Durante un conversatorio en la UNA, representantes de la Red Feminista y del Inamu advirtieron sobre el aumento sostenido de femicidios en el país.

El aumento de femicidios en Costa Rica genera alarma entre los sectores dedicados a la protección y seguridad de las mujeres; "solo del 2022 al 2024 la tasa nacional de este delito aumentó de 0.59 a 1 por cada 100 mil mujeres, cuando los crímenes fueron cometidos por sus exparejas sentimentales". Este dato fue revelado por Silvia Mesa, representante de la Red Feminista contra la Violencia hacia las Mujeres, durante el conversatorio De la indignación a la acción: respuestas ante el femicidio, organizado por el Instituto de Estudios de la Mujer (IEM) de la Universidad Nacional (UNA).

El encuentro se realizó en un contexto de preocupación por el incremento de la violencia de género. Solo en los primeros tres meses de 2025, se han registrado 13 casos. Desde la pandemia, las cifras han fluctuado: 25 asesinatos en 2022, un aumento a 31 en 2023 y un leve descenso a 30 en 2024, según los datos presentados por Mesa.

Para la vocera de la Red Feminista, "no existe una única causa que explique la creciente vulnerabilidad de las mujeres". No obstante, enfatizó que el debilitamiento de las políticas públicas y de la institucionalidad encargada de su protección, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), así como la violencia generalizada en el país, han tenido un impacto directo en el incremento de estos crímenes.

En el contexto del creciente número de femicidios en el país, Mesa cuestionó la falta de una declaratoria de emergencia nacional. Según la vocera, esta medida permitiría redirigir recursos económicos cruciales para la prevención y contención de la violencia de género. Sin embargo, la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, ha argumentado que existen impedimentos legales que dificultan la adopción de esta medida. Mesa recriminó:

Yo me pregunto, ¿13 femicidios en menos de tres meses no es una conmoción interna? ¿Qué está pasando con esta sociedad? Nos dicen que hay plata, pero ¿por qué no hay recursos para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y así investigue los femicidios o para el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y otorgue de esta manera ayudas sociales a las mujeres?”.

Agregó que a pesar de contar con una Política Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia contra las Mujeres, el país enfrenta importantes falencias en la lucha contra este flagelo.

Durante el conversatorio, Adina Castro, coordinadora del área de Violencia de Género del Inamu, explicó que se han definido seis ejes clave para abordar la violencia de género. Estos incluyen la promoción de una cultura libre de machismo, el abordaje de las masculinidades, la ruptura del ciclo de violencia en niñas y adolescentes madres o embarazadas, la protección efectiva, la debida diligencia, y la prevención de la violencia sexual y el femicidio.

Mesa añadió que Costa Rica ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) en 1995, comprometiéndose a actuar con la debida diligencia, pero aún persisten importantes vacíos en su implementación: “los tiempos que tardan los procesos y la existencia de mecanismos judiciales efectivos, imparciales, adecuados y de reparación. Como sociedad civil nos preocupa que en los procesos de femicidios no se apliquen los protocolos de investigación y sanción especializados en este tipo de delitos”. Aunque resaltó la labor de las fiscalías adjuntas de asuntos de género en el Poder Judicial, lamentó que no existen en todas las jurisdicciones.

Desde la Red Feminista también hicieron un llamado urgente para reducir la violencia simbólica, aquella que, aunque no siempre es evidente a simple vista, tiene un profundo impacto en las mujeres. Un ejemplo de esta violencia, según Mesa, son las manifestaciones públicas que minimizan la importancia de la educación en prevención de la violencia dirigida a la niñez.

Por el contrario, consideró que esta es la ruta correcta, porque se trata de un cambio cultural necesario. “Estos son procesos lentos, llevan muchos años y pueden requerir hasta tres generaciones. Nada de esto abona a la urgencia de crear entornos de respeto y equidad, y peor aun cuando semana por semana se escuchan los discursos machistas, misóginos y de odio, emitidos desde Casa Presidencial”, agregó.

Fotografía: Samantha Brenes / Marcha 8M (2025).

Medidas clave para enfrentar esta problemática

Larissa Arroyo, abogada experta en derechos humanos y académica del IEM, aportó elementos para construir una respuesta eficaz ante el aumento de femicidios en el país. En su intervención, destacó que las universidades tienen un papel clave en la ampliación de redes de investigación sobre violencia de género y masculinidades, así como su influencia en las políticas públicas.

Asimismo, propuso la sistematización de datos sobre las dinámicas de violación, discriminación e impunidad, con el objetivo de utilizarlos para desarrollar estrategias de prevención. También subrayó la importancia de evaluar el marco legal costarricense en esta área, con el fin de identificar posibles mejoras para enfrentar de manera más efectiva esta problemática.

Según Arroyo, "uno de los aportes fundamentales que puede hacer la academia es la de desempeñar un rol de articulación entre gobiernos y la sociedad civil. Debemos involucrarnos en la función de monitoreo de políticas, por ejemplo, cuando se crean proyectos de ley en la Asamblea Legislativa, ojalá nos pidieran criterio a todas las universidades. Incluye también una vigilancia crítica del cumplimiento de los compromisos internacionales, asumidos por Costa Rica”. 

La experta llamó una estrategia de “educación transformadora". En sí, la acción que debe emprenderse para incorporar la perspectiva de género en todos los niveles educativos, deconstruir los mitos alrededor del “amor romántico” y los roles derivados de él, formar profesionales sensibles tanto en el ámbito de la docencia como en el judicial y capacitar a los operadores de justicia (fiscales, jueces, fuerzas de seguridad) para mejorar la aplicación de la ley.