El impacto de las redes sociales en los procesos democráticos no es un fenómeno reciente ni poco estudiado. Aunque las repercusiones continúan sorprendiendo por su alcance, ya no resultan inimaginables; al contrario, se han vuelto predecibles, lo que obliga a los Estados a desarrollar estrategias para proteger los valores democráticos.
Casos emblemáticos como el de Cambridge Analytica, que influyó en las elecciones de Estados Unidos; la difusión de desinformación a través de WhatsApp durante las elecciones brasileñas; el uso de granjas de trolls y bots en México en 2018 y por Vox en España en 2019; y las narrativas de fraude sobre las máquinas de votación en Paraguay en 2022, reflejan una creciente preocupación por la manipulación de votantes y las campañas plagadas de noticias falsas y desinformación.
En diciembre de este año, la Corte Constitucional de Rumanía anuló las elecciones presidenciales y ordenó su repetición debido a irregularidades e influencias extranjeras durante la campaña del candidato Georgescu. Entre las razones destacadas se identificaron propaganda y desinformación difundidas a través de TikTok, violando la ley electoral del país.
La Corte señaló, además, que el contenido electoral no fue etiquetado como tal, conforme a la normativa rumana, y que el algoritmo de TikTok priorizó propaganda específica, afectando la igualdad de oportunidades entre los candidatos. La transparencia del proceso electoral también se vio comprometida por donaciones superiores a un millón de euros y pagos de más de 381 mil dólares a cuentas vinculadas con la campaña, sin que estas transacciones fueran declaradas legalmente.
Costa Rica enfrenta desafíos similares en el uso de redes sociales durante procesos políticos. Entre las problemáticas más recurrentes están la propagación de noticias falsas, la intervención de bots y cuentas extranjeras, así como el uso de influencers para diseminar desinformación. Sin embargo, a diferencia de otras regiones, el país aún no ha desarrollado estrategias formales para mitigar los riesgos del uso inadecuado de estas plataformas en contextos electorales.
A nivel global, proteger las democracias de estas prácticas nocivas sigue siendo un desafío sin resolver. La Unión Europea ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de sus marcos jurídicos con la Ley de Servicios Digitales, una normativa diseñada para combatir la proliferación de contenido ilegal en redes sociales. Aunque no está enfocada exclusivamente en escenarios como el de Rumanía, la Ley incluye elementos clave para abordar problemas como la pornografía infantil, la violencia, la venta de sustancias prohibidas, las estafas informáticas y la información manipulativa dirigida a influir en elecciones y procesos democráticos. Esta legislación obliga a plataformas como Meta, TikTok, X y Google a implementar mecanismos para reportar, evaluar y eliminar contenido dañino, estableciendo sanciones claras en caso de incumplimiento.
No obstante, estas disposiciones no son suficientes. Casos como el de Rumanía muestran que la moderación de contenido, gestionada por departamentos internos de las plataformas digitales como los llamados "Trust and Safety" (Confianza y Seguridad), sigue enfrentando limitaciones importantes. Aunque estos equipos buscan equilibrar la libertad de expresión con la eliminación de contenido dañino e ilegal, es evidente que se requiere una colaboración más efectiva entre Estados, plataformas privadas y terceros independientes. La Unión Europea, por ejemplo, ha implementado mecanismos como auditorías externas y sistemas de resolución de disputas para fortalecer el cumplimiento de sus normativas.
En Costa Rica, el enfoque se ha limitado a regular a los actores locales sin establecer una cooperación formal con los proveedores de plataformas. Muchas de estas empresas han mostrado disposición para colaborar en la protección de valores democráticos, pero necesitan apoyo de actores locales que comprendan el contexto costarricense. La tarea de identificar y mitigar contenido ilegal y dañino es demasiado compleja para ser abordada únicamente desde una perspectiva global o nacional aislada.
En el ámbito internacional, algunas plataformas han realizado inversiones significativas para mejorar la seguridad digital. Meta, desde 2016, ha destinado más de 20 mil millones de dólares a la moderación de contenido y ha incrementado sus equipos de seguridad a más de 40,000 personas, incluyendo 15,000 especialistas en más de 80 idiomas. TikTok, en su informe de transparencia de 2024, confirmó haber invertido 2 mil millones de dólares en confianza y seguridad, y anunció planes de destinar más de 2 mil millones adicionales en 2025 para fortalecer su plataforma.
Aunque estas acciones reflejan un compromiso por parte de las plataformas, no son suficientes por sí solas. Varias de estas empresas enfrentan investigaciones por sus prácticas, incluyendo TikTok con las recientes elecciones en Rumanía, lo que subraya la necesidad de esfuerzos coordinados.
Costa Rica no es una excepción en el panorama global de desafíos en el espacio digital. El país enfrenta vulnerabilidades similares en cuanto a la influencia de las redes sociales y la desinformación, lo que hace necesario y urgente adoptar políticas públicas y estrategias de cooperación que salvaguarden la integridad de las elecciones y fortalezcan la democracia. Para ello, es esencial involucrar a actores clave, como los proveedores de plataformas sociales, en el diseño e implementación de estas estrategias. Sin embargo, hasta ahora, Costa Rica no ha promovido una participación activa de estos actores en estos procesos.
Las nuevas metodologías para enfrentar estos desafíos requieren un enfoque multisectorial, donde la colaboración entre gobiernos, plataformas digitales y expertos especializados sea central. Esta sinergia es fundamental para mitigar los efectos perjudiciales de la desinformación y construir un entorno digital más seguro, resiliente y preparado para enfrentar los riesgos del mundo contemporáneo.
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