el bienestar de las personas, que al final se reducen a un voto más para sostener una agenda neoliberal que continúa beneficiando a unos pocos, mientras otras siguen viviendo en un mundo desigual. Todo esto, sin que las personas dejen de aplaudir a su líder por ofrecerles un país con supuesta “libertad y seguridad”. Después de todo, como dice el presidente Rodrigo Chaves: “entre ellos (sic) se están matando“.

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