En las recientes elecciones de los Estados Unidos de América, en medio de la dinámica de guerras culturales que polariza a ese país, el candidato del partido republicano basó parte de su campaña en la promesa de eliminar las iniciativas y legislación Woke, entre ellas, los aspectos relacionados con Diversity, equity e inclusion (DEI, por sus siglas en inglés); lo que en Costa Rica conocemos como diversidad e inclusión.

Occidente está pendiente de lo que ocurrirá el día del traspaso de poderes y en los días siguientes, para medir el pulso de cómo o si se implementará esta promesa y el efecto que tendrá en la contratación y el empleo de minorías en los Estados Unidos.

Por el momento, las señales son preocupantes. Amazon eliminó la sección de derechos de las personas LGBTIQ+ de su página web. Meta (antes Facebook), a través de su propietario, ahora afirma que es importante que su empresa vuelva a tener “energía masculina”, sugiriendo de paso que alguna vez la tuvo, pero ya no. Elon Musk simplifica su posición indicando que DEI debe morir. Instituciones de educación superior están cerrando sus departamentos DEI y eliminando sus políticas. La noticia es cuando empresas como Delta y Costco ratifican su compromiso con la diversidad.

Sin políticas y programas DEI, pronto se verán los efectos en la reducción de atracción de talento, sentido de pertenencia, innovación, en la capacidad de solución de problemas y toma de decisiones. Además, un recrudecimiento de los prejuicios, aumento en la impunidad de situaciones de acoso y, en general, una regresión social. Todo eso sin contar la discusión ética en torno a la discriminación y marginalización de personas por razones subjetivas.

Estamos ante una noticia en desarrollo, que necesariamente impactará las operaciones de estas empresas en nuestro país o producirá un efecto similar en las demás. ¿O no?

En estos mismos días, la Sala Constitucional confirmó que las capacitaciones sobre diversidad e inclusión en el sector público no son violatorias de los derechos o creencias de las personas que las reciben. Los recurrentes pedían que se amparara su derecho a no ser parte de estas actividades debido a que sus creencias religiosas se oponían a los temas que se analizan en estos procesos educativos. Estas decisiones judiciales son vinculantes para todas las personas.

Además, tenemos la fuerza de la ley. Nuestro Código de Trabajo prohíbe expresamente la discriminación por cualquier motivo. Aunque hasta ahora este tema se ha desarrollado más en temas de discriminación por salud, existe la posibilidad legal de reclamar conductas discriminatorias basadas en cualquier otro motivo, incluyendo temas de diversidad, equidad e inclusión, e incluso solicitar la reinstalación en su puesto. Recordemos que el código de trabajo es una ley de orden público, que rige por encima del acuerdo entre las partes.

Más importante aún: las minorías en todas las categorías, las personas sexualmente diversas —entre las que estamos las mujeres, porque nos consideran sexualmente diversas— las personas racializadas, las de culturas variadas, las que están en cualquier parte del amplio rango de orientaciones sexuales, las que conforman la cantidad innumerable de opiniones y creencias; hemos existido, existimos y seguiremos existiendo, con o sin políticas DEI.

Y eso, ni siquiera el presidente de una potencia mundial lo puede evitar.

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