El diputado oficialista, Manuel Morales Díaz, presentó esta semana un proyecto de ley (expediente 25.259) que reforma el artículo 5 de la Ley de Remuneración de los Diputados de la Asamblea Legislativa (Ley 7352), con el fin de permitir que la cuota mensual equivalente al valor de 500 litros de combustible que reciben las diputaciones pueda usarse, total o parcialmente, para pagar la electricidad utilizada en la recarga de vehículos eléctricos.

Si somos sinceros, en Costa Rica pocas personas consumen 500 litros de combustible por mes para sus actividades personales (aprox 300.000 colones mensuales). Tal cantidad puede reflejar tal vez una actividad comercial de mediano tamaño.

Por otro lado, la combustión de 500 litros al mes, acumulados por 4 años suman 24’000 litros de combustible y conllevan 55.44 toneladas métricas (TM) de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) directas, sin considerar las emisiones relacionada con su distribución y almacenamiento del sacrosanct importador estatal único (Recope) , que no son negligibles al tratarse de un producto importado. De tal manera cada Diputado tiene un “derecho adquirido” de emisiones de por lo menos 14 TM GHG al año, 7 veces más alto al promedio de cada costarricense que está por debajo de 2 TM GHG al año, superado sólo por Panamá en centroamérica al generar este la mayoría de su electricidad con combustibles fósiles.

De la misma manera 500 litros de combustible contiene en promedio aproximadamente 5’000 kWh de energía lo que a la tarifa promedio para comercios promedio de 125 colones (sin cargos por picos de potencia) sería aproximadamente el doble que la gasolina  en términos monetarios (unos 625.000 colones). Efectivamente vivimos en un país de electricidad muy cara, como nos lo recuerdan todos los días quienes evalúan la competitividad de nuestra economía y se preocupan por la caída de ingresos de sectores claves como las Zonas Francas y el turismo. ¿Por qué?

Para convertir esta cantidad de energía a electricidad debemos recordar que no toda la generación eléctrica de Costa Rica está libre de emisiones dado el uso limitado pero regular de unidades térmicas de generación (Moín y Garabito), entonces la pregunta se convierte en se debería duplicar el beneficio para cada congresista a cambio de una reducción de emisiones de gases efecto invernadero.

Desde hace una década el Fondo Monetario Internacional (FMI) nos viene diciendo que el precio de la gasolina está muy por debajo del precio eficiente, y que eso nos cuesta la oronda suma del 3% del PIB, también una suma importante en términos de las prioridades y necesidades del país. Teniendo la gasolina hoy un impuesto único del 43%, duplicar el precio de la gasolina para hacerlo comparable con el precio de la energía en términos de unidades de energía llevaría el impuesto a 900 colones por litro, políticamente una bomba de tiempo. Supongo que por lo mismo nuestro flexible exministro de Hacienda y probable futuro diputado le dio largas al asunto.

Las razones de este tremendo impacto del “subsidio” a los combustibles fósiles en contra de la electricidad limpia generada por el sacrosanto comprador único de energía limpia (ICE) se deriva de la irrazonable relación que hay en nuestro consumo de energía.

Según las últimas cifras de las cuentas ambientales del Banco Central, en el 2021 el país consumió 120.914 TJ de combustibles y solo 41.768 TJ de electricidad. En otras palabras, nuestra economía está muy lejos de una transición tecnológica hacia la electrificación de los procesos productivos (transporte eléctrico, inteligencia artificial, etc.), cuya eficiencia energética es mucho mayor que la de simplemente quemar petróleo.

Entonces, la propuesta del diputado Morales no solo debería llevar a una discusión sobre si se trata de una reforma verde a este privilegio que mantienen en la Asamblea Legislativa, sino que debería llevar a la reflexión de por qué la gasolina es barata y la electricidad cara en nuestro país.

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