El próximo 26 de abril, como cada año, se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Esta fecha tiene como propósito resaltar la importancia que este conjunto de normas representa en la promoción de la creatividad y la innovación. Sin embargo, resulta indispensable reflexionar sobre el papel y el valor social de la propiedad intelectual en un país asediado por fenómenos criminales cada vez más complejos, como el narcotráfico, la legitimación de capitales y el comercio ilícito.

Durante la tercera semana de febrero de 2024, y como resultado de una investigación privada impulsada por el titular de una marca comercial, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) llevó a cabo un amplio operativo que incluyó dieciséis allanamientos en establecimientos ubicados en el corazón de San José, entre avenida 1 y calle 10, en la zona popularmente conocida como “la Coca-Cola”. En esa ocasión se logró decomisar más de 25.000 artículos falsos —en su mayoría calzado— que fueron transportados en al menos siete contenedores. Se trató, hasta la fecha, del mayor decomiso en la historia costarricense relacionado con la falsificación de marcas.

En el curso de dicho operativo, la cobertura periodística no tardó en hacerse presente. Un periodista de apellido Jiménez, de Teletica, reflejó en sus reportes lo que todavía es el sentir generalizado de buena parte de la población: ¿qué se hará con esa mercadería? ¿Por qué se persigue a comerciantes ubicados en zonas que, más allá de su informalidad, también representan tradición, economía popular y sustento para muchas familias?

En esa misma línea discursiva se expresó el padre Sergio Valverde, reconocido fundador de la Asociación Obras del Espíritu Santo, quien calificó la posible destrucción de la mercadería como “un pecado gravísimo y una injusticia social”. El sacerdote hizo un llamado a explorar alternativas legales —en las cuales incluso se ofrecía a colaborar— que permitieran destinar los artículos a personas en situación de necesidad, instando a los legisladores a considerar reformas normativas que hicieran viable dicha posibilidad.

Las reacciones en redes no se hicieron esperar. La indignación viral reavivó una narrativa histórica que percibe la propiedad intelectual como un instrumento al servicio de grandes intereses corporativos, desalineado con las realidades socioeconómicas del país y desconectado de las necesidades de los sectores más desfavorecidos.

No obstante, tras centrarse únicamente en ese ángulo de la historia, se dejaron de lado hechos igualmente graves ocurridos durante el mismo operativo: se liberaron personas indocumentadas que habían permanecido encerradas en condiciones absolutamente inhumanas por más de 24 horas; se decomisaron importantes sumas de dinero en efectivo, en dólares, así como una cantidad considerable de armas. Tampoco se ha informado que, hasta la fecha, buena parte de la mercadería incautada no ha sido reclamada por nadie. Cuesta imaginar que un comerciante legítimo permanezca indiferente ante pérdidas de tal magnitud. Más alarmante aún: a escasas 24 horas de haberse realizado los allanamientos, todos los locales intervenidos ya estaban nuevamente abastecidos con productos falsificados. ¿Qué tipo de red logística permite una reposición tan inmediata?

Meses después, el Juzgado Penal competente autorizó la destrucción total de la mercadería. La decisión se basó en información técnica que reveló como los materiales utilizados en su fabricación —desde pigmentos hasta componentes plásticos— presentaban un nivel de toxicidad tal, que requería el uso de equipo de protección especializado para su manipulación y posterior eliminación. Por primera vez en la historia judicial del país, se evidenció de forma clara, directa y documentada la conexión entre la falsificación de productos y el crimen organizado.

En diversos informes, tanto Europol como programas de Naciones Unidas han advertido que el intercambio de mercancía falsificada es una de las nuevas monedas de cambio entre redes criminales. Esta estrategia permite reducir el volumen de transferencias monetarias y, con ello, disminuir los riesgos de exposición financiera. No se transfiere, tampoco se hace un SINPE, sencillamente se envía un contenedor y los ingresos harán su trabajo de lavado.

La falsificación, además, suma además impactos de alto costo social: alimentos y medicamentos fraudulentos hasta condiciones laborales precarias, graves afectaciones al medio ambiente y evasión fiscal. En paralelo, su aceptación social —lamentablemente aún generalizada y alimentada por narrativas sensacionalistas— ha facilitado el crecimiento exponencial de su comercialización a través de plataformas digitales, ante las cuales el Estado costarricense enfrenta serias limitaciones técnicas y operativas.

No se trata de un hallazgo aislado. En un operativo más reciente, se encontró una importante cantidad de fentanilo oculta detrás de una fachada comercial de un local de textiles falsificados. La conocida frase de Antoine de Saint-Exupéry, “lo esencial es invisible a los ojos”, parece describir acertadamente el comportamiento institucional de muchas autoridades que aún se resisten a comprender que la falsificación no es un delito menor ni un fenómeno de bagatela. Hoy por hoy, representa una de las formas más normalizadas de infiltración del crimen organizado en la economía nacional.

En este contexto, resulta imperativo reformular nuestra concepción de la propiedad intelectual. No debe entenderse como un fin en sí mismo ni como un privilegio para titulares de derechos. Su función, como la de cualquier otro instituto jurídico, debe ser la de contribuir al bienestar colectivo y a la justicia social. A los beneficios ya reconocidos en términos de estímulo a la creatividad y protección de la innovación, se suma ahora su valor como una herramienta para debilitar las estructuras financieras del crimen organizado, que tanto daño ha causado al país y cuya sombra siniestra se proyecta detrás del crecimiento exponencial de las tasas de homicidios.

Más que un problema de falta de recursos, enfrentamos una profunda dificultad para comprender —y aceptar— la verdadera naturaleza del fenómeno. Reconocer la íntima y ya indiscutible relación entre la falsificación y el crimen organizado, abandonar las narrativas que trivializan este delito y asumir con responsabilidad el rol estratégico de la propiedad intelectual son tareas impostergables en tiempos complejos, marcados por la ausencia de políticas públicas claras que ofrezcan respuestas eficaces.

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