La planificación urbana es esencial para el desarrollo sostenible y equitativo de nuestras ciudades. Sin una regulación adecuada, el crecimiento urbano puede conducir a problemas como la congestión vial, la proliferación de asentamientos informales y la insuficiencia de servicios públicos. En este contexto, el proyecto de ley 23.829, que propone la reforma y adición de varios artículos a la Ley de Planificación Urbana (Ley N.º 4240 de 1968), representa un avance significativo para dotar a las municipalidades de herramientas más eficaces en la gestión territorial.

Problemas actuales de la planificación urbana en costa rica

Actualmente, la planificación urbana en Costa Rica enfrenta desafíos derivados de un marco legal desactualizado y limitaciones en la gestión municipal. Entre los principales problemas destacan:

  • Falta de autonomía municipal: Las municipalidades, aunque son responsables de la regulación del uso del suelo, dependen de aprobaciones de entidades nacionales como el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU). Esto retrasa los procesos y limita la capacidad de acción local.
  • Crecimiento urbano desordenado: La falta de actualización de los planes reguladores y la debilidad de los mecanismos de supervisión han llevado a una expansión descontrolada de las ciudades, afectando la movilidad, el acceso a servicios y la sostenibilidad ambiental.
  • Duplicidad de funciones entre entidades: La actual legislación genera una superposición de competencias entre el INVU y las municipalidades, provocando confusiones y obstaculizando una gestión urbana eficiente.
  • Inseguridad jurídica en la inversión y el desarrollo: La ambigüedad en la normativa dificulta la inversión pública y privada en infraestructura y vivienda, afectando el crecimiento económico y la generación de empleo.

Beneficios claves del proyecto de ley

La reforma propuesta en el expediente 23.829 busca solucionar estos problemas mediante la modernización del marco legal y el fortalecimiento de la autonomía municipal en materia de planificación urbana. Algunos de sus principales beneficios incluyen:

  • Fortalecimiento de la autonomía municipal: El proyecto de ley establece explícitamente que las municipalidades tienen la competencia exclusiva para elaborar y aprobar los planes reguladores cantonales, sin necesidad de depender de la validación de otras entidades nacionales. Esto permitirá agilizar los procesos de ordenamiento territorial y adaptar las regulaciones a las necesidades específicas de cada cantón.
  • Reducción de la burocracia y mayor eficiencia en la planificación: Actualmente, la aprobación de un plan regulador puede tardar años debido a los trámites y requisitos impuestos por múltiples entidades. Con esta reforma, los procesos serán más expeditos, permitiendo una mejor planificación y ejecución de proyectos urbanos.
  • Ordenamiento territorial más eficiente y desarrollo sostenible: La implementación de planes reguladores actualizados y adaptados a cada cantón contribuirá a un crecimiento urbano ordenado, garantizando la adecuada distribución del suelo y evitando problemas como la expansión descontrolada y la degradación ambiental.
  • Mejor calidad de vida para la ciudadanía: Un mejor ordenamiento territorial permitirá la creación de espacios públicos adecuados, infraestructura vial eficiente, áreas de recreación y zonas habitacionales con acceso a servicios básicos, mejorando la calidad de vida de los habitantes.
  • Impulso a la inversión y la economía local: La seguridad jurídica en materia de uso del suelo y desarrollo urbano facilitará la inversión en infraestructura, generando oportunidades de empleo y dinamizando la economía local.

Apoyo institucional y político

La Federación Occidental de Municipalidades de Alajuela (Fedoma) ha sido fundamental en la promoción de esta reforma. En colaboración con la Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores (Upanacional), Fedoma ha solicitado apoyo para el proyecto de ley 23.829, que busca garantizar que el ordenamiento territorial y los planes reguladores sean diseñados desde las comunidades, quienes mejor conocen sus necesidades, y aprobados por los gobiernos locales, fortaleciendo así la autonomía municipal.

Además, el diputado Luis Diego Vargas Rodríguez ha sido un firme defensor de esta iniciativa. Su liderazgo ha sido crucial para avanzar en la tramitación del proyecto de ley, buscando garantizar que las municipalidades cuenten con las herramientas necesarias para una planificación urbana efectiva. Recientemente, participó en el XI Congreso de Upanacional, donde abordó temas de interés del sector y reiteró su apoyo al proyecto de ley 23.829, enfatizando la importancia de que las personas tengan el poder de decidir sobre sus terrenos.

Asimismo, se han llevado a cabo foros informativos sobre la reforma a la Ley de Planificación Urbana, con amplia participación de diversos sectores, incluyendo Fedoma, Asondeprop, Upanacional, Conadeco, cooperativas, sector productivo, alcaldías y sociedad civil. Estos encuentros buscan informar y generar consenso en torno a la necesidad de que los planes reguladores sean elaborados desde las comunidades, reflejando sus necesidades y realidades específicas.

El proyecto de ley 23.829 representa una oportunidad histórica para modernizar la legislación en planificación urbana en Costa Rica. Su aprobación permitirá fortalecer la autonomía municipal, reducir la burocracia, ordenar el crecimiento de las ciudades y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es responsabilidad de todos los sectores, desde las autoridades locales hasta la sociedad civil, impulsar esta reforma y garantizar que nuestras ciudades se desarrollen de manera ordenada, sostenible y eficiente.

Apoyemos este cambio y construyamos un futuro urbano más justo para todos.

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