Los detenidos quedaron a la orden del Ministerio Público.

La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) detuvo este martes a cuatro altos funcionarios por presuntas anomalías en el proceso de contratación para la rehabilitación de la pista del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, en Liberia, Guanacaste.

Las detenciones se produjeron durante un operativo conjunto con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que incluyó 22 allanamientos en San José, Cartago y Heredia. Entre los aprehendidos figuran Mauricio Batalla Otárola, exministro de Obras Públicas y Transportes; Alejandro Picado Eduarte, presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE); Marcos Castillo Masís, director de Aviación Civil; y Henry Villalobos, jefe de la Unidad de Fiscalización de Obras de la CNE.

Todos están vinculados al expediente penal 24-000454-1218-PE, en el que se investigan los delitos de tráfico de influencias, influencia contra la Hacienda Pública y malversación de fondos.

Según el Ministerio Público, los hechos iniciaron en junio de 2023, cuando uno de los imputados, desde su cargo en la CNE, solicitó incluir al cantón de Liberia entre las zonas afectadas por las ondas tropicales 11, 12 y la tormenta Bonnie. Esta gestión permitió modificar un decreto ejecutivo y habilitar contrataciones por emergencia, con trámites simplificados y sin necesidad de refrendo de la Contraloría General de la República (CGR).

Créditos: OIJ

Con base en esa declaratoria se adjudicó directamente a la empresa Constructora MECO S.A. un contrato por $39,9 millones para la “Rehabilitación por emergencias de pista de aterrizaje y obras pluviales”. No obstante, la Fiscalía afirma que los daños atribuidos a los fenómenos naturales ya existían antes de su paso por el país, por lo que la emergencia habría sido simulada.

La obra inició bajo especificaciones técnicas de la Unidad de Infraestructura Aeronáutica de la Dirección General de Aviación Civil, que preveían la intervención tanto de la capa superficial como de las capas subyacentes de la pista. Sin embargo, la empresa adjudicataria propuso aplicar una ingeniería de valor para eliminar parte de esas intervenciones, alegando que las capas se encontraban en buen estado.

El jefe de la unidad ejecutora, David Rojas, y otros funcionarios se opusieron a esta modificación al considerar que alteraba sustancialmente el objeto contratado. La negativa derivó en presuntas presiones de los jerarcas hoy detenidos, y eventualmente en el relevo del encargado del proyecto, quien se negó a firmar la orden de modificación.

El informe del OIJ indica que esta sustitución permitió aprobar la ingeniería de valor, que derivó en un recarpeteo superficial, sin atender los daños estructurales de fondo. Según la Fiscalía, esto comprometió la seguridad de la pista y ocasionó un perjuicio económico al Estado, al desviarse recursos del Fondo Nacional de Emergencias hacia una obra que no calificaba bajo esa figura.

Además de los cuatro detenidos, los allanamientos incluyeron propiedades de un funcionario de apellido González, ligado a MECO, quien no fue arrestado. También se inspeccionaron instalaciones de Aviación Civil (tres puntos), la CNE (siete puntos), el MOPT (uno), Constructora MECO (cuatro) y oficinas vinculadas a ingeniería de proyectos y pavimentos.

La licitación, identificada como 2023PX-000239-0006500001, fue tramitada por la CNE bajo el régimen de excepción. La Dirección de Aviación Civil posteriormente gestionó la contratación de un consultor externo, Fabián Alejandro Schvartzer, quien recomendó ajustes técnicos a la propuesta de MECO. A pesar de ello, el jefe de la unidad ejecutora se mantuvo firme en su negativa a emitir la orden de modificación.

El 1 de octubre de 2024, el Consejo Técnico de Aviación Civil aprobó su sustitución, tras la solicitud formal presentada por la Subdirección General mediante el oficio DGAC-DGOF-1847-2024. Ese cambio permitió reactivar el proceso.

Durante la jornada de este martes, los cuatro imputados fueron trasladados al Segundo Circuito Judicial de San José, donde se les tomaría declaración indagatoria. La Fiscalía valorará si solicita medidas cautelares en su contra.