Associated Press se niega a cambiar el nombre del Golfo de México a 'Golfo de América', pese a la orden ejecutiva de Donald Trump.

Un juez federal de Estados Unidos ordenó este martes a la Casa Blanca restituir el acceso completo de la agencia Associated Press (AP) para cubrir eventos presidenciales, al resolver que el gobierno violó la Primera Enmienda al restringir el acceso del medio en represalia por el lenguaje utilizado en su cobertura informativa.

La sentencia fue dictada por el juez Trevor N. McFadden, designado por el presidente Donald Trump, quien falló a favor del medio al indicar que, si bien el Ejecutivo tiene cierto margen para organizar la cobertura de prensa, no puede excluir a periodistas por motivos ideológicos.

"Bajo la Primera Enmienda, si el Gobierno abre sus puertas a algunos periodistas —ya sea al Despacho Oval, al Salón Este u otro lugar— no puede luego cerrarlas a otros por sus puntos de vista. La Constitución no permite menos que eso", escribió McFadden.

El juez dejó en suspenso la entrada en vigor de su fallo durante una semana, con el fin de que la administración de Trump pueda responder o apelar.

La demanda de AP se originó tras la decisión del presidente Trump de excluir a la agencia de coberturas dentro del Despacho Oval, eventos en la Casa Blanca y vuelos en el Air Force One desde el pasado 11 de febrero. El motivo: la negativa del medio a acatar una orden ejecutiva de Trump que instruía referirse al “Golfo de México” como el “Golfo de América”.

La exclusión fue reconocida públicamente por el mandatario, quien defendió que era su prerrogativa elegir qué medios tienen acceso privilegiado, y acusó a AP de ser un grupo de “lunáticos de izquierda radical”.

“Vamos a mantenerlos fuera hasta que acepten que se llama el Golfo de América”, dijo Trump en su momento.

La directora ejecutiva de AP, Julie Pace, respondió en un artículo de opinión en The Wall Street Journal que el caso va más allá del nombre de una masa de agua: “Se trata de si el gobierno puede controlar lo que usted dice”.

Durante el juicio, periodistas de AP testificaron sobre cómo la exclusión ha perjudicado su cobertura en tiempo real, un componente esencial del servicio que la agencia brinda a miles de medios en Estados Unidos y el mundo. La empresa incluso perdió un contrato publicitario de $150.000 debido a preocupaciones sobre su acceso restringido.

Aunque el gobierno argumentó que AP aún tiene acceso a transmisiones en vivo y a las conferencias diarias de la secretaria de prensa Karoline Leavitt, el juez concluyó que la exclusión selectiva con base en criterios editoriales es inconstitucional.

El caso fue presentado el 21 de febrero e incluyó como demandados a Leavitt, a la jefa de gabinete de la Casa Blanca Susie Wiles y al subjefe Taylor Budowich.

El fallo se produce en un contexto de creciente tensión entre el gobierno de Trump y varios medios de comunicación. La administración ha promovido demandas contra cadenas como ABC, CBS y NBC, ha intentado eliminar fondos a emisoras públicas como PBS y NPR, y ha cuestionado la imparcialidad de agencias como Voice of America.

Además, el gobierno ha dado preferencia en coberturas a medios nuevos y afines al presidente, marginando a instituciones de prensa tradicionales.