“El único lugar seguro es el cielo”

Ramez Al-Quassas

Vecino de Khan Yunis, Gaza, 31 octubre 2024

No todo se vale en la guerra como erróneamente se dice. Ya desde 1899, la Cláusula Martens prevista en los preámbulos de la Segunda Convención de La Haya sobre Leyes y Costumbres de la Guerra Terrestre dispone que en la guerra, la persona queda bajo la protección de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública. Posteriormente, como resultado de las atrocidades cometidas en la II Guerra mundial, los Convenios de Ginebra de 1949 -del cual forman parte todos los países del mundo- establecen normas de protección de la población civil, de personas vulnerables tales como la niñez, las mujeres y las personas adultas mayores.

Además, dichos convenios obligan a las partes en conflicto a distinguir entre combatientes y civiles, y abstenerse de atacar a la población civil, a asistir a las personas heridas y enfermas y proteger al personal sanitario; respetar bienes religiosos y culturales, así como garantizar que se preserve la dignidad de las personas prisioneras de guerra e internadas civiles.

Es importante resaltar que todos los Estados del mundo han ratificado estos convenios, lo que convierte las normas contenidas en ellos en Derecho consuetudinario, es decir, en el conjunto de costumbres, prácticas y creencias aceptadas como normas obligatorias de la conducta de la humanidad. Estas y otras normas forman lo que se conoce como Derecho internacional humanitario (DIH). Este Derecho se basa, entre otros, en los principios de distinción y proporcionalidad, del deber de tomar precauciones en los ataques, y de discriminación entre objetivos militares (ya sean personas u bienes), por un lado, y bienes de carácter civil, por el otro, como parte del principio fundamental de distinción.

Este es el marco en el que se encuadra la situación que se vive en el Territorio Palestino Ocupado. Recordemos que Israel lanzó su ofensiva militar contra Hamás el 7 de octubre 2023 después de que el grupo militante, que gobierna Gaza, atacara el sur de Israel. Según las autoridades israelíes, al menos 1.200 personas murieron y más de 250 fueron secuestradas,  101 de las cuales siguen en Gaza. Desde entonces, los ataques israelíes en Gaza han matado al menos a 43.000  personas palestinas y herido a otras 97.590, según datos del Ministerio de Salud de ese país al 15 octubre 2024. Muchos de los ataques de Israel han afectado a la infraestructura civil. Israel ha dicho durante años que los combatientes de Hamás utilizan mezquitas, hospitales y otros edificios civiles para esconderse de los ataques israelíes y lanzar los suyos propios. Hamás ha negado repetidamente las afirmaciones.

Es importante subrayar que Israel tiene obligaciones, en calidad de entidad ocupante, previstas en el IV Convenio de Ginebra, normas consuetudinarias que son universalmente vinculantes. Entre ellas encontramos la obligación ineludible de proteger a la población palestina. Tal obligación entraña el deber de prestar asistencia humanitaria: el artículo 55 del IV Convenio de Ginebra dispone que, en la medida de sus recursos, la Potencia ocupante tiene el deber de abastecer a la población en víveres y productos médicos; que deberá́ importar víveres, medicamentos y cualquier otro artículo necesario cuando sean insuficientes los recursos del territorio ocupado.

La cruda realidad: una nueva evaluación de la seguridad alimentaria en Gaza considera que el riesgo de hambruna persiste en medio de los combates en curso y de las operaciones de ayuda restringidas. Según el resumen de la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (CIF), publicado por el Programa Mundial de Alimentos el 31 octubre 2024, se proyecta que en los próximos meses 1,95 millones de personas en Gaza (91 por ciento de la población) enfrentarán inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 de CIF) y que 345.000 personas enfrentarían niveles catastróficos de hambre (Fase 5).

En relación con el área de salud, el artículo 56 del IV Convenio de Ginebra establece que la Potencia ocupante tiene el deber de asegurar y mantener, con la colaboración de las autoridades nacionales y locales, los establecimientos y los servicios médicos y hospitalarios, así́ como la sanidad y la higiene públicas en el territorio ocupado, y que en particular, debe tomar y aplicar las medidas preventivas necesarias para combatir la propagación de enfermedades contagiosas y de epidemias. En la realidad, la campaña de destrucción israelí ha paralizado el sistema médico en Gaza. Al menos 19 de los 36 hospitales no funcionan, según informó el 2 de octubre la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas y más de 986 trabajadores médicos han muerto en los bombardeos indiscriminados.

Según la Organización Mundial de la Salud y el Grupo de Educación liderado por UNICEF, el 89% de los hospitales han sido dañados, 85% de los edificios escolares destruidos o dañados y 67% de las mezquitas destruidas o dañadas. De acuerdo a Le Monde, para marzo 2024, las 12 Universidades de Gaza habían sido blanco de ataques israelíes, con casi un centenar de decanos y profesores asesinados en los bombardeos.

A través de este breve análisis de las normas y principios a respetar y de las graves violaciones de estas normas, me uno a las miles y millones de personas que claman por el respeto de los principios esenciales de humanidad, de la dignidad humana y del derecho de toda persona a ser merecedora de protección, de ayuda humanitaria y del derecho de reconstruir su vida en condiciones de seguridad.  Es necesario firmar, lo antes posible, un alto al fuego que lleve a una paz real, la entrega de los rehenes, el reconocimiento e implementación del derecho de los Territorios Palestinos Ocupados a su autodeterminación, en resumen, debemos urgentemente recobrar nuestra humanidad.

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