En un país como Costa Rica, que atraviesa una grave crisis de seguridad pública, como embajador de Italia a menudo se me pregunta cómo y a través de qué instrumentos mi país logró vencer al terrorismo y la emergencia de la criminalidad organizada de los años 80 y 90 del siglo pasado.

El fenómeno mafioso se asentó desde siglos en Italia. Se desarrolló en Sicilia en el siglo XIX, pero es solo en los años setenta que se comenzó a hablar de la llamada *"emergencia mafiosa"*. La novedad principal con respecto al pasado fue la forma en que se expresó la violencia: el uso de herramientas típicas del terrorismo, como los coches bomba, se dirigió también contra los representantes de las instituciones (políticos, magistrados, miembros de las fuerzas del orden).

El ataque directo al Estado representó el momento decisivo en la lucha contra la mafia. La tasa de homicidios alcanzó su pico en 1991, con más de 2.500 homicidios, correspondiente a una tasa que superaba los 3,4 homicidios por cada 100.000 habitantes.

En el frente institucional, la *“legislación de emergencia”* fue la respuesta política que los partidos y las instituciones pusieron en marcha para enfrentar esta emergencia. En el ámbito social, los homicidios de altos representantes del Estado provocaron la reacción de asociaciones y ciudadanos que asumieron iniciativas autónomas de acción colectiva.

Otro paso crucial fue la *“estrategia de la tensión”* perpetrada por la organización mafiosa siciliana Cosa Nostra entre 1992 y 1993, con varios atentados con explosivos en Sicilia y luego en Roma, Florencia y Milán. Por primera vez, la emergencia mafiosa se trasladó fuera de Sicilia, lo que fue interpretado como el avance de tales organizaciones más allá de sus fronteras tradicionales. Las reacciones institucionales y de movimientos ante el nuevo rumbo de Cosa Nostra fueron inmediatas e importantes. La legislación antimafia se volvió más estricta y su aplicación generó efectos concretos y relevantes.

¿Qué instrumentos se identificaron y se pusieron en práctica?

  • Una legislación rigurosa: El Parlamento italiano adoptó rápidamente una serie de leyes específicas para contrarrestar primero el terrorismo y posteriormente las organizaciones mafiosas, respondiendo con decisión a la emergencia. Una de las leyes más significativas fue la ley Rognoni-La Torre de 1982, que introdujo por primera vez en el código penal el delito de asociación mafiosa, reconociendo y penalizando de manera específica la pertenencia a un grupo criminal que operaba bajo la influencia de las mafias.
  • La ley, además, permitía la incautación de bienes mafiosos, una poderosa arma contra la criminalidad organizada, ya que golpeaba directamente su poder económico y patrimonial, debilitando las bases sobre las que estas organizaciones se habían arraigado. Otra importante intervención legislativa fue la que fijó penas particularmente severas (como la cadena perpetua) y un régimen de cárcel dura para los jefes mafiosos, tratando de golpear la estructura verticalista de las organizaciones mafiosas.
  • Compromiso de las fuerzas del orden: Las fuerzas del orden italianas crearon unidades especializadas para enfrentar las diferentes formas de criminalidad organizada. El ROS (Raggruppamento Operativo Speciale) de los Carabinieri (la policía militar italiana) se dio a conocer en razón de sus operaciones encubiertas y de sus investigaciones exhaustivas. También la Dirección Investigativa Antimafia (DIA) jugó un papel crucial, coordinando las actividades de investigación e inteligencia a nivel nacional.
  • Testimonios de “arrepentidos”: El poder de las organizaciones mafiosas italianas se basó principalmente en la secretividad, en la omertà, en el silencio. Por esta razón, las declaraciones de los colaboradores de justicia (los llamados “arrepentidos”) tuvieron un impacto significativo en los juicios contra la mafia. Los exmiembros de las organizaciones proporcionaron, de hecho, detalles valiosos sobre los procedimientos y los mecanismos que llevaron a condenas importantes y contribuyeron al desmantelamiento de las redes criminales.
  • Sin embargo, al violar estos principios sagrados dentro de las organizaciones, los colaboradores de la justicia italiana se convirtieron en objeto de venganzas transversales muy crueles que a menudo resultaron en el asesinato de sus familiares y parientes más cercanos. Para introducir protección a los colaboradores, la Ley del 15 de marzo de 1991, n. 82 estableció el Servicio Central de Protección, al cual se le encomendó la gestión del servicio de protección, así como la determinación y aplicación concretas de las necesarias medidas tutelares y asistenciales.
  • Apoyo a las víctimas: Paralelamente a los sistemas de protección dedicados a los colaboradores, el apoyo a las víctimas y a sus familias representó otro elemento fundamental. Quien sufre amenazas, extorsiones o violencias a menudo vive en una condición de aislamiento y miedo, lo que puede desanimar la denuncia y reforzar el poder de las organizaciones criminales. Por esta razón, se establecieron programas de asistencia legal y apoyo psicológico.
  • Colaboración internacional: La lucha contra la mafia terrorista de los años 80 y 90 en Italia ha demostrado la importancia de la cooperación entre Estados en la represión de la criminalidad organizada, que opera mucho más allá de las fronteras nacionales. Colaboraciones activas con países como Estados Unidos han permitido contrarrestar el tráfico internacional de drogas.
  • Educación y sensibilización: El gobierno y las organizaciones no gubernamentales lanzaron campañas de sensibilización para educar a los ciudadanos sobre los peligros de la mafia. Iniciativas en escuelas y centros comunitarios alentaron a los jóvenes a mantenerse alejados de la criminalidad y a comprender la importancia de la legalidad. La promoción de la *“cultura de la legalidad”* fue fundamental para el cambio a largo plazo.
  • Desarrollo económico: En las zonas caracterizadas por un tejido económico frágil y una alta desocupación, las organizaciones mafiosas encontraron históricamente un terreno fértil para el reclutamiento. Las inversiones en infraestructuras, agricultura y en pequeñas y medianas empresas han representado una importante estrategia para crear alternativas económicas a la criminalidad organizada.

Pero el instrumento más poderoso y decisivo en la lucha contra la mafia y el terrorismo, la verdadera arma secreta, fueron el consenso y la movilización social. La movilización colectiva representó un punto de inflexión fundamental, permitiendo al Estado, a la magistratura y a las fuerzas del orden actuar con mayor determinación. La implicación de todos los componentes de la sociedad – desde las instituciones políticas y económicas hasta los sindicatos, desde los trabajadores hasta las organizaciones no gubernamentales – logró articular un frente común contra un enemigo percibido como una amenaza para toda la comunidad.

Esta unidad de la sociedad italiana permitió contrarrestar no solo la acción directa de la criminalidad organizada, sino también el clima de omertà y miedo sobre el que esta se apoyaba para mantener el control del territorio. A través de campañas de sensibilización, manifestaciones públicas e iniciativas educativas, la sociedad civil fue fortaleciendo progresivamente su rechazo hacia la mentalidad mafiosa, apoyando concretamente a quienes luchan en primera línea.

En un país donde la cohesión social a menudo es puesta a prueba por divisiones económicas, políticas y culturales, alcanzar un nivel similar de movilización representó un resultado de gran valor. La conciencia colectiva de que la criminalidad organizada no es solo un problema de las instituciones, sino un desafío que concierne a todos, transformó la lucha contra la mafia en un compromiso compartido, demostrando que solo a través de la unidad es posible erradicar fenómenos tan arraigados y peligrosos.

Aunque se han logrado avances significativos, la mafia y otras organizaciones criminales siguen siendo una amenaza viva: la vigilancia continua es fundamental para mantener los resultados obtenidos y perseguir una sociedad más justa y libre de criminalidad.

En la lucha contra la criminalidad organizada es esencial la coexistencia de dos pilares clave: el institucional y el social.

Tanto la aplicación de disposiciones legales específicas y dirigidas como las actividades de los aparatos judicial y policial, así como las acciones de la sociedad civil son elementos indispensables para contrarrestar eficazmente la criminalidad organizada. Sin embargo, lo que realmente hace incisiva esta lucha es la conexión y la sinergia entre los dos mundos. Las instituciones, por sí solas, no pueden lograr resultados duraderos sin el apoyo de la sociedad civil, así como el compromiso social sería insuficiente sin un marco normativo sólido y una acción represiva efectiva.

Cuando instituciones y ciudadanos actúan juntos, las organizaciones criminales pierden terreno, ya que se le priva de su principal instrumento de poder: el miedo y el silencio.

Finalmente, es importante recordar la importancia de la cooperación multilateral. A través de acuerdos bilaterales y redes de investigación internacionales, Italia ha podido fortalecer sus operaciones contra el lavado de dinero y el tráfico de drogas, demostrando que la lucha contra la criminalidad organizada no puede ser combatida solo a nivel nacional, sino que requiere una respuesta global y coordinada.

El año pasado (2024) se cometieron 341 asesinatos en Italia, es decir, 1,2 por cada 100.000 habitantes, la cifra más baja de toda Europa. La estrategia italiana tuvo éxito.

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