Presidencia alega nulidades en el procedimiento y recusa a magistrada instructora del amparo contra Chaves.

El gobierno de Rodrigo Chaves Robles arremetió este miércoles contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), al denunciar supuestas irregularidades en el trámite del recurso de amparo electoral promovido por el analista Claudio Alpízar Otoya contra el presidente Rodrigo Chaves Robles, e incluso solicitó la recusación de la magistrada instructora del caso, Zetty María Bou Valverde.

Durante la conferencia de prensa de este 23 de abril en la Casa Presidencial, el asesor legal de la Presidencia, Eduardo Mora Castro, cuestionó la legalidad del procedimiento adoptado por el Tribunal y aseguró que el escrito presentado por Alpízar era una denuncia por beligerancia política, no un amparo. Según dijo, la magistrada Bou transformó ese escrito “corrigiendo la redacción, enriqueciéndola, modificándola, adecuándola a las condiciones para un amparo electoral”.

El mandatario, por su parte, realizó un ataque directo: "¿Esto qué es? ¿Estupidez o mala fe, incapacidad o corrupción? Porque yo no veo nada en el centro", exclamó Rodrigo Chaves, quien también acusó a la magistrada Bou de intentar “asustar” al Ejecutivo para que abandone el uso del término “jaguar”, con el que se ha identificado su gestión.

Consultado por Delfino.cr, el vocero y letrado del TSE, Andrei Cambronero Torres, aclaró que la decisión de tramitar el caso como un amparo electoral no fue tomada por la magistrada Zetty Bou Valverde, sino por la Sección Especializada del Tribunal, integrada por magistrados suplentes, que en primera instancia conoce las denuncias de beligerancia política.

"Cuando se presenta un escrito que menciona la violación a derechos fundamentales, por el principio de informalidad de la gestión de amparo, el Tribunal lo que hace es encauzarlo bajo la figura del amparo electoral", explicó Cambronero, quien señaló que esto se realiza de forma habitual, siempre que en el escrito se alegue una vulneración a derechos de carácter político-electoral.

Zetty Bou Valverde, magistrada del TSE designada como instructora del caso y recusada por Chaves.

Según relató, en este caso la Sección Especializada detectó que además de una denuncia por beligerancia política, el escrito de Alpízar alegaba una afectación a derechos fundamentales, por lo que esa parte fue remitida al pleno propietario del Tribunal para su tramitación como amparo, conforme al artículo 225 del Código Electoral.

Cambronero subrayó que la magistrada Bou Valverde no tomó ninguna decisión sobre el fondo del asunto al momento de la admisión del recurso, sino que asumió la instrucción del expediente porque así le correspondió “por estricto turno”, según el orden preestablecido de reparto entre magistrados propietarios.

Además de la recusación, la Presidencia alegó que la resolución de curso del TSE es nula porque fue notificada sin las firmas de dos de los cinco magistrados. Mora indicó que la notificación fue acompañada de una constancia que justificaba la ausencia de firmas, lo que consideró improcedente: "La Sala IV no notifica nada sin firmas, porque la Ley de Jurisdicción Constitucional no permite resoluciones sin firmas", dijo.

Sobre este punto, Cambronero explicó que no es inusual que magistrados del TSE participen en la deliberación y votación de asuntos pero no se encuentren disponibles físicamente para firmar en el momento inmediato posterior. En esos casos, el secretario general o las prosecretarías del despacho emiten una constancia de su participación, con fe pública, y los magistrados proceden a firmar una vez reincorporados.

La Presidencia también reclamó que la notificación se hizo en el domicilio personal de Chaves y no en Casa Presidencial, como supuestamente es habitual. Consultado al respecto, Cambronero señaló que ese es uno de los aspectos que forman parte del escrito de respuesta presentado por la Presidencia y que será resuelto por el Tribunal conforme al procedimiento ordinario. “Cualquier manifestación nuestra en este momento podría ser un adelanto de criterio”, indicó.

La resolución del TSE, adoptada el 3 de abril, ordenó como medida cautelar que el presidente Chaves se abstenga de realizar manifestaciones o actos que puedan poner en riesgo las garantías de imparcialidad exigidas por el artículo 95.3 de la Constitución. La medida regirá mientras se resuelve el fondo del amparo.

Durante la conferencia, el Gobierno rechazó esa orden y cuestionó que el recurso se base en supuestos hechos futuros, como la posibilidad de que el recurrente, Claudio Alpízar, sea candidato presidencial. Mora ironizó que eso podría llevar a prohibirle a Chaves inaugurar un puente si algún vecino con aspiraciones políticas eventuales se sintiera afectado por su presencia.

La Presidencia también defendió el uso de la figura del jaguar como parte de su identidad institucional, asegurando que no está asociada a ningún partido político y que comenzó a utilizarse públicamente desde febrero de 2024, luego de un informe del Bank of America que elogió el desempeño económico del país.

El TSE deberá resolver en los próximos días la recusación presentada contra la magistrada Bou Valverde. Según explicó Cambronero, cuando se plantea una recusación, “se suspende la competencia del juez o jueza hasta tanto no se resuelva ese elemento”. La decisión recaerá sobre los otros magistrados propietarios, excluyendo a Bou. Si se acoge la recusación, será sustituida por un suplente; de lo contrario, se le mantendrá como instructora del expediente.

La medida cautelar dictada por el Tribunal permanece vigente y prohíbe al mandatario realizar manifestaciones o conductas —activas u omisivas— que puedan beneficiar o perjudicar a partidos o aspirantes a los comicios de 2026.