El crecimiento del respaldo a líderes populistas, sumado a la ausencia de soluciones que demanda la población, son dos elementos que hacen de Centroamérica un terreno fértil para autocracias o para el surgimiento de líderes con tintes autoritarios. 

La mayoría de la población sigue creyendo que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero al mismo tiempo, gana fuerza el apoyo a liderazgos que concentran poder. Y, a diferencia de otras regiones donde también avanza la autocracia, en Centroamérica las condiciones estructurales son más precarias y los retrocesos más acelerados.

Son conclusiones del Segundo Volumen del Informe Estado de la Región, titulado “Implicaciones de vivir en democracia. Regímenes y cultura política en Centroamérica y República Dominicana”, del Programa Estado de la Nación de Costa Rica. El retroceso institucional está en marcha, se indica, y no es solo responsabilidad de quienes gobiernan. También responde a lo que las sociedades están dispuestas a tolerar, justificar o incluso exigir.

El informe describe una región políticamente diversa, pero cada vez más fragmentada. Honduras y Guatemala se ubican en zonas grises, como regímenes híbridos. El Salvador y Nicaragua ya han cruzado la línea hacia formas autocráticas. Incluso Costa Rica, aún clasificada como democracia plena, muestra signos de alerta: deterioro de la separación de poderes, ataques a la prensa y deslegitimación de los poderes Judicial y Legislativo. Panamá y República Dominicana se califican como democracias imperfectas. Todo según el informe publicado en 2025.

Para Alberto Mora, coordinador de investigación del informe, toda esta información pone a la región en un espacio de tensión de la convivencia democrática.

Uno de los hallazgos más inquietantes tiene que ver con las actitudes ciudadanas. A partir del Barómetro de las Américas, el equipo investigador identificó que en todos los países predomina un perfil populista: personas que consideran que la democracia es el mejor sistema, pero que aceptarían un líder fuerte que resuelva los problemas, aunque ello implique romper las reglas del juego.

En El Salvador, ese perfil alcanza el 60%. En Nicaragua y República Dominicana, el 40%. En Costa Rica, el 39%. Solo entre un 25% y un 33% mantiene una actitud plenamente democrática: cree en la democracia y rechaza la concentración de poder. “Y en El Salvador, apenas un 13% tiene este perfil plenamente democrático”, advierte Mora.

La paradoja es clara: todavía más personas dicen preferir la democracia, pero cada vez más están dispuestas a renunciar a ella. “Eso expresa una insatisfacción profunda”, explica el investigador. No se trata de ideología ni de militancia autoritaria. Se trata de decepción.

Quienes más necesitan un Estado democrático que funcione, son quienes más rápido pierden la fe en su utilidad. La democracia pierde apoyo no por convicción, sino por su incapacidad de responder a las demandas sociales.

Es positivo que amplios sectores de la población sigan considerando que la democracia es el mejor sistema de gobierno. Pero lo que estamos viendo es un llamado de atención muy importante al sistema político, para que, utilizando las reglas de la democracia, logre acercar su agenda a las prioridades, necesidades y expectativas de la ciudadanía”, subraya Mora.

Los procesos de apertura política se enfocaron en elecciones y acuerdos de paz, pero no transformaron las estructuras sociales que sostienen la pobreza y la exclusión. En ese vacío germina la idea de que un “hombre fuerte” puede solucionar lo que el sistema no ha sabido —o no ha querido— enfrentar.

En Honduras, por ejemplo, ocho de cada diez hogares viven en pobreza. Apenas se invierten 200 dólares por persona al año en salud y educación. En Costa Rica, esa cifra se eleva a 1400. La debilidad institucional no es nueva, pero ya resulta insostenible.

Y sin respuestas eficaces, la promesa democrática se vacía. “El retroceso político tiene coherencia con lo que la gente está expresando”, afirma Mora. Esa expresión se traduce también en más gasto militar, fortalecimiento de fuerzas armadas, debilitamiento del sistema judicial y recorte de libertades. En varios países se invierte más en ejércitos que en tribunales.

El Salvador y Nicaragua han retrocedido a niveles similares a los peores momentos del siglo pasado en cuanto a libertades básicas. La posibilidad de recuperar la democracia en estos países, dice Mora, “es incierta”.

El informe también alerta sobre el debilitamiento de los partidos políticos, la erosión de los contrapesos institucionales, el deterioro de la libertad de prensa y el avance de poderes ejecutivos que desdibujan los límites del sistema republicano. Incluso en Costa Rica, los retrocesos son visibles: agresiones verbales desde el Ejecutivo a la prensa, al Congreso y al Poder Judicial.

A nivel global, el contexto tampoco ayuda. El entorno internacional es volátil y hostil. La región tiene márgenes de maniobra cada vez más reducidos, y la fragmentación interna y el debilitamiento de la integración regional agravan el aislamiento. “Hemos dejado de hablar entre nosotros como región”, lamenta Mora.

En ese contexto, la democracia permanece como un marco valorado, pero cada vez más desafiado por la frustración social, el deterioro institucional y la tentación de atajos. La tensión entre forma y fondo, entre discurso y práctica, se ha vuelto el escenario central de una región que aún no resuelve cómo gobernarse.

La solución a todo esto no parece pasar por esgrimir la necesidad de fortalecer las instituciones o respetar la democracia y los contrapesos, sino por exponer la manera en que se solucionarán los principales problemas de la población sin caer en las promesas vacías. ¿Estarán los equipos de trabajo de las próximas candidaturas listas para ese reto?

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