La CCSS le reclama al ICE el pago de 75.613 millones de colones por el aporte de sus utilidades netas al IVM que establece la Ley 7983.

El Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) emitió esta tarde un comunicado de prensa indicando que durante el 2024 canceló 67.700 millones de colones en cuotas obrero patronales a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), y asegurando que está al día con sus obligaciones con esa institución.

El comunicado del ICE se dio luego de que este lunes La Nación informará que la CCSS le cobra al ICE 75.613 millones de colones de aportes al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). Sin embargo, esa deuda no corresponde a cuotas obrero patronales, sino que se origina en el aporte del 15% de sus utilidades que la Ley de Protección al Trabajador (Ley 7983) estableció a varias empresas estatales.

Dato D+: El artículo 78 de la Ley 7983, reformado en 2018, establece que Correos de Costa Rica, la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), el Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), el Instituto Nacional de Seguros (INS), la Editorial Costa Rica, el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) y el Banco de Costa Rica (BCR) deben contribuir anualmente el 15% de sus utilidades netas para fortalecer el fondo del IVM.

Sobre el cobro de ese aporte adicional que fija la Ley 7983, desde el ICE indicaron:

La CCSS pretende realizar, contrario al ordenamiento que rige al país, un cobro adicional al Instituto. Por ello, el ICE presentó un proceso ordinario en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, donde se encuentra en discusión la legalidad de dicho cobro".

Según el ICE la Ley de Creación del Instituto Costarricense de Electricidad (Ley 449) de 1949, y la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Empresas Públicas del Sector Telecomunicaciones (Ley 8660) de 2008, establecen que la institución debe reinvertir sus excedentes en actividades propias con miras al cumplimiento de sus cometidos legales, y concluyeron:

Como parte del Estado de Derecho, será un Tribunal de la República quien defina la legalidad del cobro".