Iniciativa busca fomentar oportunidades educativas y laborales para mujeres vinculadas a procesos penales, promoviendo su reinserción social en condiciones de dignidad.
El pasado 22 de mayo, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Alejandra Larios Trejos, presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 24.997) que pretende establecer un marco legal para promover oportunidades de educación, capacitación y empleabilidad a las mujeres vinculadas a un proceso penal y sus familiares dependientes, con el fin de facilitar su inserción social y económica.
La iniciativa se fundamenta en una investigación desarrollada por la carrera de Ciencias Policiales de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), la cual permitió identificar las condiciones que enfrentan muchas de las mujeres privadas de libertad por delitos relacionados con drogas. “Estos hallazgos se convirtieron en insumo para proponer una ley que impulse el acceso a derechos, como la educación y el empleo, y que permita una real reinserción social”, declaró la legisladora.
En esa misma línea, la coordinadora de la carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, subrayó el valor transformador de la investigación académica que buscó comprender los factores sociales, económicos y culturales que llevan a muchas mujeres a involucrarse en actividades delictivas: “La UNED, como universidad pública, tiene la responsabilidad de aportar soluciones, y hoy, ver que esos datos alimentan políticas públicas concretas nos reafirma la importancia de la investigación con propósito social”.
La diputada liberacionista agregó:
Este proyecto de ley propone que a esta población, que se caracteriza por ser generalmente vulnerable y que delinque especialmente por venta o tratar de introducir drogas a los centros penales por necesidad, tengan un abordaje especial y puedan tener acceso a educación. Pero además que existan alianzas y una vez que terminen de cumplir sus condenas puedan tener mejores oportunidades“.
En ese sentido, el proyecto de ley contempla la posibilidad de establecer alianzas estratégicas con instituciones como el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), las universidades estatales —entre ellas, la UNED— y demás entidades, con el propósito de ofrecer programas de nivelación académica, así como formación técnica y profesional.
Jiménez destacó que la inclusión explícita de la UNED en la propuesta reconoce su papel fundamental como garante del acceso a la educación superior mediante modalidades flexibles, virtuales y adaptadas a las necesidades de poblaciones que enfrentan múltiples formas de exclusión social. Y añadió que “esta iniciativa legislativa es un ejemplo de cómo la academia puede incidir de manera directa y positiva en la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria”.
Debido a que la Asamblea Legislativa se encuentra en período de sesiones extraordinarias, los proyectos podrán iniciar su trámite legislativo ordinario si son convocados por el Poder Ejecutivo o a partir del 1 de agosto.