El pasado 5 de febrero, varias personas estudiantes y parte de organizaciones, sectores y colectivos sociales salimos a marchar de forma pacífica hacia Casa Presidencial para exigirle al Gobierno de la República respeto hacia los derechos humanos. Esto, en consecuencia, a las acciones de las últimas semanas tomadas por el Poder Ejecutivo en relación a la eliminación de programas de educación sexual y afectiva, la erradicación de políticas contra la discriminación en razón de la identidad de género u orientación sexual dentro del entorno escolar, la supresión de la figura del Comisionado de Inclusión Social, la proposición del endurecimiento de las penas por efectuar un aborto, entre otras. A estas acciones, que ya en sí constituyen un claro atentado contra los derechos humanos, debemos sumarle la persecución política que recibió un ciudadano que colaboró con la participación de una tumbacocos para asegurar que las voces de quienes se manifestasen fuesen escuchadas por el señor presidente, por parte de cuerpos policiales.

Ante todo lo anterior, mi artículo de hoy estará enfocado en la forma en la que la criminalización de los derechos humanos constituye un primer paso hacia un régimen autoritario. Y es que recordemos que, sumado a los ataques a la prensa, la prevalencia del personalismo político y el discurso populista, el impulso de la desinformación, los ataques a la oposición, la interferencia con la división de poderes (que por cierto, es algo que la Relatora Especial de la Organización de Naciones Unidas sobre la Independencia de Magistrados y Abogados, Margaret Satterthwaite, advirtió recientemente respecto a Costa Rica), entre otras características, la criminalización de los derechos humanos constituye una de las primeras estrategias tomadas por los líderes autoritarios para imponer un régimen en el que las libertades fundamentales dejen de existir.

Aunque tal vez usted quién me lee vaya a pensar que quizás yo estoy exagerando, debo decir que no es difícil notar la actitud autoritaria del presidente Rodrigo Chaves.

Tampoco es complejo notar el abrumador aumento del apoyo hacia el autoritarismo que ha habido en Costa Rica, como lo demostró una encuesta de opinión pública que hizo el Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA) en el 2023, la cual reveló que un 73% de los 855 encuestados mostró una alta disposición hacia las actitudes de esta índole. En este sentido, cuando decimos que en Costa Rica el autoritarismo está aumentando y cada vez más el sentimiento democrático se deteriora, no es algo fuera de este mundo.

El aumento del autoritarismo, como decía inicialmente, va fuertemente arraigado a la criminalización de los derechos humanos. Si lo pensamos, en nuestro país cada vez más impera un sentimiento de odio en medios como las redes sociales contra grupos de población históricamente sujetos a discriminación, como lo han puesto en evidencia los informes de los últimos años sobre discursos de odio en el país elaborados por el Sistema de Naciones Unidas en Costa Rica en conjunto con COES Comunicación. No sería ajeno considerar que esta situación se da de la mano con la proyección de los comportamientos chabacanes, matones, e incluso vulgares que han sido normalizados por parte del gobierno chavista y sus aliados. Precisamente, los mismísimos ataques contra quienes abogan por los derechos humanos, se dan desde discursos que se refugian en lo más profundo de, como diríamos coloquialmente en Costa Rica, el pachuquismo.

Ahora bien, aquí es importante hacer una distinción: ¿ha notado usted alguna vez cómo, cuando se habla de pachuquismo o de encontrar a quienes cometen acciones contrarias al orden público, muchas veces se señala a las personas que participan de manifestaciones? Y ha llegado a pensar si las mismas personas que dicen esto, ¿han señalado alguna vez con la misma fuerza a los sectores ultraconservadores que propician espacios para discursos de odio o generan comentarios apoyados en estas narrativas, o incluso, al mismísimo chavismo costarricense?

Lo anterior se ha dado, precisamente, porque movimientos fanáticos, extremistas o de odio, como lo han sido el sector chavista o el sector ultraconservador y negacionista de los derechos humanos costarricense, han llegado a apropiarse del discurso público de una forma muy estratégica, en la que han logrado que el pueblo critique a quienes lo defienden y respalden a quienes lo dejan de lado. De este modo, el chavismo y el ultraconservadurismo costarricense, que en nuestro país cada vez se vuelven más notorios, han tomado las riendas de la narrativa nacional desde el Poder Ejecutivo (el cual debería ser, en la teoría, el ejemplo de liderazgo para el pueblo costarricense) para darle forma a la opinión popular según su conveniencia y poner a las personas en contra de ellas mismas. Esto, para lograr, de forma desapercibida, mantener su status quo y darle continuidad a sus acciones contrarias a los derechos humanos, sin recibir reclamos.

En otras palabras, podemos decir que la estrategia del chavismo y el ultraconservadurismo, va enfocada en hacer que el mismo pueblo entre en conflicto desde lo interno, para que así se desarticule y se debilite, de manera tal que las fuerzas externas que gobiernan, puedan fortalecerse. Por esta razón, es que, por ejemplo, vemos muchísimos cuerpos policiales para atender manifestaciones pacíficas, pero no vemos la misma cantidad o coordinación cuando, por ejemplo, hay que atender una situación de inseguridad en alguna zona determinada. Porque al final, se intenta criminalizar a quienes luchan por los derechos para que quienes los arrebatan lo hagan sin consecuencia alguna.

En el marco de los regímenes autoritarios, esta práctica es muy común. Sin embargo, pueblo costarricense, es hora de que nos percatemos que la persona que intenta acabar con nuestro sistema democrático, nuestras garantías sociales, nuestras libertades y nuestros derechos no proviene de los sectores realmente populares o sociales.

Es hora de darnos cuenta de que no somos las personas que exigimos nuestros derechos quienes poseemos alrededor, más o menos de 40 causas abiertas en Fiscalía. No somos las personas que exigimos nuestros derechos quienes estamos bajo investigación del Tribunal Supremo de Elecciones por financiamiento irregular en campañas electorales. No somos las personas que exigimos nuestros derechos quienes hemos realizado recortes a la educación y la salud. No somos las personas que exigimos nuestros derechos quienes hemos sido negligentes con la crisis de inseguridad en nuestro país. No somos las personas que exigimos nuestros derechos quienes hemos dado la espalda al pueblo. Es hora que nos demos cuenta que el momento para unirnos para defender nuestros derechos humanos y nuestra democracia es ahora. Y el primer paso, es reconociendo que la criminalización de los derechos humanos es un primer paso muy peligroso para la instauración de un régimen autoritario.

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