El proyecto autoriza a distribuidoras locales a comprar electricidad de fuentes renovable a generadores privados y les garantiza interconexión al SEN.
La diputada independiente (electa por el Partido Liberal Progresista, PLP), Kattia Cambronero Aguiluz presentó a la corriente legislativa un proyecto de ley (expediente 25.216) que propone habilitar a las Cooperativas de Electrificación Rural y a las Empresas de Servicios Públicos Municipales para comprar energía directamente a generadores privados de fuentes renovables.
La exposición de motivos justifica esta reforma indicando:
Permitir que generadores privados vendan directamente energía a las distribuidoras no solo ampliaría la oferta disponible, sino que también fomentaría la competencia, incentivaría la inversión en tecnologías limpias y renovables, mejoraría la seguridad energética, fomentaría precios más competitivos para los consumidores y reduciría la dependencia de combustibles fósiles”.
La iniciativa dispone que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) será la encargada de definir las tarifas de compra de electricidad tanto al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), como a las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos Municipales.
El proyecto establece que los generadores privados "tendrán derecho a interconectarse al Sistema Eléctrico Nacional (SEN)", para lo cual deberán suscribir un contrato de conexión ya sea con el ICE, una cooperativa de electrificación rural o una empresa de servicios públicos municipales, según corresponda, y establece que para las empresas generadoras que cuenten con una concesión, el plazo del contrato de conexión deberá ser por el mismo periodo que la concesión, mientras que para los generadores de electricidad que utilicen fuentes de energía renovables que no requieren concesión, el plazo máximo del contrato de conexión será de 20 años, pudiendo prorrogarse.
Adicionalmente, la iniciativa establece que la interconexión no podrá ser rechazada, si el generador privado cumple con los requisitos técnicos y administrativos que establezca la Aresep, así como al pago de peaje correspondiente por el uso de las redes del sistema eléctrico nacional.
El proyecto incluye dos transitorios: el Poder Ejecutivo deberá reglamentarlo en un plazo máximo de seis meses y Aresep tendrá el mismo plazo para definir las tarifas previstas.
La propuesta fue presentada con la firma de la diputada independiente (ex PLP), Johana Obando Bonilla, y ahora deberá ser asignada a una comisión legislativa para iniciar su trámite ordinario.
