El Colegio de Terapeutas señaló que las jornadas de 12 horas pueden tener consecuencias físicas, mentales y funcionales en las personas.

El Colegio de Terapeutas de Costa Rica emitió un comunicado de prensa manifestando su preocupación por los posibles efectos negativos que puede tener la implementación del modelo de jornadas laborales de 12 horas en la salud integral de la población trabajadora.

Desde la perspectiva de las profesiones que agrupa el ente gremial, este tipo de jornadas prolongadas puede generar consecuencias físicas, mentales y funcionales relevantes, entre ellas:

  • Mayor riesgo de trastornos musculoesqueléticos por posturas mantenidas o repetitivas, sin pausas activas.
  • Aumento de síntomas de estrés, ansiedad, fatiga y otros indicadores de desgaste emocional.
  • Disminución del tiempo disponible para el descanso.
  • Pueden afectar la parte física, mental, funcional que afectan los estilos de vida saludables o sus prácticas de autocuidado, lo que puede traducirse en menor productividad y mayor riesgo de accidentes.

Dato D+: El Colegio de Terapeutas agrupa a profesionales graduados en las áreas de: Audiología, Imagenología Diagnóstica y Terapéutica, Terapia Física, Terapia del Lenguaje, Terapia Ocupacional y Terapia Respiratoria.

El presidente del Colegio de Terapeutas de Costa Rica, Gabriel Peña Zúñiga, explicó:

Como profesionales en terapia comprendemos mejor que nadie el impacto que tienen las largas jornadas sobre el cuerpo y la mente. No se pueden hacer cambios si antes no se garantizan condiciones laborales sostenibles para la población trabajadora”.

Peña agregó:

Es fundamental que toda reforma laboral esté alineada con la protección de la salud integral. Desde el Colegio de Terapeutas reafirmamos nuestro compromiso con entornos laborales que promuevan el bienestar físico, emocional y funcional de las personas”.

El ente gremial hizo un llamado a las autoridades a que valoren con responsabilidad las implicaciones que este modelo de jornada puede tener sobre la salud pública, y a priorizar políticas que respeten los derechos laborales y el bienestar general de la población.