No cabe duda de que cada país tiene el derecho a defender su seguridad nacional y a la definición y administración de sus regulaciones migratorias, incluyendo la exclusión de entrada a personas que con sus actuaciones han violado derechos humanos, han delinquido o usado sus cargos para actos de corrupción.

Evidentemente ese derecho es incluso mayor en el caso de Estados Unidos por ser la mayor potencia global sujeta a mayores peligros a su seguridad por esa misma condición, que incluso se hizo mayor su necesidad de protegerse desde el doloroso acto de terrorismo contra las Torres Gemelas. Y por tener Estados Unidos esa condición de potencia mundial tradicionalmente emblemática de los valores de libertad y democracia también es cierto que sus sanciones contra delincuentes, corruptos y violadores de derechos humanos como los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela tienen mayor impacto.

Pero no se puede equiparar con esos casos las acciones del expresidente Oscar Arias, de las señoras y señores diputados y de los funcionarios del ICE a quienes se revocó la visa para ingresar a los Estados Unidos.

Expresar oposición respetuosa a las autoridades de cualquier nación democrática, o tener una opinión favorable a determinados procesos licitatorios no parecen ser razones que justifiquen que a una persona se le quite su visa.

Señalo esta circunstancia con independencia de que mi opinión en el caso de contratación de servicios 5G se inclina en favor de la exclusión de Huawei en la provisión de equipos para 5G en vista de las decisiones tomadas por Estados Unidos y países europeos, en cuyo conocimiento me entrego por mi ignorancia en temas de ciberseguridad.

Dicho lo anterior, repito, toda nación soberana indudablemente tiene facultades discrecionales para emitir o quitar su visa.

Pero en este caso se trata de personas que ostentan un elevado cargo de elección popular, o que ha tenido el honor de ser presidente democráticamente electo, por lo que considero que tienen una representación nacional que amerita consideración entre naciones democráticas amigas.

Por eso no puedo dejar de manifestar mi extrañeza de que el gobierno de Costa Rica no haya solicitado formalmente una explicación de la cancelación de esas visas, por supuesto respetuosamente y por los canales diplomáticos y discretos adecuados.

En relación con la cancelación de la visa al señor expresidente Arias Sánchez, no puedo dejar de manifestar mi extrañeza y preocupación de que el señor presidente de la república —sin conocer los motivos de la cancelación de esa visa— actúe como vocero y defensor de las actuaciones de una embajada extranjera.

Especialmente porque se trata de la embajada de una nación muy amiga, con la cual compartimos valores de libertad, democracia, Estado de Derecho, justicia, y defensa de los derechos humanos, que además es nuestro principal socio en comercio exterior, en inversión extranjera directa, y en turismo y con la cual compartimos la gran mayoría de las posiciones nacionales en el campo internacional y hemos sido tradicionalmente aliados confiables.

Pero están de por medio las acciones en contra de un expresidente de la república, de representantes del pueblo ante la Asamblea Legislativa y de funcionarios públicos a quienes no se acusa de ninguna acción contraria a la ley o a los valores que Estados Unidos ha difundido por todo nuestro globo terrestre.

Nuestro gobierno está llamado a defender a los representantes electos o que han sido electos por nuestro pueblo, o al menos a no aprobar acciones indebidas en contra de ellos.

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