Como ciudadana comprometida con el desarrollo sostenible y usuario afectado por los altos costos asociados a la generación distribuida, me siento en la obligación de alzar la voz.

Situación

Costa Rica, un país que orgullosamente se posiciona como líder en energías renovables, enfrenta serios desafíos que amenazan el crecimiento de esta industria y la confianza de quienes apostamos por ella. La Ley 10086, diseñada para regular la generación distribuida, prometía abrir las puertas hacia un futuro energético más limpio, inclusivo y accesible. Sin embargo, la realidad para los consumidores y productores no ha sido tan alentadora.

Hoy, quienes nos hemos embarcado en tecnologías sostenibles nos enfrentamos a incertidumbre jurídica, decisiones unilaterales y barreras que frenan el desarrollo del sector. La empresa que suple la energía aceptó un contrato de energía distribuida por el cual recibiría toda la energía generada por los paneles solares y descontaría entregado hasta un límite de un 50% de la factura. Luego unilateralmente modificó el contrato. Hoy recibe todo lo que los paneles producen a precio cero, no reconocen nada, cobran la factura en su totalidad con sobrecargos por estar usando en proporciones muy importantes la producción de energía con hidrocarburos.

Lo que se discutió en la Asamblea Legislativa

Recientemente, el foro “El Futuro de la Generación Distribuida en Costa Rica frente al Impuesto al Sol”, organizado en la Asamblea Legislativa por la diputada Kattia Cambronero Aguiluz, puso sobre la mesa los retos y oportunidades de este modelo energético. Durante el evento, se discutió que, a pesar del potencial de Costa Rica en energías limpias, la energía solar representa apenas el 1% de la matriz energética nacional.

La diputada Cambronero subrayó que priorizar el tema energético en la agenda legislativa es esencial para cumplir con los compromisos de descarbonización y desarrollo sostenible. Por su parte, Randall Zúñiga Madrigal, director de Energía del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), resaltó la urgencia de modernizar el marco regulatorio para adaptarse a las nuevas realidades energéticas del país.

¿Qué implica esta situación?

  • Falta de seguridad jurídica: Los derechos adquiridos por los usuarios de generación distribuida, según el marco regulatorio previo, no están siendo respetados. En muchos casos, los proyectos que nacieron bajo reglas claras han quedado en un limbo jurídico, sin saber si podrán seguir operando bajo las mismas condiciones.
  • Decisiones unilaterales: Las modificaciones a las reglas del juego se están realizando sin la debida consulta a los actores involucrados. Esto ha generado desconfianza y ha frenado nuevas inversiones en el sector.
  • Altos costos y tarifas: A pesar de la promesa de una energía más económica, los costos asociados a la generación distribuida siguen siendo prohibitivos para muchos consumidores. Las tarifas de interconexión y otros cargos han desincentivado a aquellos interesados en adoptar estas tecnologías.
  • Limitaciones en la infraestructura: La infraestructura actual no está completamente adaptada para integrar de manera eficiente y segura las energías renovables, lo que limita su expansión y aprovechamiento pleno.

La generación distribuida tiene el potencial de transformar el panorama energético de Costa Rica, haciéndolo más sostenible y accesible. Sin embargo, es esencial que se aborden las barreras actuales y se genere un entorno regulatorio más claro y favorable para los usuarios y productores. Solo así podremos aprovechar al máximo las oportunidades que este modelo ofrece y cumplir con nuestros objetivos de descarbonización y desarrollo sostenible.

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