Costa Rica ha sido históricamente reconocida por su compromiso con el Estado Social de Derecho y por su cobertura de seguridad social. Sin embargo, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el más importante del país, atraviesa una coyuntura compleja derivada de múltiples presiones internas y externas. Esto nos afecta a todos. La sostenibilidad del régimen ha sido puesta en duda por diversos informes actuariales, auditorías institucionales y pronunciamientos de expertos, lo que ha generado una creciente preocupación pública y política.

Urge entonces pensar en un pacto nacional por la seguridad social por el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y delinear una hoja de ruta para su transformación estructural, basada en principios de equidad, eficiencia y corresponsabilidad pero sobre todo sin afectar a las poblaciones más vulnerables.

Diagnóstico de la situación actual del IVM

El primero de los factores que explican la crisis del IVM es el creciente déficit financiero. Para el año 2025 se estima un faltante de 142 mil millones de colones, atribuible en parte al incumplimiento del Estado costarricense en sus aportes regulares al régimen. En 2024, la deuda del Estado con el IVM alcanzó los 734 mil millones de colones, un aumento significativo respecto a los 453 mil millones de colones en 2021, según reportes de la CCSS y medios especializados. Esta insuficiencia de recursos corrientes ha obligado al sistema a financiarse con sus propias reservas lo cual agrava el panorama.

Un segundo elemento crítico es el uso anticipado de las reservas. Aunque originalmente se proyectaba que estas empezarían a utilizarse en el año 2035, ya desde el 2011 el régimen comenzó a emplear los intereses generados por dichas reservas para cubrir el pago de pensiones. Las proyecciones más recientes advierten que, a partir de 2041, el sistema podría verse obligado a utilizar el capital principal de esas reservas, con un horizonte de agotamiento total en 2047.

A ello se suma el impacto del envejecimiento poblacional y la baja natalidad, que afectan directamente la relación entre cotizantes y pensionados. Mientras en 1970 la proporción era de 30 cotizantes por cada jubilado, en 2023 esta relación se redujo a apenas 5,1:1. Las proyecciones demográficas indican que en 2050 podría disminuir a tan solo 2,48 cotizantes por pensionado, reduciendo la base contributiva activa y aumentando la presión sobre el fondo.

La alta informalidad laboral representa otro obstáculo estructural para el sostenimiento del IVM. Aproximadamente el 40% de la población económicamente activa no realiza aportes al régimen, lo que limita la capacidad del sistema para captar ingresos suficientes y amplía la desigualdad en el acceso a pensiones contributivas. Esta situación es especialmente grave en sectores como el trabajo doméstico, la economía informal y los nuevos modelos de empleo digital.

A pesar de la gravedad del problema, las propuestas de reforma planteadas hasta el momento han sido insuficientes o incluso contraproducentes. Se ha considerado, por ejemplo, aumentar la edad de jubilación a 70 años y eliminar el retiro anticipado para mujeres. No obstante, estas medidas podrían tener efectos regresivos, afectando desproporcionadamente a sectores vulnerables y promoviendo una mayor evasión o exclusión del sistema.

Las proyecciones actuariales más recientes confirman la urgencia del cambio. Si no se implementan reformas estructurales, el IVM podría enfrentar una insolvencia total para el año 2047, con un déficit proyectado de 74.6 billones de colones. Además, para 2025 se espera que el régimen comience a utilizar no solo los intereses, sino también el capital de sus reservas, lo cual compromete gravemente la sostenibilidad a mediano plazo.

La reforma estructural es un tema de todos los costarricenses

Para enfrentar este escenario, resulta imprescindible emprender una reforma integral del régimen del IVM. Una prioridad inmediata debe ser la implementación de reformas paramétricas que contemplen, de manera progresiva, el aumento de la edad de jubilación, el incremento en la densidad mínima de cotización y la supresión de beneficios anticipados que no cuenten con una justificación médica o social válida. Dichos ajustes deben estar sustentados en evidencia técnica sólida y orientados por principios de equidad y sostenibilidad.

Otra prioridad es de carácter financiero. El Estado debe asumir plenamente su responsabilidad como garante del régimen y saldar su deuda histórica. Asimismo, se deben diversificar las fuentes de financiamiento, crear mecanismos de aportes extraordinarios desde sectores con alta rentabilidad y optimizar la inversión de las reservas aplicando criterios éticos, sociales y ambientales. También se hace necesario reducir gastos administrativos dentro de la CCSS para liberar recursos hacia las pensiones.

En el ámbito laboral, urge impulsar políticas activas para la formalización del empleo, promover la inclusión de trabajadores independientes y digitales en el sistema, y adaptar las escalas de cotización a la realidad económica de cada grupo. Esto contribuiría a ampliar la base de cotizantes y a reducir la evasión.

Es necesario incorporar un enfoque de justicia social y género. Es necesario diseñar mecanismos diferenciados para mujeres, personas cuidadoras, trabajadores con trayectorias interrumpidas o informales, y personas adultas mayores sin acceso a una pensión contributiva. Para ello, debe fortalecerse el Régimen No Contributivo y establecerse sinergias con otros programas sociales.

Por último, se necesita una reforma institucional en la gobernanza del IVM. Crear una Comisión Nacional Permanente para la Reforma del Sistema de Pensiones, con participación de la CCSS, organizaciones sociales, sector académico y empresarial. Además, se deben fomentar auditorías ciudadanas, informes periódicos de rendición de cuentas, y campañas nacionales de educación previsional.

La crisis del régimen del IVM en Costa Rica representa un desafío ineludible para la sociedad costarricense. Este es un problema de todos. Su solución no puede depender únicamente de ajustes financieros, sino que debe incluir una reconfiguración estructural que articule sostenibilidad técnica, equidad social y legitimidad política. La seguridad social, como pilar del Estado costarricense, no puede ni debe sucumbir ante la inacción o la fragmentación política. Garantizar una pensión digna no es un privilegio; es una obligación jurídica, ética y constitucional.

Un pacto nacional por la seguridad social es indispensable para garantizar que el derecho a una pensión digna no se convierta en una promesa incumplida, sino en una realidad tangible para las generaciones presentes y futuras.

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