Fiscalía deberá rehacer solicitud de medidas cautelares por falta de pruebas clave.
El Tribunal Penal de Hacienda anuló las medidas cautelares impuestas contra dos funcionarios de la Universidad de Costa Rica (UCR) investigados por presuntas irregularidades en la construcción y recepción del Laboratorio Ciclotrón PET/CT.
La anulación fue motivada por deficiencias en la gestión de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), a la que el Tribunal reprochó haber presentado una teoría del caso incompleta, sin aportar pruebas esenciales como el cartel de licitación, y sin explicar adecuadamente el modelo de responsabilidad contractual que fundamentaba los cargos.
Los funcionarios investigados, de apellidos Cotter Murillo y Soto Retana, habían sido detenidos en febrero tras allanamientos en oficinas de la UCR, la empresa constructora Navarro y Avilés, y sus viviendas. La Fiscalía les atribuye el delito de falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, bajo la presunción de que aprobaron la recepción de la obra a pesar de defectos que habrían generado pagos indebidos por más de $2,4 millones y €5,1 millones.
Sin embargo, tras el análisis del Tribunal Penal, las medidas de suspensión del cargo, prohibición de contacto con testigos y restricción de acceso a dependencias universitarias fueron revocadas. Además, el Tribunal dio un plazo de 48 horas a la Fiscalía para presentar una nueva solicitud de medidas cautelares debidamente fundamentada.
En su defensa, los funcionarios alegaron que sus funciones no incluían la fiscalización contractual directa. Según los alegatos, Cotter Murillo fungía como gerente de proyecto, con funciones de representación administrativa, mientras que Soto Retana era inspectora de obra, con tareas de supervisión técnica limitada. Ambos argumentaron que la responsabilidad de la entrega final correspondía a la empresa constructora, bajo un contrato de tipo “llave en mano”.
El expediente judicial señala que la falta de pruebas básicas y la inconsistencia en la teoría del caso expusieron a la investigación a un riesgo de nulidad temprana, motivo por el cual el Tribunal ordenó retrotraer el proceso de medidas cautelares.
El Ministerio Público podrá solicitar nuevas medidas en una audiencia prevista para este lunes 28 de abril.
