Un atraso en la transferencia del subsidio mensual por parte del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam) ha dejado en una situación crítica a los hogares de larga estancia y centros diurnos de todo el país. A pesar de que las organizaciones de bienestar social dependen de estos fondos para garantizar la atención integral de miles de personas mayores en situación de vulnerabilidad, Conapam ha comunicado que el depósito correspondiente a enero de 2025 —que debía realizarse antes del 30 de enero—, se realizará hasta el 14 de febrero, dejando a estas instituciones sin los recursos necesarios para operar con normalidad.

Este retraso se suma a una serie de problemas estructurales que han venido afectando a los centros diurnos y hogares de ancianos en Costa Rica, incluyendo recortes presupuestarios, una reducción en los fondos provenientes de la Junta de Protección Social (JPS) y cambios en la política gubernamental que han restringido el acceso de muchas personas adultas mayores a estos programas esenciales.

En riesgo de paralización

Los centros diurnos, hogares de ancianos y redes de cuido son organizaciones de bienestar social, reconocidas como tales por el IMAS, que atienden a más de 17.000 personas adultas mayores en el país. Actualmente, enfrentan una crisis que pone en riesgo los derechos humanos de esta población en situación vulnerable. Sin el subsidio estatal, muchas de estas instituciones no podrán cubrir los costos de alimentación, medicamentos, personal de atención y servicios básicos como agua y electricidad.

Estas organizaciones operan con presupuestos ajustados y dependen del subsidio del Conapam para poder seguir funcionando. Un retraso de dos semanas significa que se tendrá que buscar recursos de emergencia o, en el peor de los casos, reducir los servicios que se ofrecen a las personas mayores. Incluso se podrían dar cierres técnicos.

El impacto de esta medida no solo se verá reflejado en la calidad de la atención brindada, sino también en la estabilidad laboral del personal de estas instituciones. Sin recursos para pagar salarios, existe el riesgo de que se produzcan despidos o atrasos en los pagos a cuidadores, enfermeros y otros profesionales que trabajan con esta población.

El retraso en los pagos agrava aún más la situación de los adultos mayores que dependen de estos servicios para su alimentación, cuidado y bienestar general. Muchas de estas personas no tienen una red de apoyo familiar y enfrentan condiciones de salud que requieren atención especializada.

Llamado urgente al Gobierno y a Conapam

El llamado urgente al Gobierno y al Conapam es para que se revise y se fortalezca la política de financiamiento de los programas de atención a personas mayores. El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos de las personas mayores. Costa Rica es parte de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos de las Personas adultas Mayores y desde 1999 promulgo la Ley 7935 de Protección de las Personas adultas Mayores. Sin embargo, el actual gobierno atenta constantemente contra ese marco jurídico. No se puede permitir que, por razones administrativas, miles de personas en situación de vulnerabilidad queden en riesgo.

Costa Rica enfrenta un acelerado proceso de envejecimiento de su población, lo que demanda políticas públicas sólidas y mecanismos de financiamiento eficientes para garantizar la protección y el bienestar de las personas mayores. El retraso en la entrega del subsidio de Conapam es un golpe más para el sector social que ya enfrenta múltiples desafíos y que, a pesar de su compromiso y esfuerzo, no puede operar sin los recursos necesarios.

Ante esta situación, es fundamental que las autoridades tomen medidas inmediatas para asegurar que las organizaciones de bienestar social puedan continuar su labor sin interrupciones. La protección de las personas adultas mayores no puede ser postergada ni supeditada a trámites burocráticos. Costa Rica debe reafirmar su compromiso con esta población y garantizar que el derecho a una vejez digna no dependa de la incertidumbre financiera.

Instó a la sociedad civil a apoyar con donaciones a los centros diurnos, redes de cuido y hogares de ancianos en sus comunidades.

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