Mideplán estima que las reformas implicarían un aumento del gasto de 161.950,11 millones de colones.

El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) y el Ministerio de Hacienda informaron el pasado viernes al Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el impacto fiscal que tendría el avance de diversos proyectos de ley impulsados por la Asamblea Legislativa, los cuales buscan excluir a instituciones y sectores de la Ley Marco de Empleo Público (Ley 10.159).

Según informó Mideplán en un comunicado de prensa, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Marta Esquivel Rodríguez, solicitó al FMI “llamar la atención de los legisladores sobre los posibles efectos negativos de estas iniciativas de ley en los compromisos asumidos por el país con el FMI en el pasado, así como la responsabilidad que recaería sobre ellos al ignorar el esfuerzo nacional realizado durante años para mejorar las condiciones fiscales de Costa Rica”.

En un comunicado de prensa desde Mideplán señalaron que en la Asamblea Legislativa se debaten proyectos de ley que intentan modificar la Ley 10.159. Estas propuestas van desde la flexibilización del esquema de salario global hasta la exclusión de ciertas instituciones del régimen unificado, y aseguraron:

Estas iniciativas tendrían un fuerte impacto sobre el gasto público y una mayor presión sobre las finanzas del Estado, comprometiendo los esfuerzos realizados en materia de sostenibilidad fiscal, obligando al Gobierno a eventuales despidos y cierres técnicos de instituciones”.

Además, se tramita el expediente 23.934 que permitiría a todo el personal del sector público que tenga salario compuesto inferior a lo que corresponde a su plaza bajo el sistema de salario global, trasladarse al nuevo sistema de remuneración. Este proyecto ya fue dictaminado y se encuentra esperando iniciar el trámite de mociones 137.

Dato D+: Las mociones 137 son las que se presentan a un proyecto ya dictaminado y deben ser conocidas por la Comisión que estudia dicho proyecto. Estas mociones permiten a congresistas que no forman parte de la Comisión proponer cambios al proyecto y pueden ser presentadas en dos días diferentes.

Adicionalmente, se tramita el expediente 24.191 que permitiría aumentar los pluses salariales existentes, previo a la entrada en vigencia de la Ley 10.159, del personal del Organismo de Investigación Judicial, así como de las limitaciones salariales establecidas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley 9635). Este proyecto ya fue dictaminado y se encuentra en trámite de mociones 137 de primer día.

Dato D+: Debido a que la relación deuda-producto interno bruto (PIB) en 2024 fue inferior al 60%, para el 2026 ya no aplica el congelamiento salarial del sector público, establecido por la regla fiscal de la Ley 9635.

Finalmente la Asamblea Legislativa tramita un proyecto de ley (expediente 24.239) que pretende autorizar a médicos especialistas que trabajen en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y devenguen un salario compuesto, a trasladarse al sistema de salario global si este es mayor al que tienen actualmente. Este proyecto fue dispensado de trámite y está pendiente de votación en el plenario legislativo, sin embargo se encuentra bloqueado con mociones de la bancada oficialista.

Desde Mideplán estimaron que, en caso de aprobarse estos cambios, el país requeriría un aumento presupuestario del 1,31% para cubrir la transición del personal del Poder Ejecutivo con incentivos económicos al esquema de salario global, y aseguraron que esto representaría un monto de al menos ₡161.950,11 millones de colones, equivalente al 0,31% del PIB en 2025. La estimación se hizo sobre la mayoría de las instituciones bajo la rectoría de Mideplán, que no incluye a las instituciones que declararon todos o algunos de sus puestos como exclusivos y excluyentes, lo que incluye al Poder Judicial y la CCSS.

Sobre estas iniciativas, la ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Marta Esquivel Rodríguez, señaló:

Modificar la Ley Marco de Empleo Público sin haberla implementado en su totalidad y en la dirección que proponen estos proyectos legislativos supondría un esfuerzo económico insostenible para los costarricenses, quienes financian los salarios públicos. Debemos garantizar el equilibrio fiscal y la eficiencia del gasto público, evitando decisiones que comprometan la estabilidad financiera del país y los compromisos que se han adquirido en el pasado con organismos internacionales”.

Desde Mideplán aseguraron que los representantes del FMI se comprometieron a analizar este tema en profundidad