Ovsicori pide apoyar proyecto de ley que devolvería financiamiento a ese y otros organismos de vigilancia.
La vigilancia de la actividad tectónica y volcánica en Costa Rica podría quedar suspendida debido a la falta de recursos económicos, tras la caducidad en 2023 del financiamiento proveniente del Fondo Nacional de Emergencias, que respaldaba las labores del Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori) de la Universidad Nacional (UNA).
La interrupción afecta la adquisición y mantenimiento de equipos para monitoreo sísmico, geodésico y volcánico, así como el funcionamiento del sistema de alerta temprana de sismos, lo que comprometería la respuesta ante emergencias y la coordinación con otras instituciones.
Esteban Chaves, director del Ovsicori-UNA, destacó la relevancia de la vigilancia geodinámica en el país. Entre los logros recientes del observatorio están la alerta temprana ante la erupción del volcán Poás en 2024, que permitió mantener abierto el parque nacional con medidas de seguridad adecuadas, y la implementación de un sistema de alerta sísmica que brinda hasta 30 segundos de anticipación a los usuarios de teléfonos móviles.
Actualmente, el Ovsicori trabaja en el monitoreo de la actividad sísmica en la península de Osa, donde se espera un terremoto de magnitud entre 7,2 y 7,4 en un futuro cercano.
Ante este panorama, la diputada Rosaura Méndez Gamboa (PLN) presentó el proyecto de ley 24.738, que propone adicionar el artículo 46 ter a la Ley Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo.
La iniciativa plantea destinar un 0,60% de las primas de seguros de vida, salud e incendios para financiar de forma permanente a entidades como el Ovsicori, la Red Sismológica Nacional (RSN), el Laboratorio de Ingeniería Sísmica (LIS) de la Universidad de Costa Rica y el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).
De aprobarse, el Ovsicori recibiría un 35% de estos fondos, lo que equivaldría a cerca de ¢600 millones anuales para la adquisición de nuevos equipos y la expansión de la red de monitoreo. El proyecto fue incluido en la agenda de la Comisión de Asuntos Hacendarios el pasado 18 de febrero.
