La iniciativa le quitaría dos puestos al Estado, y el derecho de nombrar al presidente de la institución.
El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) autorizó el proceso de recolección de firmas para llevar a referéndum un proyecto de ley de iniciativa ciudadana que pretende "despolitizar" la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
La iniciativa en cuestión pretende eliminarle al Estado dos de los tres representantes que tiene en la Junta Directiva de la Caja, además de eliminarle la potestad de nombrar a la presidencia ejecutiva de esa institución. Los dos puestos que se le quitarían al Estado pasarían a ser representantes de las personas aseguradas, que se escogerán en asambleas de organizaciones o entes de asegurados inscritos legalmente y convocados para tal efecto.
El exdiputado Walter Muñoz Céspedes es quien lidera el grupo que pretende llevar a referéndum esta iniciativa. Meses atrás, la Sala Constitucional se trajo abajo la primera versión de su proyecto, pues pretendía que la representación de las personas aseguradas fuera nombrada por una asociación privada de su propiedad, lo cual se determinó carecía de fundamentación y lucía discriminatorio.
Esta mañana se compartió el anuncio en conferencia de prensa. Foto: Cortesía.
El proyecto fue modificado en cinco ocasiones, hasta que el TSE autorizó el proceso de recolección de firmas equivalentes al 5% del padrón en un plazo de nueve meses, prorrogable por un mes más.
La iniciativa dispone que la Junta de la CCSS mantendrá su integración de 9 integrantes y cada uno durará en su cargo cinco años con posibilidad de reelegirse: tres representantes de los patronos, nombrados por la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep); tres representantes de los trabajadores, nombrados por los sectores sindicales, solidaristas y cooperativistas; uno del Estado, y dos representantes de las personas aseguradas.
La presidencia de la CCSS dejaría de ser nombrada por el Consejo de Gobierno, que responde al Ejecutivo, y en su lugar sería rotatoria y por un plazo de un año, de modo que cada integrante pueda tener la posibilidad de ocupar ese puesto.
El proyecto también despolitizaría el nombramiento de la gerencia general de la institución y de la gerencia de pensiones, dándole la estabilidad e inamovilidad durante su nombramiento que actualmente tienen las gerencias administrativa, médica, y financiera.
Por último, la iniciativa dispone la creación por ley del Departamento Actuarial, que tendrá una actuación imparcial y cuyo fin será que cada fin de año informe a la Junta Directiva sobre el estado financiero de la institución, con énfasis en todo lo referente a las pensiones el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, el de Enfermedad y Maternidad; y obligando a la Junta Directiva a acatar las recomendaciones de dicho informe, procurando que las finanzas tengan un superávit.
Ese departamento estará integrado por un jefe de departamento que será nombrado por la Junta Directiva de una terna que recomendará el gerente general de la institución. Dicha jefatura dependerá de la Junta Directiva en su nombramiento y estará sujeto a las prohibiciones establecidas para los miembros de la Junta Directiva, gerente general y los subgerentes.
