Al esgrimir que el proyecto es inconstitucional, el veto deberá ser estudiado por la Sala Constitucional.

El gobierno de Rodrigo Chaves Robles vetó totalmente el decreto legislativo 10.643, "Ley para fomentar los vuelos de bajo costo entre Costa Rica y Centroamérica", por razones de oportunidad, conveniencia y constitucionalidad.

La decisión, formalizada mediante el oficio PR-P-0001-2025 con fecha del 14 de febrero y notificada este martes a la Asamblea Legislativa, deja temporalmente sin efecto la iniciativa impulsada por el Partido Liberal Progresista, que buscaba incentivar la conectividad aérea regional mediante una reducción en los impuestos aplicados a los boletos de avión con destino a Centroamérica y República Dominicana.

El veto fue suscrito por el presidente Chaves, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén; el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraín Zeledón Leiva; y el ministro de Turismo, William Rodríguez López.

En el documento remitido a la Asamblea Legislativa, el Ejecutivo argumentó que la reducción de tributos propuesta en la ley representaría un impacto fiscal negativo para el país, estimado en 2999 millones de colones anuales, sin que existan garantías de que el aumento en la demanda de vuelos compense esa disminución en la recaudación.

El gobierno alegó para vetar la norma que la iniciativa legislativa se fundamentó en un estudio del Banco Mundial titulado "Integración de los Servicios Aéreos en América Central. Reducción de los costos del transporte aéreo intrarregional: un estudio para América Central, República Dominicana y Belice", que no fue elaborado específicamente para Costa Rica, lo que genera dudas sobre las proyecciones de elasticidad de la demanda y los supuestos beneficios económicos de la ley.

Además, el gobierno advirtió que la reducción del derecho de salida de $27 a $14 y del impuesto de ingreso de $15 a $4 para vuelos con destino a Centroamérica podría comprometer la estabilidad fiscal del país, dado que estos tributos son una fuente importante de financiamiento para diversos programas públicos. Según el Ejecutivo, los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda evidencian que el eventual incremento en la cantidad de pasajeros no sería suficiente para compensar la pérdida de ingresos tributarios, lo que obligaría al gobierno a recortar recursos en áreas estratégicas.

El documento del veto también señala que la reducción de los ingresos fiscales afectaría directamente el presupuesto del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entidad que depende en gran medida del impuesto de salida de pasajeros para financiar sus campañas de promoción internacional. De acuerdo con el gobierno, debilitar la capacidad financiera del ICT representaría un riesgo para la industria turística costarricense, en un contexto donde el país compite con otros destinos internacionales por la atracción de visitantes.

Otro de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo es que la promoción de un modelo de turismo multidestino, como el que plantea la ley, podría reducir la estadía promedio de los turistas en Costa Rica, con el consecuente impacto económico para el sector. Según datos oficiales, los turistas internacionales que visitan el país permanecen en promedio 13 noches, una de las cifras más altas a nivel mundial.

El gobierno expresó su temor de que, al reducir las tarifas aéreas a destinos centroamericanos, los visitantes opten por dividir su estancia entre varios países, en lugar de permanecer más tiempo en suelo costarricense. Esta dinámica podría traducirse en una disminución en el gasto promedio por turista, afectando sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio, que dependen del turismo como una de sus principales fuentes de ingresos.

Según el veto, la reducción de impuestos a los boletos podría alterar la estructura tarifaria del mercado, incentivando a las aerolíneas a redirigir su oferta de vuelos hacia rutas con menores cargas tributarias, lo que, en última instancia, podría afectar la disponibilidad de conexiones internacionales para Costa Rica.

Desde el punto de vista constitucional, el Ejecutivo consideró que la ley introduce una forma de regulación de tarifas en el transporte aéreo que no está contemplada en el ordenamiento jurídico costarricense. De acuerdo con el análisis de la Presidencia, el artículo 46 de la Constitución establece que la regulación de precios solo puede aplicarse en circunstancias excepcionales y bajo criterios de proporcionalidad, lo que, según el gobierno, no se cumple en este caso.

Además, el documento señala que la norma podría entrar en conflicto con compromisos internacionales adquiridos por Costa Rica en materia de comercio y aviación civil, al introducir una distorsión en el mercado mediante incentivos fiscales selectivos.

El veto deberá ser notificado al Plenario de la Asamblea Legislativa en su próxima sesión, y según dispone el reglamento del Congreso, el asunto deberá trasladarse a la comisión que dictaminó el proyecto, donde ocupará el primer lugar de la agenda, sobre cualquier otro asunto, para que en un plazo improrrogable de un mes rinda un informe al pleno recomendando acoger o no las objeciones del Ejecutivo.

El reglamento del Congreso no prevé un mecanismo para el trámite de vetos mixtos, es decir, donde se mezclan razones de oportunidad y conveniencia, con razones de constitucionalidad. Cuando un veto solo tiene las primeras dos características, la Asamblea puede acoger el veto o rechazarlo y resellar el proyecto con mayoría calificada, haciéndolo ley con la firma del presidente del Congreso.

Cuando un veto tiene razones de constitucionalidad, la comisión dictaminadora debe recomendar al plenario aceptar o no los cuestionamientos hechos por el gobierno. Si las estima procedentes, propondrá al Plenario un nuevo dictamen con las modificaciones pertinentes para eliminar las normas inconstitucionales, o bien procederá al archivo del proyecto si la inconstitucionalidad resulta insalvable. Si el informe recomienda no aceptar las objeciones de constitucionalidad, el plenario deberá votar por enviar de inmediato el asunto a la Sala Constitucional, para que allí se dirima si el Ejecutivo lleva razón o no, en sus razones para haber vetado alegando inconstitucionalidad del proyecto.

En caso de que la Sala Constitucional rechace las objeciones del Poder Ejecutivo, la Presidencia de la Asamblea lo informará al Plenario y devolverá el Decreto Legislativo al Poder Ejecutivo para que lo firme y ejecute como ley.

Sin embargo, ello dejaría aún vivas las razones de oportunidad y conveniencia para haber vetado, por lo que el plenario también tendría que votar sobre ellas ya sea acogiéndolas o no, lo que desencadenaría un nuevo resello.

Reacciones

El presidente de la república, Rodrigo Chaves Robles, arremetió contra el diputado Eliecer Feinzaig Mintz, impulsor de este proyecto de ley, señalando que el Partido Liberal Progresista que él creó se derrumbó ante sus ojos y que, "gracias a su incapacidad", no aparece en las encuestas, mientras que su gobierno "tiene un apoyo del 75%".

Don Eli está promoviendo una ley que defiende los intereses y promueve los intereses de ciertas aerolíneas. (...) Un día menos que estén los turistas que vienen de afuera, vale 360 y pico de millones de dólares para el país, para el 8% o 9% del empleo, tal vez 10%, que trabaja en turismo. Pero Don Eli, al igual que con el veto de la Unión Europea, al igual que la rebaja de los marchamos para los carros caros, al igual que con todo lo que él hace, sigue comportándose, pareciera no, claramente defendiendo los intereses de pocos a costa de los de muchos".

El diputado Feinzaig envió un video a la prensa señalando que la ley de vuelos de bajo costo es para el beneficio de todos los costarricenses, para bajar el costo de la vida y para crear oportunidades de desarrollar negocios en la región centroamericana.

"Lo curioso es que el presidente Chávez haya escogido convertirse en un obstáculo para que los costarricenses obtengan esos beneficios. El presidente, una vez más, decide personalizar las cosas conmigo y comete un grave error, porque este es un proyecto de ley que tiene el apoyo de todas las bancadas legislativas, excepto el chavismo", afirmó.

Carlos Felipe García, diputado de la Unidad Social Cristiana, dijo que ante la decisión del Poder Ejecutivo de vetar el proyecto de ley, analizarán la posibilidad del resello.

Por su parte, José Pablo Sibaja de Nueva República afirmó que el presidente está en su derecho constitucional de interponer el veto, y que ahora corresponde a la Asamblea Legislativa valorar los argumentos para definir si lo resella o no.

Recordemos que esta no es la primera vez que el presidente veta una ley que sale de la Asamblea Legislativa y pues es un trámite constitucional que él tiene derecho a hacerlo. Sin embargo, si hacemos un análisis de la historia, sería esta, creo yo, la administración que más proyectos de ley ha hecho el presidente veto y los cuales se han resellado acá".