Hasta la fecha 21 planes ambientales, forestales y territoriales (PAFT) han sido validados en Costa Rica por los mismos territorios indígenas que los han elaborado. Esto ha permitido que ya 12 territorios indígenas hayan recibido alrededor de 5 millones de dólares, como reconocimiento por su labor en la protección de los bosques.
Estos planes, formulados por cada territorio, con una cuidadosa participación de mujeres, juventudes y personas mayores, han establecido las prioridades de cada territorio, sus necesidades, sus anhelos y sus nortes para el uso de recursos que reciban por parte del financiamiento climático.
Un acuerdo entre REDD+ y los pueblos indígenas
En Costa Rica, los esfuerzos para revertir la deforestación y la protección de los bosques han estado respaldados por diversos instrumentos de política pública desde hace más de cuatro décadas que sustentaron la implementación de REDD+ a partir de este siglo. Estas políticas han priorizado acciones en favor de quienes protegen los bosques, incluyendo a los pueblos indígenas.
Costa Rica cuenta con ocho pueblos indígenas distribuidos en 24 territorios oficialmente reconocidos. Estos han resaltado la importancia de los bosques, no solo como sumideros de carbono, sino también como un componente esencial de su identidad cultural y su cosmovisión.
La relación entre los pueblos indígenas costarricenses y la implementación de REDD+ ha requerido la creación de condiciones habilitantes. Desde 2008 inició un proceso pionero de consulta libre, previa e informada, con una metodología validada por todos los territorios indígenas. Este proceso se desarrolló en tres etapas: información, preconsulta y territorialización de la consulta. La última fase concluyó en 2019 y acordó la creación de los PAFT, para facilitar el acceso de los territorios indígenas al financiamiento climático. De esta manera, los PAFT han surgido como una respuesta a la Estrategia Nacional REDD+ y a los acuerdos llegados con los territorios indígenas en el marco de un proceso de consulta. REDD+ es un mecanismo financiero mundial diseñado para reducir las causas y los impactos de la deforestación y la degradación de los bosques.
Estos planes de desarrollo se basan en dos pilares fundamentales:
- Un plan de distribución de beneficios que direcciona los recursos provenientes del financiamiento climático por la protección de los bosques y fundamentado en las concertaciones realizadas en los diálogos comunitarios
- Mecanismos de supervisión orientados a garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en la ejecución del plan de distribución de beneficios.
Durante 2021, el Fondo Verde del Clima (FVC) reconoció a Costa Rica 54 millones de dólares por las emisiones de dióxido de carbono evitadas por sus bosques entre 2014 y 2015. Estos recursos se canalizaron por medio del Proyecto REDD+ Pagos Basado en Resultados (REDD+PBR), implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El proyecto facilitó apoyo técnico y financiero para la construcción participativa de los PAFT, concebidos como guías para el trabajo territorial y alineados con las salvaguardas ambientales y sociales de REDD+ y del PNUD y con los instrumentos de derecho internacional ratificados por el país, como el Convenio N.º 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI).
Esto no solo garantiza el respeto por los conocimientos de los pueblos indígenas, sino que abre oportunidades para acceder a distintas formas de reconocimiento por su labor histórica en la gestión sostenible de los bosques y los recursos naturales.
Territorios indígenas fortalecidos
Hasta la fecha, con los 21 PAFT elaborados se contabiliza aproximadamente una participación de 11.000 personas indígenas, de las cuales el 52% son mujeres. Los PAFT han incorporado cerca de 80 iniciativas dirigidas a mujeres indígenas, 40 para jóvenes y 50 para personas mayores.
Entre los proyectos de mujeres sobresale el impulso a iniciativas productivas. En el caso de las juventudes, se priorizan temas como la salud mental, la educación ambiental y la promoción de organizaciones juveniles. Por su parte, las personas adultas mayores quieren resaltar su papel como guías y guardianes del conocimiento comunitario, además de su participación activa en la gobernanza territorial. Al mismo tiempo, enfatizan la importancia de mantenerse económicamente activos y de crear espacios de intercambio intergeneracional que permitan preservar la identidad cultural.
Sumado al establecimiento de una ruta de inversión comunitaria, los PAFT designan responsables para el seguimiento de estos proyectos a través de tres comisiones: fiscalización, monitoreo y administración. En los 21 PAFT aprobados, más de 300 personas han sido integradas en estas comisiones, con una representación equitativa entre hombres y mujeres, garantizando no solo la inclusión de una perspectiva de género, sino también su participación activa en la vigilancia, transparencia y ejecución de los recursos y soluciones locales.
A partir de este proceso, los territorios indígenas han definido las inversiones que desean realizar en sus comunidades, alineadas con sus intereses colectivos. Además, han fortalecido sus conocimientos en financiamiento climático, promoviendo la participación de las partes y el robusteciendo sus sistemas de gobierno interno. Todo esto en armonía con su visión y el trabajo histórico de conservación de los bosques que han llevado a cabo.
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