El aparato estatal es demasiado grande, redundante y genera más costos que beneficios en muchísimas áreas. A pesar de que el tema siempre vuelve al debate político, seguimos atrapados en un ciclo de “intenciones” que nunca llegan a transformarse en acción.

Según datos de la Contraloría General de la República, el gasto público anual de Costa Rica supera los 11 billones de colones, y más del 40% se destina a cubrir salarios de un aparato estatal que no siempre entrega resultados proporcionales a su costo. En países como Argentina, se abordó un problema similar utilizando la motosierra, un enfoque agresivo que cortó sin medir las consecuencias. Pero la realidad de nuestro país es distinta: no necesitamos una motosierra, necesitamos un bisturí.

El problema no es solo el tamaño del Estado, sino cómo está estructurado. Tenemos más de 330 instituciones públicas, muchas de las cuales presentan funciones duplicadas o han perdido relevancia en la actualidad.

Por ejemplo, el Consejo Nacional de Producción (CNP) solo logró ejecutar el 60% de su presupuesto en 2022, según informes del Ministerio de Hacienda, mientras que la Fábrica Nacional de Licores (FANAL) genera ingresos mínimos que no justifican su existencia dentro del aparato estatal. Con esta magnitud de estructura, se vuelve atractiva la idea de encender la motosierra para cortar sin medida, pero aquí es donde esta idea se vuelve peligrosa.

La motosierra no distingue entre lo útil y lo innecesario, simplemente destruye y puede llegar a causar más daño, dejando comunidades desatendidas, caos administrativo o pérdida de servicios esenciales.

La reforma debe ser precisa, quirúrgica, basada en datos y diseñada con un objetivo claro: mantener lo esencial, optimizar lo funcional y eliminar lo superfluo. El bisturí es la respuesta.

La Fábrica Nacional de Licores, más allá de su historia, no tiene un papel estratégico en la Costa Rica actual; el Consejo Nacional de Producción parece haber quedado atrapado en un modelo económico del pasado; y las superintendencias financieras no llegan siquiera a cumplir su función de velar por la estabilidad financiera y preservar la confianza de la sociedad.

Imaginemos lo que podríamos lograr con un enfoque preciso. La fusión de superintendencias no solo simplificaría la regulación, sino que podría ahorrar hasta 5mil millones de colones anuales en costos administrativos.

La venta de activos no estratégicos como RACSA, el BCR o BICSA podría generar ingresos significativos, estimados en más de 50mil millones de colones, recursos que podrían redirigirse hacia áreas prioritarias como salud y educación, impactando directamente la calidad de vida de los costarricenses.

Reformar el Estado no es una decisión fácil o popular. Implicará enfrentar resistencias, especialmente de aquellos que se benefician del status quo, y demandará un compromiso político que trascienda intereses partidistas. Pero no hay otra opción. Si queremos un país más eficiente y sostenible, necesitamos abordar estas reformas con seriedad y cuidado. Un bisturí bien manejado puede salvar vidas; una motosierra, en cambio, solo deja escombros.

Es momento de que en Costa Rica se tomen estas decisiones con responsabilidad y seriedad. La reforma que necesitamos no puede esperar.

Este artículo representa el criterio de quien lo firma. Los artículos de opinión publicados no reflejan necesariamente la posición editorial de este medio. Delfino.CR es un medio independiente, abierto a la opinión de sus lectores. Si desea publicar en Teclado Abierto, consulte nuestra guía para averiguar cómo hacerlo.