Auditoría advierte inconsistencias metodológicas, omisiones, duplicidades y debilidades en controles que comprometen la confiabilidad de los resultados.

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe sobre la calidad de los datos que el Gobierno utiliza para dar seguimiento al Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP) 2023–2026, al evidenciar que una parte importante de las metas evaluadas presentan fallas metodológicas y debilidades sustantivas que afectan su utilidad para la rendición de cuentas y la toma de decisiones.

En el informe DFOE-FIP-IAC-00001-2025, la CGR revisó una muestra de 18 metas del PNDIP, seleccionadas por representar sectores prioritarios como salud, educación, bienestar e inclusión social, trabajo y ambiente. Los resultados del estudio mostraron que solamente una meta cumplió razonablemente con los criterios establecidos, nueve metas lo hicieron de forma parcial y las ocho restantes presentaron un grado de incumplimiento significativo.

En el caso del sector salud, se revisó la meta relativa al plazo promedio de días de espera para cirugía ambulatoria en la CCSS. La auditoría determinó que el cálculo reportado por la Caja Costarricense de Seguro Social excluye sistemáticamente a pacientes categorizados como “resueltos”, “depurados” o “derivados”, así como a aquellos que ya fueron operados, una práctica que distorsiona la cifra final, pues subestima los tiempos reales de espera y no refleja la situación que experimentan los usuarios ni permite evaluar objetivamente la oportunidad del servicio brindado por la CCSS.

En el cálculo de dicho indicador no se contempla la totalidad de los casos que forman parte de la dinámica real de las listas de espera, como los pacientes en estado “derivado” (606), “depurados” (2423) y “resuelto” (6310). Adicionalmente, el cálculo del indicador no considera el tiempo de espera de los pacientes que fueron atendidos durante el año".

En educación, el Ministerio de Educación Pública (MEP) reportó un total de 6030 personas egresadas en el idioma inglés como parte de una meta del plan, sin embargo, la Contraloría halló que 913 de esos registros estaban duplicados o incluso triplicados. De manera similar, en la meta de egresos en áreas como tecnologías de la información, electricidad y turismo, el MEP contabilizó la cantidad de certificados emitidos como si equivalieran a personas egresadas, lo cual infló artificialmente el dato al permitir que una misma persona fuera contabilizada varias veces si cursó múltiples módulos o programas.

Otra meta cuestionada corresponde al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), sobre la ejecución de proyectos para la protección del recurso hídrico. En este caso, la entidad reportó un cumplimiento del 100% de la meta, sin embargo, la CGR señaló que no existía evidencia de que las estrategias y acciones desarrolladas correspondieran al proyecto definido en la ficha técnica del PNDIP. Además, dichas intervenciones no habían sido aprobadas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), un requisito indispensable según los criterios establecidos para validar esta meta.

En cuanto al desarrollo de infraestructura en salud, la auditoría examinó el avance del proyecto del nuevo Hospital Tony Facio en Limón. Si bien el Gobierno reportó un 100% de cumplimiento en la meta de "porcentaje acumulado de avance de las etapas programadas para el desarrollo del proyecto", la Contraloría advirtió que no todas las actividades previstas para el año 2024 habían sido completadas, ni se encontró documentación formal suficiente que respaldara los resultados declarados.

El análisis realizado evidenció que al cierre del periodo no se habían completado todas las actividades definidas para la etapa 4, correspondiente a los estudios previos de ingeniería y anteproyecto (diseño). Esta etapa es determinante para iniciar la fase de financiamiento prevista para 2025, según lo definido en el PNDIP 2023–2026".

Asimismo, la CGR alertó sobre falencias estructurales en la gestión y el control de la información. El informe advirtió que algunas unidades responsables no comprenden completamente los aspectos técnicos de los indicadores, lo que da lugar a reportes basados en interpretaciones parciales o equivocadas. También se evidenció una débil articulación entre las unidades ejecutoras, los ministerios rectores y las secretarías sectoriales, así como la inexistencia de procedimientos internos claros para validar y documentar los datos reportados. Esta situación propicia, según el órgano contralor, una cultura centrada en “cumplimientos formales” que pueden estar desvinculados de los verdaderos resultados e impactos esperados.

En sus conclusiones, la Contraloría advirtió que esta debilidad en la calidad de la información “puede derivar en una interpretación equivocada del desempeño institucional y del grado de avance del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública”, lo que a su vez afecta la transparencia y la rendición de cuentas ante la ciudadanía y la Asamblea Legislativa.

Dados los hallazgos, la Contraloría ordenó al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Educación, al IMAS y al Ministerio de Ambiente tomar medidas correctivas para mejorar la trazabilidad, pertinencia y confiabilidad de los datos del PNDIP.