En medio de su nueva campaña presidencial, Donald Trump ha lanzado una propuesta que sacudió a más de un país aliado: imponer un arancel del 10% a todos los productos importados, sin excepciones. Esto incluiría a Costa Rica, a pesar de que ambos países están unidos por el Tratado de Libre Comercio CAFTA-DR, vigente desde 2009 (y firmado en 2007).

Lo preocupante de esto es que la propuesta no solo amenaza con aumentar los costos de exportación, sino que también pone en entredicho la estabilidad de acuerdos multilaterales que han sido pilares del crecimiento económico costarricense.

En un contexto global donde los discursos proteccionistas están ganando fuerza, cabe preguntarse: ¿qué tanto puede hacer Costa Rica frente a una decisión unilateral de Estados Unidos? ¿Es posible que el país más poderoso del mundo ignore un tratado firmado y aún vigente? Y, más importante aún, ¿qué consecuencias tendría esto para nuestra economía?

El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos —conocido como CAFTA-DR— que entró en vigor para Costa Rica, tras el referéndum, tenía por objetivo principal abrir mercados, eliminar barreras comerciales y promover una integración más profunda entre las economías firmantes.

Para Costa Rica, este ha significado mucho más que una simple apertura de mercado, debido a que Estados Unidos es el principal destino de nuestras exportaciones, con productos como dispositivos médicos, piña, café, banano y azúcar dominando la lista. Gracias al tratado, estos productos ingresan al mercado estadounidense con aranceles reducidos o eliminados, lo que ha sido clave para mantener la competitividad y atraer inversión extranjera.

Paralelamente, el tratado establece reglas claras sobre resolución de disputas, mecanismos de arbitraje y compromisos bilaterales que buscan evitar decisiones unilaterales, sin embargo, como todo acuerdo, su cumplimiento depende de la voluntad política, y ahí es donde la propuesta de Trump enciende todas las alarmas: ¿qué pasa si uno de los socios decide ignorar las reglas del juego?

Si bien los tratados de libre comercio están diseñados para brindar estabilidad y previsibilidad, muchos de ellos —incluido el CAFTA-DR— contienen cláusulas que permiten a los países tomar medidas excepcionales por razones de: seguridad nacional, emergencia económica o salud pública.

Donald Trump ya ha utilizado este tipo de cláusulas antes: durante su primer mandato, impuso aranceles al acero y aluminio de varios países aliados argumentando “seguridad nacional”, una movida ampliamente criticada por la comunidad internacional. En este contexto, su propuesta de un arancel universal del 10% podría estar basada en ese mismo argumento.

Aplicar este tipo de medida a países socios con los que se tiene un tratado, sin una causa justificada, puede conducir a Estados Unidos a una violación de ese acuerdo. En ese caso, nuestro país tendría derecho a activar los mecanismos de resolución de disputas del CAFTA, que permiten elevar el caso ante un panel de arbitraje internacional. Aun así, estos procesos suelen ser largos, costosos, y no garantizan una solución inmediata.

Lo que está muy claro, es que un arancel del 10% haría que los productos costarricenses sean menos competitivos en el mercado estadounidense, lo cual podría afectar de forma inmediata a sectores como el agrícola y el de dispositivos médicos, ambos claves para nuestra economía y generadores de empleo.

Asimismo, las empresas estadounidenses con operaciones en Costa Rica —especialmente las del sector de zona franca— podrían verse menos incentivadas a mantener sus operaciones, si sus productos pierden ventajas competitivas.

A nivel macroeconómico, esto podría significar menos inversión extranjera directa, reducción de empleo en ciertos sectores y una presión adicional sobre el tipo de cambio y la balanza comercial. También pondría en jaque la estrategia de atracción de inversión basada en tratados internacionales y estabilidad jurídica.

La propuesta del arancel no es una idea aislada, sino parte de una visión más amplia de política económica nacionalista. Para Trump, el libre comercio ha sido un enemigo más que un aliado. Durante su primer mandato, renegoció el NAFTA y retiró a EE.UU. del Acuerdo Transpacífico, mostrando su desprecio por los tratados multilaterales.

Este nuevo arancel propuesto responde a su narrativa de “Estados Unidos primero”, con la que busca proteger la industria local y recuperar empleos. Sin embargo, numerosos economistas han advertido que este tipo de medidas generan más daño que beneficio: encarecen los productos, afectan cadenas de valor globales y generan represalias por parte de otros países.

En términos políticos, la medida puede ser efectiva en su base electoral, pero representa una amenaza seria para países como Costa Rica, que han apostado por el libre comercio como motor de desarrollo, obligando no solo a prepararse a conciencia para defender sus derechos, sino también para replantearse su estrategia económica: diversificar mercados, fortalecer la producción local y tener una política exterior más agresiva, serán claves en este nuevo escenario, donde el libre comercio parece ya no ser un pacto inviolable, sino una promesa cada vez más frágil y prescindible.

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